María de Lourdes Santiago destaca como una de sus grandes propuestas la Ley de Costas para Puerto Rico
domingo, 30 de octubre de 2016
Por Gerardo E. Alvarado León
María de Lourdes Santiago está convencida de que se necesita un nuevo ordenamiento de costas, por lo que, de convertirse en gobernadora, procurará que el País cuente por primera vez con una ley específica para asuntos del litoral.
La candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) destacó que la Ley de Costas para Puerto Rico es un proyecto que la colectividad lleva impulsando hace una década. Se presentó en octubre de 2006 y luego en julio de 2013, sin que en ninguna de las dos ocasiones consiguiera el aval legislativo.
“La propuesta ha sido ignorada en dos cuatrienios distintos, pero necesitamos ese nuevo ordenamiento para rectificar errores, como construir en la zona marítimo-terrestre”, dijo.
Santiago indicó que su propuesta Ley de Costas toma en cuenta el cambio climático y sus efectos, así como los conflictos de usos que abundan en el litoral. La Ley Española de Puertos de 1886, la Ley de Puertos de Puerto Rico de 1968 y diversos reglamentos de más de 20 años de antigüedad no contemplan estos asuntos, y aun así son los que hoy por hoy rigen lo relativo a las costas.
De aprobarse el estatuto, se actualizarán las servidumbres de acceso público y gratuito al mar, las servidumbres de protección, y sus disposiciones se insertarán en el Plan de Uso de Terrenos y el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico.
Santiago indicó que el caso de las parcelas Suárez en Loíza, que tiene pendiente una declaración de emergencia por su grave problema de erosión costera, es vivo ejemplo de la necesidad de la Ley de Costas.
“Es una gran responsabilidad”, aseveró la candidata, tras señalar que su plataforma contempla, a grandes rasgos, una nueva política pública ambiental, en la que las comunidades son protagonistas.
“Amplia participación”
Dentro de esa nueva política, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) pasará a ser el Departamento de Protección Ambiental de Puerto Rico (DPA-PR). Este tendrá las funciones reguladoras de la JCA y las de la Secretaría Auxiliar de Salud Pública, que son prevención y control de problemas ambientales.
Santiago explicó que el DPA-PR establecerá procesos educativos e informativos vinculados a la adopción de nueva legislación de acceso a información pública. La idea de esta ley, abundó, es que las comunidades puedan detectar violaciones en los proyectos que les afecten.
“Las comunidades no tienen los recursos que tienen los medios de comunicación para acceder a documentos. En Puerto Rico tiene que haber transparencia y se debe presumir que todo documento generado por el Gobierno tiene que estar disponible para el pueblo. Si quiero saber, por ejemplo, qué va a pasar con una cementera de un barrio de Aguadilla, debo tener derecho a saberlo sin ser de ese municipio”, planteó.
Otra propuesta contenida en la plataforma de Santiago es la creación de la Oficina de Consultas Comunitarias de Ante Proyectos, que recibirá las solicitudes de proyectos y consultas ambientales. Si alguna de estas propuestas tiene impactos adversos significativos, será una obligación realizar una consulta en las comunidades afectadas para atender inquietudes y recoger recomendaciones.
“En Puerto Rico, los procesos de notificación a las comunidades son bastante limitados y creemos que debe haber una amplia participación a través de vistas públicas, no solo en el lugar de actividad principal, sino donde los productos y desechos de productos estén destinados”, dijo.
“No hemos avanzado”
Para atender el manejo de la basura, Santiago propone, en primer lugar, sustituir la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) por el Departamento de Recursos Post Consumo, que, entre otras cosas, establecerá un programa de reducción de vertederos en incumplimiento ambiental.
“En Puerto Rico no hemos avanzado nada en reciclaje. Se generan 365 millones de toneladas de desperdicios y esos son $600 millones en bienes post-
consumo que se pierden. Los esfuerzos del Gobierno han sido mínimos para sacarles partida a esos bienes”, aseveró la candidata del PIP.
Añadió que creará la Oficina de Fomento de Empresas e Industrias de Reciclaje, que identificará necesidades para aprovechar los bienes post-consumo y estimulará el empresarismo local a invertir en este sector.
Dijo que la incineración está “totalmente descartada” como opción de manejo de desperdicios.
Igualmente está descartada la quema de carbón para producir energía y el depósito de las cenizas resultantes en suelo boricua. Santiago indicó que “hay motivos para rescindir el contrato” entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la cogeneratriz AES, en Guayama, que usa carbón como materia prima.
“Sin que se enmendara el contrato, que disponía que AES tenía que depositar sus cenizas fuera de Puerto Rico, empezaron a depositarlas aquí y seguían cobrando la partida de depositar afuera. Las condiciones originales del contrato han desaparecido; es un contrato rescindible”, recalcó.
Santiago expuso que “AES vende energía a un precio ambiental muy alto”, y destacó que el PIP ha conseguido la aprobación de 44 ordenanzas municipales prohibiendo el depósito de cenizas de carbón.
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1. ¿De qué forma su plataforma ambiental toma en cuenta el cambio climático?Los efectos del cambio climático con más que evidentes. En Rincón y Loíza, por ejemplo, hay un grave problema de erosión. Pero otra de las grandes tragedias del cambio climático es que aquí hay mucha gente que sabe del tema, con recomendaciones muy puntuales, y el Gobierno las ha ignorado de manera sistemática, pero mi plataforma las reconoce.
- 2. Ante la posibilidad de episodios de sequía más frecuentes y extremos, ¿qué propone para proteger los abastos y reducir la pérdida de agua?
- Creemos en la democratización de los recursos, entre estos, el agua… que se cree una cultura de recolección de agua en los techos y de producción de energía en las residencias. Hay un problema operacional en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y es inaceptable que se sigue perdiendo agua de esa manera (a razón del 60%).
- 3. Las sequías suponen un reto para la agricultura. ¿Qué propone para asegurar la sustentabilidad alimentaria del País?
- Creemos que Puerto Rico debe aspirar a la preservación de 600,000 cuerdas de terreno cultivable. Es una meta modesta, cuando consideramos que esto está por debajo de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés).
- 4. ¿Qué propone para prevenir y mitigar la erosión costera a causa del aumento en el nivel del mar?
- Eso es muy difícil, pero se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) esté por terminar un estudio sobre las marejadas en la Isla para darle cientificidad a lo que se pueda aprobar.
- 5. Ante el riesgo de inundación que también supone el aumento en nivel del mar, ¿considera reubicar infraestructura crítica ubicada en las costas?
- Hay que evaluarlo, pero habrá un daño irremediable sobre cierta infraestructura.
- 6. ¿Qué propone para atender el manejo y disposición de desperdicios sólidos y aumentar la tasa de reciclaje?
- Hay que desarrollar los mercados finales. En Puerto Rico llevamos una agonía con los neumáticos usados y el aceite, que se manejan pobremente. Es importante encontrar esos mercados de reciclaje. La incineración está totalmente descartada, al igual que la quema de carbón y la energía nuclear.
“Emblemático”
Respecto al tema energético como tal, el “proyecto emblemático” de Santiago es la transformación del antiguo complejo petroquímico, entre Peñuelas y Guayanilla, en un “gran parque” de generación fotovoltaica. El espacio, explicó, se operaría con la academia y el sector privado para la investigación, construcción y/o ensamblaje para la producción energética.
“El gas (natural) era una buena idea hace 20 años, pero ya no. Sería más costo-eficiente la construcción de nuevas plantas fuera de la costa, pero en la medida que sigamos dependiendo depetróleo, no podremos. Y si las plantas actuales son remodeladas, van a generar menos”, dijo Santiago, quien no favorece el proyecto Aguirre Offshore Gasport.
Dentro del área agrícola, la candidata del PIP propone reorganizar el Departamento de Agricultura para descentralizar sus operaciones y elaborar un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria. Además, procurará lograr la conservación de 600,000 cuerdas de terreno cultivable.
Prometió que eliminará la “burocratización y politización” de los incentivos agrícolas mediante su concesión exclusivamente a base de producción, y que controlará la entrada y uso de plaguicidas químicos, así como de alimentos contaminados con estos. “Hay que acabar con el uso del (yerbicida) glifosato”, aseveró.
Otras propuestas de Santiago incluyen la naturalización de techos, la utilización de espacios baldíos para la creación de huertos comunitarios, y la reforestación de áreas urbanas.
En cuanto a la Junta de Supervisión Fiscal, creada en virtud de la la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, en inglés), Santiago enfatizó que su actitud será de cero colaboración. “La confrontación con la Junta tiene que ser abierta”, dijo.
La plataforma de Santiago está en mariadelourdesgobernadora.com.
Publico en El Nuevo Día