El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de martillar el último clavo que faltaba en el ya carcomido ataúd del Estado Libre Asociado.

La decisión de ayer en el caso de Sánchez Valle sostiene que la fuente del poder último sobre Puerto Rico reside en el Congreso de los Estados Unidos, y que Puerto Rico no tiene soberanía separada para propósitos de la cláusula de doble exposición de la Constitución de los Estados Unidos, soberanía que sí tienen los estados y las tribus indias.

Nos hubiera ido mejor como taínos.

El independentismo siempre denunció la condición colonial de Puerto Rico antes y después de 1952 y nunca sucumbió al engaño promovido por los Estados Unidos (mientras le convino) y sus patéticos aliados coloniales en Puerto Rico.

Ahora, le tocó al Tribunal Supremo de ese país aceptarlo; la verdad del colonialismo ahora está expuesta por el país que lo engendró.

Pero no se trata tan sólo de esta dramática decisión judicial, que coincide plenamente con el reconocimiento ya hecho por el ejecutivo estadounidense del poder plenario del Congreso sobre Puerto Rico.

La decisión, no por casualidad, se publicó el mismo día señalado para que la Cámara de Representantes Federal considerara el proyecto de ley creando una Junta de Control Fiscal Federal que reduce el ya menguado ámbito del gobierno local y dejaría al país con aún menos facultad de gobierno propio que Guam o las Islas Vírgenes.

Independientemente de que el proyecto finalmente se apruebe por Cámara y Senado federal, es evidente que nadie tiene duda alguna de que el Congreso está actuando al amparo de sus poderes sobre el territorio.

¿Qué muestra más clara de la inferioridad política consubstancial al ELA?

Hoy en el escenario colonial están en primer plano, la debacle económica, la insolvencia del gobierno y la aceptación de los Estados Unidos, ahora también por voz de su Tribunal Supremo, de la verdadera naturaleza de su relación con Puerto Rico.

No puede haber titubeos con respecto al curso de acción a seguir.

La prioridad incuestionable – como ha venido insistiendo el PIP por tanto tiempo- es exigir de los Estados Unidos un compromiso con un proceso descolonizador y poner nosotros en marcha un proceso político que conduzca a ese objetivo.

Está ante la consideración del Senado una Resolución Concurrente de mi autoría que hace esa exigencia.

También está ante la consideración de la Asamblea Legislativa, desde septiembre de 2013, mi proyecto de ley para convocar a una Asamblea de Estatus que abra el camino para una votación entre opciones descolonizadoras.

Los que se niegan a la descolonización tienen sólo dos alternativas: una Junta Fiscal Federal con poderes absolutos o litigios de cobro complejos y extensos ante unos jueces federales igualmente omnímodos.

Cualquiera nos lleva a un precipicio aún más profundo.

Ahora más que nunca es supremamente importante el reclamo de descolonización e independencia.

Mientras más se devalúan los votos por la colonia y la anexión, y por quienes las representan, más necesario es exigir la independencia votando por quienes la defienden.

Este es nuestro momento.