Programa de Gobierno 2016

Ambiente, Planificación, Infraestructura, Recursos Naturales y Soberanía Alimentaria

• INTRODUCCIÓN

“Los cambios en el clima ya han generado impactos en la sociedad, la economía y los ecosistemas naturales de Puerto Rico y se espera que estos efectos incrementen.  No todos los cambios se manifestarán de manera gradual.  En algunos casos donde se excedan puntos críticos, los impactos incrementarán dramáticamente.  El conocimiento del clima del pasado no es una guía confiable para el futuro.  Esto afecta la planificación del desarrollo de la infraestructura pública y privada, de los sectores de turismo, industria, recursos de agua, energía y de otros sistemas socioeconómicos”

(Estado del Clima de Puerto Rico: Evaluación de vulnerabilidades socio-ecológicas en un clima cambiante, 2010-2013, Resumen Ejecutivo, Consejo de Cambio Climático  de Puerto Rico, pág. 1)

De forma consistente los gobiernos PNP-PPD y sus aliados han intentado sabotear los avances en la protección y conservación de los recursos naturales.  Persiste la indiferencia ante la obligación de preservar nuestra fisiografía cársica; se permite la destrucción de nuestros acuíferos;  continúa la promoción de incineradores como forma de manejo de los desperdicios; se insiste, bajo distintas modalidades, en las propuestas para construir gasoductos (originalmente entre Peñuelas y Salinas, luego entre Peñuelas y San Juan), y se forman alianzas implícitas para permitir el depósito de cientos de miles de toneladas de cenizas tóxicas de carbón en nuestros terrenos y vertederos. 

Esta actitud de adversariedad ante los recursos naturales  y ante quienes los protegen, desconoce que no se puede alcanzar un desarrollo económico sin aire, agua y suelos limpios, ni con generación eléctrica no sostenible.  La productividad, la salud y la soberanía alimentaria, permanecerán como aspiraciones inalcanzables hasta tanto se materialicen políticas que pongan un alto a la contaminación y desamparo de nuestros suelos y a la imposición de usos incompatibles.   

Nuestras costas siguen erosionándose, poniendo en peligro nuestras comunidades, seguimos generando grandes cantidades de basura, se ha estancado la práctica del reciclaje, nuestra producción de energía sigue basándose en el uso de los combustibles fósiles, e irresponsablemente se ignoran las perspectivas sobre el cambio climático, que sobre todo en el fenómeno del calentamiento global, afecta especialmente a las islas del trópico. La comunidad científica internacional –El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático- ha concluido que la temperatura promedio de nuestro planeta va en ascenso, y que esta tendencia se ha acelerado a partir de la década de 1960.  Se prevén cambios como el aumento en el nivel del mar, el aumento en la intensidad y tal vez la frecuencia de los huracanes, períodos de sequía seguidos de inundaciones, aumento en la temperatura y mortandad de corales. En el caso del recurso agua en Puerto Rico, se espera una reducción en la disponibilidad del agua dulce, impacto en la biodiversidad riberina y estuarina, mayor presión de uso del recurso en ríos y quebradas, aumento en la demanda de uso de aguas subterráneas, aumento en la evapotranspiración, reducción en la humedad del suelo, mayores probabilidad de eventos de inundaciones costeras y urbanas, potencial sedimentación de embalses, ríos y quebradas e intrusión salina en acuíferos aluviales.

En Puerto Rico ya estamos siendo impactados por la subida en el nivel del mar, el aumento en la temperatura anual promedio, la disminución en la precipitación pluvial y las rápidas variaciones entre sequía e inundación. Los fenómenos naturales que regulan el clima en Puerto Rico –El Niño, la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés), entre otros, explican parcialmente estos impactos, pero igual peso tienen los factores ocasionados por el modelo económico imperante en el país. Factores como el desparrame urbano, las construcciones en áreas costeras y en lugares de alto riesgo, y la dependencia en los combustibles fósiles para la generación de energía aceleran e incrementan nuestra vulnerabilidad ante el calentamiento global.

La mayoría de nuestra población y buena parte de nuestra infraestructura más importante están ubicadas en la zona costera (definida por la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Agencia Federal para los asuntos Oceanográficos y Atmosféricos –NOAA- como 1km tierra adentro desde donde rompe la ola en la orilla del mar). En la medida en que aumenta el nivel del mar, la arena en la playa alta se va erosionando y se deposita en el fondo marino: se estima que por cada centímetro de aumento en el nivel del mar, perdemos un metro de costa. Este fenómeno es evidente en muchos lugares en Puerto Rico, donde ya podemos observar los efectos en el cambio del nivel de mar, como es el caso de la comunidad Parcelas Suárez en Loíza y sectores en Rincón.  Decenas de comunidades urbanas y rurales, al igual que edificios comerciales, industriales, escuelas y espacios públicos serán afectadas por los cambios en el nivel de mar y otros eventos asociados al calentamiento global. Actividades económicas como el turismo, la agricultura, transportación y el mercado de bienes raíces también se verán perjudicadas por este fenómeno global.

Las costas de la isla no serán los únicos lugares afectados. También se prevén impactos a la vida y propiedad relacionados al fenómeno del calentamiento global hacia el interior de la isla. Esto se debe a que tenemos una geomorfología pluvial, es decir, que nuestro ambiente natural ha sido moldeado durante millones de años por la precipitación. Nuestra topografía de pendientes pronunciadas es propensa a deslizamientos, mientras que los llanos cerca de ríos y riachuelos, por su naturaleza intrínseca como planicies de inundación, están sujetas a ser cubiertas por el agua.  Estas dos características de nuestros suelos no han sido tomadas en cuentas en el proceso urbanizador del país.

No se protegen las cuencas hidrográficas y las áreas de captación de los acuíferos. Se fomenta la urbanización de las costas y de lugares de alto valor ecológico, histórico y paisajista. En fin, que se ha promovido la urbanización del país de forma contraria a su protección y adaptación a los previsibles cambios climáticos lo que nos pone en una situación muy vulnerable y asegura futuros desastres.

El efecto del calentamiento global en la isla no es el único elemento que enfrentaremos en los próximos años. También debemos atender la ocurrencia de eventos sísmicos como parte de nuestro entorno natural. Por décadas, varios sectores de la comunidad científica y académica han alertado sobre las posibilidades de que la isla enfrente un evento sísmico de gran magnitud que pueda afectar gran parte de nuestra infraestructura y generar enormes pérdidas en nuestra sociedad. Este Programa de Gobierno reconoce la posibilidad de este evento natural y propone la creación de varias iniciativas encaminadas a mitigar sus efectos.

En su propuesta programática para el área de Ambiente, Planificación, Infraestructura, Recursos Naturales y Soberanía Alimentaria, el Partido Independentista Puertorriqueño se ha centrado en proponer iniciativas para integrar a Puerto Rico a los principios adoptados por la comunidad internacional en cuanto a desarrollo sustentable.  Entre estas, minimizar el impacto generado por el calentamiento global y eventos sísmicos, para promover la expansión urbana utilizando principios de diseño que refuercen el tejido social de nuestras comunidades y ciudades a la vez que se preserva el patrimonio histórico y el ambiente al cual tiene derecho cada puertorriqueño y puertorriqueña.  Además, en atención a la necesidad de crear políticas públicas que armonicen con las tendencias adoptadas en América Latina en las áreas de planificación y conservación del ambiente, las iniciativas propuestas en esta sección aspiran  no sólo a mejorar la calidad de vida de todos l@s puertorriqueñ@s sino a  integrar a Puerto Rico en proyectos de alcance regional que están siendo desarrollados dentro de la comunidad internacional.

• POLÍTICA PÚBLICA

• PROTECCIÓN AMBIENTAL

• • • • Crear una nueva Ley de Política Pública Ambiental

        • Sustituir la Junta de Calidad Ambiental por el Departamento de Protección Ambiental de Puerto Rico (DPA-PR)

          • El DPA-PR tendrá las funciones reguladoras de la Junta de Calidad Ambiental y las funciones de la Secretaria Auxiliar de Salud Pública, cuya responsabilidad está dirigida a la prevención y control de problemas del ambiente que afectan la salud pública.

          • El DPA-PR se asegurará de la supervisión efectiva de los permisos otorgados y establecerá procesos educativos e informativos, vinculados a la adopción de nueva legislación de acceso a información pública, para que organizaciones y comunidades puedan detectar violaciones en los proyectos que les afectan y así proveer información, presentar señalamientos y presentar y querellas con agilidad a la agencia.

          • Se creará la “Oficina de Consultas Comunitarias de Ante Proyectos” la cual recibirá todas las solicitudes de proyectos y consultas ambientales. En el caso de aquellas que impacten significativamente la calidad de aire, agua, suelos o que sean de energía no sustentable será obligación realizar una consulta dentro de las comunidades afectadas por el proyecto (incluyendo aquellas  en donde los productos, sub productos o desechos producidos tengan su destino),  a costo del proponente, y dentro de un plazo expedito, para explicar, recibir preguntas y contestarlas, atender recomendaciones de  l@s residentes de la comunidad, comunidades aledañas y del municipio. 

          • “Fondo Proporcional de Inversión de Propaganda y Publicidad”. Se declarará una Veda de Publicidad, Proselitismo y Propaganda previo a la Consulta Comunitaria y hasta dos semanas después de la fecha de la última reunión de Consulta Comunitaria. 

      • Establecer un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el cual se revise toda nuestra legislación para incorporar, donde aplique, los requerimientos y disposiciones necesarias para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático y para reducir nuestra aportación de gases invernadero al planeta. 

• RESIDUOS RECUPERABLES Y DESPERDICIOS SÓLIDOS

En el 2003, la generación aproximada de desperdicios sólidos en Puerto Rico fue de unos 3.65 millones de toneladas, o sea,  unas 10 mil toneladas diarias.  El valor del material dispuesto en los vertederos de Puerto Rico podría alcanzar unos 650 millones de dólares anuales. El potencial de multiplicar el valor de estos materiales, mediante una optimización de la separación,  podría alcanzar unos 800 millones anuales.  

Por ejemplo, el plástico compone sobre el 8% del material reciclable que se desecha en los vertederos y, en 2007, el precio de este material en el mercado era de 20 centavos por libra. En ese año se desecharon 385 millones toneladas de plástico, lo que significa que se enterraron en nuestros vertederos sobre $150 millones en plástico.  En total, se desecharon $467 millones en materiales reciclables.

Si como sociedad pudiéramos cambiar el enfoque hacia los desperdicios sólidos y verlos como una materia prima post consumo, a la vez que creáramos formas de manejar los materiales localmente, se podrían producir unos 36,000 empleos directos, indirectos e inducidos.  Este material dispuesto en los mercados aportaría unos 9,490 empleos directos.  Por ejemplo, en Estados Unidos la industria del reciclaje ha creado 1.1 millones de empleos, generando sobre $236 mil millones en ventas brutas anuales y $37 mil millones en salarios anuales. Solo en Massachussets, la nómina para las industrias del reciclaje es de $500 millones. 

Enterrar o quemar estos materiales valiosos desafía el sentido común  por lo que creemos en fortalecer la industria del reciclaje adoptando las estrategias de Basura Cero. Aspiramos a ser la primera jurisdicción del hemisferio en lograr la meta de cero materiales post consumo a un incinerador o a un vertedero.

Proponemos:

• • • Promulgar la Ley Basura Cero que establecerá la política pública para el manejo de materiales post consumo derogando todas las anteriores. Esta Ley estará basada en ver la “basura” o desperdicios sólidos como un recurso económico que se está malgastando y desechando, y promover y motivar a la sociedad puertorriqueña a dirigir sus esfuerzos hacia el rediseño, reducción, reuso, reciclaje y compostaje para convertir los residuos en recursos económicos mediante el mejoramiento de las industrias existente o creación de unas nuevas. 

    • Sustituir la Autoridad de Desperdicios Sólidos por el Departamento de Recursos Post Consumo, el cual tendrá las siguientes metas:

      • Actualizar el Estudio de Caracterización de los Desperdicios Sólidos, pues el más reciente se realizó en el 2003.

      • Establecer un programa de reducción de vertederos que no cumplan con los reglamentos ambientales.

      • Prohibir el establecimiento de Vertederos de Materiales Peligrosos.

      • Establecer un Programa de Desvío de Desperdicios Biomédicos, Biosólidos y decomisos de supermercados e industrias agrícolas hacia el compostaje. 

      • Crear un Programa de Desvío del 80% de los materiales Post Consumo en 4 años.

      • Crear un Plan de Reducción de Materiales Post Consumo.

      • Identificar aquellos productos sobre empacados, restringir el uso de ciertos materiales no reciclables. Supervisar la industria y el comercio para establecer los planes de reducción de generación de desperdicios sólidos.                                                 

      • Dentro del Departamento de Recursos Post Consumo, y en sustitución de las estructuras actuales de la Autoridad de Desperdicios Sólidos operarán: 

        • • La Oficina de Facilidades de Reuso de Materiales Post Consumo --Estimulará e impulsará la apertura de facilidades de reuso ya sea por el gobierno estatal o municipal o por cualquier empresa privada o social.

          • La Oficina de Fomento de  Empresas e Industrias de Reciclaje- identificará aquellas necesidades industriales y empresariales para el mejor aprovechamiento de estos recursos en Puerto Rico y estimulará al empresarismo local a invertir en esta industria.

          • La Oficina de Mercadeo y Mercados de Materia Prima Post Consumo--Almacenará, manejará y mercadeará los inventarios de materia prima post consumo dentro y fuera de PR. Mantendrá diariamente las cotizaciones de los materiales post consumo en el mercado mundial. Establecerá a todos los niveles de funcionamiento gubernamental programas para el recogido y acopio de materiales reciclables -incluyendo material orgánico para compostas- haciéndolo compulsorio en todas las agencias y dependencias de gobierno tanto a nivel estatal como municipal.

      • Organizará y facilitará el recogido casa por casa de todo material reciclable en cada municipio, en coordinación con las oficinas de obras públicas municipales.

      • Ayudará a establecer consorcios municipales para el reciclaje y desarrollo de mercados de los mismos, para así manejar y promover la regionalización de esta industria.

      • rendirá un informe anual sobre los logros reales obtenidos, las dificultades enfrentadas, y los planes para cumplir con los objetivos y metas trazados.

• • • Crear la Corporación de Operaciones de Compostaje Urbano y Rural:

      • • • • • • Operará los Centros Regionales de Pirolisis de Material Vegetativo para la producción de Carbón Vegetal. 

                • Establecerá los sistemas de recolección y transporte del material vegetativo y putrescible urbano y rural a los centros respectivos de compostaje y pirolización.         

                • Este Departamento será autosustentable y operará con los fondos de reciclaje de baterías, gomas, la Ley para el Reciclaje de Botellas (Bottle Bill) y de las multas por incumplimiento de metas y depósito ilegal de materiales en vertederos o clandestinamente. 

• • • Implantar un programa agresivo y compulsorio en todo el país dirigido a resolver la situación del manejo de los desperdicios sólidos y de los materiales o recursos recuperables que integre todas las fases del tratamiento adecuado de los mismos: Reutilización, Reducción, Reciclaje, Composta; excluimos la incineración como alternativa de manejo y señalamos que nuevas tecnologías sólo deben ser consideradas una vez se implanten y rindan frutos las alternativas que tratan a los desperdicios como materiales recuperables y reciclables potencialmente valiosos y no como basura. En este contexto, los vertederos, a nivel municipal, serán la alternativa para disponer aquellos materiales que no sean reusables, compostables o reciclables;

    • Crear por vía legislativa el Fideicomiso de Reciclaje con representación de todos los sectores: gobierno, empresas, comercio, banca, universidades y comunidades. Este Fideicomiso hará acopio e integrará las instalaciones, tecnologías, incentivos e infraestructura necesaria para promover y desarrollar tanto los mercados como los procesos de recuperación de materiales reciclables y reusables.

    • Legislar para hacer compulsorio el que las compañías fabricantes de pilas (baterías) y lámparas fluorescentes compactas o regulares sean responsables del recogido y reciclaje de estas. Tanto las pilas como las lámparas contienen mercurio y al romperse va al medio ambiente acarreando potencialmente problemas de salud y ambientales. Todo negocio que venda más de un paquete de baterías o lámparas compactas deberá contar con un lugar de recogido para dichos materiales. Las compañías fabricantes de pilas y de lámparas serán responsables del recogido, disposición y reciclaje según sea el caso.

    • Dentro de este marco, proponemos también que la Administración de Fomento Económico incluya con prioridad entre sus gestiones:

      • estimular el establecimiento de industrias, dándole preferencia a las industrias nativas y comunitarias de autogestión económica que procesen los materiales -plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio, aceites- en productos reciclables y el material orgánico y vegetal en compostas.

      • ofrecer incentivos a las industrias ya establecidas que implanten programas de sustitución de sustancias peligrosas o contaminantes por otras ambientalmente seguras.

      • ofrecer incentivos económicos a las industrias que implanten programas de reducción de material desechable de empaque, siempre y cuando vendan sus productos en Puerto Rico.

      • ofrecer incentivos económicos a las industrias que empaquen sus productos en envases re-usables.

    • Dentro del mismo tema, también proponemos la siguiente legislación:

      • para que no se establezca ningún incinerador de desperdicios sólidos peligrosos o no-peligrosos en Puerto Rico.

      • para que el Departamento de Agricultura estimule a través de incentivos y otros mecanismos el establecimiento de programas de producción y utilización de compostas en la agricultura.

      • para que las Oficinas de Compras del Gobierno a nivel estatal y municipal le den preferencia los materiales reciclables y reciclados, a los productos de limpieza que no contengan fosfatos y que sean biodegradables, así como a los plaguicidas específicos en rango de acción y que se degraden en productos no tóxicos al ser humano ni al ambiente.

      • para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los municipios ofrezcan una tarifa reducida y exención del pago de patentes municipales a aquellas industrias que se dediquen en un 100% a procesar los materiales como el plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio y aceites en productos reciclados y el material orgánico en composta.

      • Enmendar la Ley de Reciclaje para que se actualice el inventario de los desperdicios sólidos que genera toda industria y empresa en el país, donde se incluya el tipo de desperdicio, la cantidad y la frecuencia de generación.

      • Aprobar una Ley de Reciclaje de Contenedores de Bebidas (también conocido como “Bottle Bill”).

    • Restablecer, con el apoyo gubernamental a todos los niveles, la fabricación de botellas y productos de vidrio en Puerto Rico, organizando esta empresa como cooperativa o corporación especial propiedad de trabajadores.

    • Se establecerán las siguientes metas de volumen de desperdicios a reciclarse:

2017: 20%

2018: 30%

2019: 40%

2020: 50%

• • • En cuanto a los vertederos: 

      • Se cerraran los vertederos que no cumplan con los reglamentos de protección ambiental.  

      • Se le brindará asistencia a los Municipios para implantar sus programas Basura Cero y alcanzar las metas de desvío que se les asignarán.

      • Todas las operaciones de los vertederos serán informadas automáticamente de manera electrónica.

      • El Departamento de Recursos Post Consumo levantará un inventario de todos los vertederos históricos y presentes, y establecerá operaciones de minería de gases y materiales. 

      • Todos los vertederos tendrán recogido de gases y se conectarán a un sistema de generación de electricidad. 

• SOBERANÍA ALIMENTARIA, AGRICULTURA, PESCA COMERCIAL Y ARTESANAL

Existe un amplio consenso en torno a la urgencia de que los países tomen medidas para garantizar la producción de alimentos teniendo en cuenta el impacto del cambio climático.  La escasez de alimentos básicos y el alza en precio son señales imposibles de ignorar sobre la crisis que ya va tomando forma.  Este es un desafío especialmente retante para las islas, principales víctimas del cambio climático. 

En distintas partes del mundo se maneja el concepto de "seguridad almentaria", que implica que todas las personas tengan acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa.   Para Puerto Rico proponemos ir más allá, y adoptar una política de Soberanía Alimentaria, anclada en la Sostenibilidad Agrícola. Soberanía Alimentaria es “el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”.

Diversas corrientes progresistas, académicas y sociales han propuesto la Soberanía Alimentaria como aspiración real para atender responsablemente la crisis alimentaria a escala mundial. La Soberanía Alimentaria no solo incluye que la producción de comida esté en manos del pueblo sino que igualmente contempla la buena calidad de los alimentos y que la producción se haga dentro de un contexto de justicia social y responsabilidad ambiental, además de velar especialmente que los métodos de producción sean verdaderamente sostenibles. 

Según el informe Perspectivas Agrícolas elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) previo a la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en junio de 2008, se espera que en los próximos diez años la media del precio de los alimentos básicos se sitúe muy por encima de los niveles medios actuales. Se prevé que los precios reales (precios nominales teniendo en cuenta la inflación) se incrementen en un abanico que va desde menos del 10 por ciento en el caso del arroz y el azúcar, por debajo del 20 por ciento el trigo, cerca del 30 por ciento la mantequilla, los cereales secundarios y semillas oleaginosas y en más del 50 por ciento los aceites vegetales.  

Este es un análisis conservador, ya que el incremento en precios puede ser aún mayor debido a: (1) la continuiad de bajos niveles de las reservas, ya que una parte de la demanda de productos básicos agrícolas no reacciona ante las variaciones de precios; (2) el incremento reciente de fondos de inversión en mercados de futuros de productos básicos y (3) los efectos impredecibles del cambio climático sobre la producción agrícola mundial. Factores de tipo permanente como el alza en los precios del petróleo, la evolución de la dieta, la urbanización, el crecimiento económico y el aumento de la población también influirán en mantener el alza en los precios medios de los alimentos.

Otro factor que contribuye al alza de precios en los alimentos es el aumento de la demanda de biocombustibles. El crecimiento en la producción de biocombustibles provoca mayor demanda de cereales, semillas oleaginosas y azúcar, con lo que se contribuye a mantener altos los precios. La demanda de materias primas agrícolas para biocombustibles constituye la principal fuente de nueva demanda en la producción agrícola en decenios, y fue un factor determinante en el alza de los precios mundiales de productos básicos acaecida en los años 2007 y 2008. Por ejemplo, la FAO (2011c) calcula que los biocombustibles fueron responsables de aproximadamente un tercio del aumento del precio del maíz. Sólo la producción mundial de etanol se triplicó entre 2000 y 2007, y se espera que se duplique de nuevo desde ahora a 2017. Esto plantea inquietudes sobre las consecuencias de la producción mundial de biocombustibles en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. El informe indica que este crecimiento de la producción de biocombustibles ha sido promovido hasta ahora sobre todo por medidas políticas y no está claro que la seguridad energética y los objetivos medioambientales y económicos de estas políticas se alcancen con las tecnologías de producción actuales.

La planificación del uso de los terrenos adquiere entonces una importancia vital para garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria ante tantos factores externos que no podemos controlar. Proponemos, por lo tanto, un detente a la construcción sobre los valles con potencial agrícola mecanizable y la implantación inmediata de un Plan Nacional de Uso de Terrenos que reserve mínimamente 800 mil cuerdas para la agricultura. La legislación se concentrará sobre los suelos clasificados tipo I, II, III, IV y IV por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los mismos se localizan, en su mayoría en la región de los llanos costeros aluviales, los valles interiores dentro de la Cordillera Central y dentro de la región del carso norteño.

Legislaremos en apoyo a la producción agrícola local para incentivar la producción de cosechas que reduzcan la dependencia de las importaciones en renglones como la leche, la carne, granos, hortalizas y arroz, entre otros. Se evaluará las cadenas de producción y distribución de los productos agrícolas locales para reducir los costos que paga el consumidor local. De igual manera se evaluará la agonizante industria pesquera puertorriqueña para crear la legislación pertinente en beneficio al pescador local.

Por lo cual proponemos:

• • • Reorganizar el Departamento de Agricultura con los objetivos de descentralizar y despolitizar sus operaciones. La estructura debe incluir Oficinas de Industria para cada sector agrícola, dirigidas por un Secretario Auxiliar.

    • Crear Juntas Especializadas por Industria, compuestas por agricultor@s, agroindustriales y trabajador@s, correspondientes a cada Oficina de Industria, con la responsabilidad de auxiliar al Secretario de Agricultura en su obligación de formular la planificación de los programas de desarrollo.

    • Sustituir la Autoridad de Tierras por la Autoridad de Soberanía Alimentaria para desarrollar nuestra agricultura a su mayor potencial. Sus metas serán:

      • Elaborar e implementar, con la participación de l@s agricultor@s, incluyendo l@s pequeñ@s agricultor@s y aquell@s que trabajan la agricultura orgánica, agrónom@s y los centros educativos agrícolas del país, un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria.  Algunos de sus objetivos son:

        • • Sustituir en un 20% las importaciones de productos de la canasta básica de alimentos de l@s puertorriqueñ@s dentro de los primeros 2 años en todos los renglones agrícolas.

          • Consolidar la producción local en los renglones de la leche, carne, granos, hortalizas y productos del mar.

          • Crear y administrar un Banco de Tierras Agrícolas, que adquiera tierras que no estén en producción y que sean adecuadas para la actividad agrícola. Su meta es establecer el cultivo de setecientas mil (700,000) cuerdas de terreno al cabo de cuatro (4) años, asegurando el agua necesaria para su riego, reservando 10,000 cuerdas para la producción de arroz.

            • La agencia arrendará las tierras a largo plazo a agricultor@s y cooperativas. Si la Autoridad vende parte de las tierras utilizará todo el producto de la venta para fortalecer el Banco de Tierras. Se prohibirá por Ley la venta de estas tierras para propósitos urbanos, industriales y comerciales. La única excepción serían las fincas en terrenos a ser conservados a perpetuidad debido a su alto valor ecológico.

            • Se detendrá la construcción sobre los valles con potencial agrícola mecanizable y se aprobará legislación para continuar designando como "Reserva Agrícola", y añadir al Banco de Tierras Agrícolas, aquellos terrenos clasificados como de alto potencial agrícola. Esta ley requerirá el desarrollo de un inventario y evaluación de estos terrenos y los designará permanentemente para uso agrícola. En este enfoque ninguna agencia tendrá discreción para cambiar su uso.

          • Designación de Reserva Agrícola a todos los valles fluviales mecanizables.

          • Primer año Declaración de Reservas Agrícolas del Norte:  Isabela, Hatillo-Camuy, Arecibo, Manatí, Vega Baja.

          • Estas metas se incluirán en el Plan Nacional de Usos de Terrenos.

• • • Crear el puesto de Gerente de Reserva Agrícola para cada Reserva. Cuyas funciones son velar por el mejor uso de las tierras, evitar el acaparamiento del espacio agrícola, manejar la salud del suelo agrícola e integrar las Reservas al Plan General de Cultivos de primera necesidad. 

    • Fortalecer el programa de compras de productos agrícolas a precios que aseguren un beneficio mínimo al productor, con las debidas salvaguardas para evitar la creación de excedentes que no puedan ser adquiridos por el gobierno. Los productos así adquiridos se utilizarán en los programas institucionales del Gobierno tales como los comedores escolares, las instituciones de corrección y otras.

    • Reforzar los Mercados Agrícolas a través de los canales de comunicación y mercadeo del Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia, por las ventajas que se establecen para l@s agricultor@s y los consumidor@s.

    • Promover eficiencia y eliminar la burocratización y la politización de los incentivos agrícolas, mediante su concesión exclusivamente a base de producción. 

    • Fortalecer el programa de suplemento de salario agrícola para que le provea a l@s agricultor@s el asesoramiento necesario para preparar todo tipo de planilla y sistemas de cuentas, de manera que cumpla con los requisitos del pago de seguro social, seguro de desempleo, y seguro social de l@s trabajador@s agrícolas. Esto debe ir de la mano de una nivelación del salario básico del trabajador agrícola para atemperarlo con el salario mínimo aplicable a otros sectores de la economía. El Gobierno central financiará el diferencial actual en salarios a base del mismo concepto utilizado para el suplemento de salario agrícola.

    • Estructurar un sistema de crédito agrícola ágil, eficiente y capaz de responder a las necesidades del negocio de la agricultura. Se crearán incentivos y garantías al sistema cooperativo y a la banca para el financiamiento agrícola, y se proveerá acceso rápido y directo a la banca gubernamental.

    • Establecer medidas legales de zonificación para prohibir la expansión urbana, industrial y comercial adicional en tierras agrícolas.

    • Establecer y desarrollar Escuelas Especializadas en Agricultura y Ambiente, donde se promueva y fomente la  aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles (agroecología) y la agricultura orgánica.

    • Brindar apoyo a l@s agricultor@s orgánicos a través de: realizar y ampliar las investigaciones que ayuden a complementar información de l@s productor@s orgánic@s de Puerto Rico, recopilar información de l@s agricultor@s orgánic@s por parte de la Oficina de Estadísticas Agrícolas de Puerto Rico, creación de programas de incentivos para que surjan agricultores orgánicos, lo que ayudaría a contribuir a un mayor desarrollo socioeconómico en el país.

    • Fomentar la rotación de las cosechas y los cultivos intercalados, y la selección de las variedades de los cultivos que se adapten a las condiciones naturales del suelo y del clima local.

    • Estimular e incentivar el uso de metodologías alternas de producción en la agricultura, la ganadería, la crianza de pollos, en la producción de leche y de otros alimentos, mediante apoyo técnico, educación vocacional y campañas educativas dirigidas a l@s agricultor@s, utilizando el marco conceptual de la agricultura sustentable.

    • Ayudar a l@s agricultor@s a establecer procesos de  reciclaje de los recursos internos de la finca y de la vecindad para abaratar los costos de producción, y el uso de composta para la producción de bienes de consumo.

    • La protección de los suelos para evitar la erosión y subsiguiente sedimentación de los lagos y otros cuerpos de agua en la isla.

    • Controlar la entrada y el uso de plaguicidas químicos y la entrada de alimentos contaminados con plaguicidas.

    • Se legislará para prohibir el uso del glifosato en el desyerbado de caminos y carreteras estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública.  Además, se  incentivará  a la academia e industrias agropecuarias para que desarrollen productos o métodos alternos no químicos que puedan ser utilizados para desyerbar en las propiedades públicas y fomentar que sean utilizados en las siembras agrícolas. 

    • Adoptar un enfoque integral de agricultura sustentable u orgánica en todas las ramas gubernamentales que tienen que ver con la industria agrícola.

    • Crear y mantener vigente el Plan de Emergencia Alimentaria que establezca los protocolos de abastos y racionamientos de alimentos. 

      • Mantener un inventario perpetuo de los productos de la Canasta Básica de l@s puertorriqueñ@s de primera necesidad: importados, cultivados y exportados.

    • Fomentar e incentivar el uso de controles no-tóxicos para las plagas y las enfermedades.

    • Se evaluará las cadenas de producción y distribución de los productos agrícolas locales para reducir los costos que paga el consumidor local. 

    • Promoveremos medidas que lleven al país a tener asegurado en todo momento abastos de proteínas y granos básicos para un mínimo de 30 días consecutivos.

    • Se establecerá el Servicio de Inspección de Alimentos.

      • • Se crea la Oficina del Inspector General de Productos Alimenticios para determinar la salud y sanidad de los alimentos importados, exportados y  producidos en el país para nuestro consumo. 

  • esta oficina también velará por que los productos importados cumplan con los estándares de calidad y sanidad que establezca el Departamento de Agricultura nuestro.   

  • velara también por aquellos productos derivados de semillas genéticamente modificados no aprobados por esta Jurisdicción.

  • velará por la etiquetación adecuada de los productos genéticamente alterados o modificados y monitoreará los niveles de plaguicidas, herbicidas, fungicidas y radicación que contengan y se establecerá las tolerancias mínimas para que estos productos puedan admitirse a nuestro mercado. 

• El Departamento de Asuntos al Consumidor establecerá, tras una consulta con los sectores agrícolas, un control de precios al consumidor y al productor sobre aquellos productos agrícolas del país protegidos por incentivos agrícolas estatales o federales. 

• Incorporar el Desarrollo Agrícola dentro del Plan Maestro de Incentivos Industriales y promover la creación de empresas de todo tipo que ayuden a mejorar la producción y mercadeo utilizando las herramientas de la Compañía de Fomento Empresarial y el Fondo de Desarrollo Nacional.

• Crear un Consejo Asesor Agrícola a nivel de la Asamblea Legislativa que colabore con el Departamento de Agricultura en la revisión de legislación y en la elaboración de proyectos nuevos que beneficien al sector.

 Incorporamos la Pesca Comercial y Artesanal dentro de la Soberanía Alimentaria del país y  ayudaremos a l@s pescador@s a enfrentar la difícil situación que está a punto de hacerlos desaparecer como faena económica. Las situaciones que ponen su subsistencia en riesgo son comunes a toda la isla y entre otras, se destacan:

• la falta de apoyo y en ocasiones hasta persecución por parte de las agencias de gobierno que tienen el mandato de atender las necesidades de l@s pescador@s comerciales;

• la ausencia de ayudas económicas o crédito a bajas tasas de interés sin la necesidad de gran colateral, es el reclamo de la mayoría de l@s pescador@s que como su actividad económica cae bajo el Departamento de Agricultura, las ayudas e incentivos se agotan con l@s agricultor@s y nunca hay para ell@s;

• la contaminación por diversas fuentes en la costa como las descargas de aguas usadas tanto de las plantas de la Autoridad de Acueductos como de particulares y la erosión de los terrenos por obras de construcción mal ubicadas;

• la privatización de la costa por marinas, proyectos residenciales y proyectos turísticos;

• la competencia por parte de la gran cantidad de pescadores recreativos que no tienen que regirse por las normas tan estrictas que aplican a l@s pescador@s comerciales;

• Un reglamento de pesca excesivamente restrictivo, calcado de reglamentos norteamericanos, cuya relevancia en nuestras aguas tropicales es dudosa;

• la competencia desigual por los dineros del consumidor y de los restaurantes que representa el pescado congelado barato que venden los importadores de pescado extranjero y las grandes cadenas de alimentos;

• la estructura de costos asociados a la industria pesquera artesanal (lanchas, combustible, aceite, aparejos, trabajadores, etc.);

• El IVU y ahora el IVA; 

• las trabas para que las nuevas generaciones aprendan a pescar desde jóvenes.

Por eso proponemos:

1.  Establecer la Corporación para el Desarrollo de la Pesca Comercial y Artesanal de Puerto Rico con los fines siguientes:

• • • • • Establecer una Oficina de Asistencia a Pescadores Comerciales y Artesanales. 

        • Crear Viveros de Peces a través de las distintas regiones del país, comenzando por las reservas naturales costeras para repoblar las aguas del litoral marino y fluviátil, y así ayudar a mantener y aumentar la pesca comercial y artesanal en Puerto Rico.

        • Establecer el Programa de Manejo de Bancos Coralinos en conjunto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

        • Creará un Astillero Nacional para la construcción, mejoras y reparación de embarcaciones pesqueras.  Además, creará programas educativos con l@s pescador@s para fomentar el desarrollo de astilleros regionales o locales que ayude en la creación de empresas en las pescaderías o cercanas a estas.

        • Proveer capacitación empresarial y técnica a l@s pescador@s y administradores de las villas pesqueras.

• Proteger y conservar la industria de la pesca  mediante la otorgación de incentivos de mejoras de la flota, proveer un seguro de vida para el pescador y un seguro para sus embarcaciones.

• Impulsar el desarrollo de Centros Comunitarios de Pesca y Eco Turismo en las pescaderías donde estas, además de vender pescado, puedan ofrecer distintos servicios de ecoturismo que incluye alquiler de kayaks, viajes en embarcaciones a los cayos, islotes y otros recursos marinos, torneos de pesca, quiosco de ventas de alimentos, artesanías, ofrecimiento de talleres educativos y realización de actividades culturales.

• Establecer por ley que en aquellas facilidades pesqueras bajo el Departamento de Agricultura, se le dará prioridad a las asociaciones o cooperativas de pescadores para que estas administren las mismas.  Sólo en aquellos casos donde no existan asociaciones o cooperativas de pescadores, o que estas no estén interesadas en administrar las facilidades pesqueras, se le podrá traspasar a los municipios.

• Promover Corporaciones Propiedad de Trabajadores y Cooperativas de Productos y Servicios asociados a la pesca como lo puede ser la elaboración y venta de comestibles y artesanías o el ecoturismo para que l@s pescador@s y sus familiares puedan ampliar su base económica.

• Facilitar y financiar intercambios de experiencias, conocimiento y tecnologías con pescadores de los demás países de la cuenca del Caribe.

• Extender la legislación vigente que ampara a jóvenes trabajadores menores de 16 años para permitir que jóvenes menores de 16 años interesados se inicien en la industria de pesca.

• Establecer un programa de suplemento de salario como existe para el sector agrícola para ayudar a l@s pescador@s con la contratación de proeles, escamadores y demás personal asociado a esta actividad.

• Dotar de mejores equipos y embarcaciones a los grupos de pescadores bonafide debidamente organizados.

• Promover los cursos de construcción de lanchas y reparación de motores de botes en las escuelas vocacionales o para jóvenes en las comunidades costeras.

• Revisar todos los reglamentos aplicables con el insumo y la participación de l@s pescador@s, académic@s y científic@s especializados en el tema. 

• Crear un programa de garantía de préstamos para la adquisición de barcos de pesca de diferentes tamaños y equipos para la pesca costera y de aguas internacionales. Además, se ofrecerá toda la capacitación de personal que sea necesaria por medio de escuelas pesqueras y de los programas de educación vocacional y se incentivará la creación de cooperativas pesqueras.

• Promover la acuacultura para aumentar la producción nacional de peces, camarones y otras especies comestibles, pero sólo en aquellos casos en que los proyectos de charcas destinadas a tales fines, no afecten el medioambiente ni requieran de la extracción de arena en las costas y litorales del país.

• ENERGÍA

• • UN FUTURO ENERGÉTICO DISTINTO

Las instalaciones de lo que fue el centro de la industria petroquímica en Guayanilla y Peñuelas, ofrecen una oportunidad para que el Gobierno de Puerto Rico adquiera estos terreno, que se extiende unas 1,500 cuerdas,   a cambio de la inversión gubernamental en la descontaminación hasta un nivel aceptable, los terrenos podrían ser adquiridos a un precio por debajo del mercado.  El objetivo es establecer allí un gran proyecto de generación de energía renovable, en colaboración con la academia, el sector privado y  organizaciones comunitarias. 

Paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica a gran escala se ubicarán en los terrenos donde antes estuvieron las petroquímicas.  Podríamos generar potencialmente unos 156 a 312 millones de vatios en las horas pico (156-312 Mw/h p), dependiendo de la tecnología utilizada. Esto es suficiente para iluminar entre 75,000 a 150,000 hogares.

El costo de instalación de lo que sería una de las fincas de generación fotovoltaica más grande del mundo fluctuaría entre 907 y 1,500 millones de dólares, inversión que se recuperaría en unos diez años partiendo del precio actual de la electricidad de cerca de $0.20/kwh. Si a esto le añadimos la reducción de gases invernadero en la generación limpia de esta cantidad de electricidad, calculado conservadoramente a 1 ton CO2/kwh generado/año, nos coloca reduciendo entre 150,000 a 240,000 toneladas menos -sólo en CO2- anuales.

El proyecto también incluye una fábrica o al menos una ensambladora de paneles fotovoltaicos en los mismos predios. A precios europeos podríamos ubicar allí una planta que fabricase paneles fotovoltaicos equivalentes a una producción potencial de 25 Mw/año por unos $12 millones. Esta inversión podría ser conjunta con el sector privado, en condiciones que sean ventajosas para el pueblo de Puerto Rico. 

La democratización de la producción de energía es fundamental para el futuro del país.  Existen aproximadamente 1 millón de residencias en nuestras islas (y cerca de 1.4 millones de techos en total); en esos techos pudiéramos generar (otra vez calculando conservadoramente – 26W/m2-) unos 2.9 Kwh p. (.026kw) (112m2); o unos 34.8 Kw/dia. [(2.9 kwh) (12 horas de sol hábil)] Si multiplicamos esta cantidad por 100,000 techos, estaríamos generando 290 Mw en cada hora de sol. Esto quiere decir que por cada 100,000 techos que produzcan energía, podríamos reducir en un 8% la producción de energía durante las horas pico con combustibles sucios. 

• • POLÍTICA DE FUENTES DE ENERGÍA

El problema de energía que sufre Puerto Rico es consecuencia de procesos erráticos de planificación estratégica; del compromiso de las instituciones gubernamentales con el consumo de combustibles fósiles, de una falta de visión integrada al evaluar las alternativas energéticas disponibles y de la falta de espacios que fomenten el diálogo con los distintos sectores y la participación ciudadana. El diseño de una política energética compatible con las condiciones geográficas, climatológicas y ambientales de nuestro país debe fundamentarse en la conservación de la energía, en la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes limpias y renovables de energía, en la investigación científica para convertir el sistema energético de Puerto Rico en uno sustentable y en la participación de las comunidades en el diseño de la política energética.

Proponemos:

• • • La transformación de la Oficina Estatal de Política Pública Energética en un Departamento de Energía Nacional (DEN) que tendrá a su cargo:

      • La creación de un Plan Energético Nacional (PEN), en el cual se diseñará claramente la visión del futuro energético sostenible del país y establecerá los objetivos a corto, mediano y largo plazo para alcanzar el mismo.

        • • • • • Este Plan será revisable periódicamente según avance la tecnología, de forma tal que se evalúen las alternativas disponibles en la producción y almacenaje de energía eléctrica, sus ventajas y las tecnologías de control disponibles que garanticen la eficiencia de los procesos y la disminución de la contaminación.

                • El PEN propondrá la legislación necesaria para enfocar tanto el estudio integral de las diferentes alternativas energéticas a distintas escalas, los procesos educativos para bajar el consumo energético y la participación directa de las comunidades en la implantación de las alternativas.

                • El PEN no considerará la incineración de los desperdicios sólidos ni la quema de carbón, ni la utilización de fuentes radiactivas o procesos nucleares para la producción de energía en el país. Tampoco se considerará la energía eólica (del viento) en lugares sensitivos ecológicamente (como por ejemplo, en la zona de Guayanilla) o con alto valor agrícola (como por ejemplo, en los valles de Santa Isabel, Yabucoa y otros).

                • El PEN evaluará la integración de distintas tecnologías de fuentes de energía renovable, adicional a la solar o eólica, tales como térmica oceánica, biomasa, mareomotriz, hidráulica.

                • Establecer un plan de eficiencia energética y  del manejo de la demanda, a través de procesos educativos y de incentivos energéticos

• • • • El desarrollo e implantación de estrategias diseñadas para la investigación científica en el campo de la producción de energía limpia y del almacenamiento de energía producida por fuentes renovables. 

      • La coordinación con la Administración de Fomento Económico para brindar el apoyo necesario a las industrias nativas que desarrollen productos o brinden servicios relacionados con la implantación de nuevas tecnologías de energía limpia y renovable. 

      • La responsabilidad de establecer las medidas necesarias para aumentar la eficiencia en la generación de energía en Puerto Rico.

• • • Se impulsará la utilización de fuentes de energía renovables, dando mayor énfasis a las fuentes de generación distribuida, o sea proyectos pequeños de generación como es la utilización de paneles solares sobre los techos de residencias.  Esto crea nuevas oportunidades de empleo y desarrollo de otros tipos de sistemas como son las “Comunidades Solares”, donde se integran procesos de organización social, autogestión y participación ciudadana, al desarrollo de proyectos de placas solares sobre los techos de las residencias.  

    • Mientras no se elabore el PEN que considere todas las opciones energéticas disponibles y provea solución a los problemas de contaminación que cada opción genere, no se aprobará el establecimiento adicional de ninguna planta de energía que utilice combustibles contaminantes como el carbón, el petróleo, gas natural o sus derivados.

    • Los proyectos de gas natural en funcionamiento se utilizarán como método de transición hacia un mayor uso de fuentes de energía renovable y estarán subordinados al Plan Estratégico desarrollado por el PEN.  A largo plazo la meta debe ser la no utilización de fuentes de energía fósil.

    • En cuanto a la integración de energía renovable al sistema eléctrico público, la inclusión de la misma se hará de la siguiente forma:

2020 – 15%

2025 – 25%

2030 – 35%

2035 – 40% 

Luego del 2040, la revisión regular del PEN debe ir evaluando las experiencias en otros países, las alternativas tecnológicas y la inversión necesaria que permita conseguir soberanía energética en cuanto a la no utilización de fuentes fósiles. 

• • • Se aprobará las leyes y reglamentos para establecer proyectos de recuperación  y conversión de los aceites usados proveniente de la preparación de alimentos en negocios, franquicias, residenciales, urbanizaciones, comedores escolares y toda entidad que utilice aceite para cocinar los alimentos. La recuperación de estos aceites usados se podría utilizar para preparar el biodiesel, combustible de origen vegetal que no contribuye al efecto de invernadero y cuyo alto contenido energético permitirá reducir la dependencia de petróleo que tiene Puerto Rico.  El uso de este tipo de biocombustible también permitirá aumentar la cantidad de fuentes de energía renovable a utilizarse en el sistema eléctrico.

    • Inmediatamente asumamos la dirección del gobierno se comenzará el proceso de cierre de la planta de carbón, la cual opera en violación de los acuerdos que permitieron su establecimiento, que se concretará en el segundo año del cuatrienio.  Esta iniciativa estará acompañada de planes agresivos de conservación y eficiencia energética, y el aumento del uso de las fuentes de energía renovable.  Mientras tanto, en el 2017 se aprobará una Ley para prohibir el depósito y uso de las cenizas de carbón en cualquier parte de Puerto Rico, incluido los vertederos, y se ordenará a las agencias que realicen estudios en el aire, terrenos, cuerpos de agua y comunidades cercanas a los lugares donde se hayan depositado residuos de cenizas de carbón.  También se comenzarán a hacer los estudios pertinentes para la remoción paulatina de los residuos de cenizas de carbón en aquellos lugares donde se haya depositado y se establecerá la responsabilidad de la planta que las generó en el depósito de dichos desperdicios tóxicos.

    • Se enmendarán las leyes vigentes para ofrecer incentivos contributivos reales y sustanciales a las personas que instalen y utilicen en sus hogares alternativas de generación de energía limpias y de carácter renovable. Así como también a l@s constructor@s que las instalen y se usen en los proyectos que tienen a su cargo. También, para ofrecer préstamos a bajo interés para la instalación de sistemas de producción de energía renovable individuales o colectivos (en las instalaciones comunales), como serían los proyectos de “Comunidades Solares”.

    • Más allá del proceso al cual se ha sometido a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hay que fortalecer esta corporación pública y convertirla en un ente compacto, flexible y facilitador de nuevas formas de operar la red eléctrica para maximizar los recursos locales. Además, l@s trabajador@s de la AEE pueden re adiestrar sus destrezas y conocimientos para insertarse en los proyectos de energía renovable que se desarrollen, y en el adiestramiento y transmisión de esos conocimientos a las comunidades que establezcan sus propios proyectos de energía distribuida.

    • A corto plazo, y para enfrentar los alarmantes incrementos de costos de la electricidad producida en Puerto Rico por la AEE y las generadoras privadas, proponemos las siguientes acciones:

      • • Desarrollar una campaña intensa utilizando el sistema de educación pública promoviendo el ahorro, conservación y uso eficiente de energía, partiendo del axioma de que la electricidad mejor utilizada es la que no se utiliza.

        • Distribuir masivamente bombillas fluorescentes compactas a todas las residencias y comercios en el país por parte de la AEE. Esta inversión podría redundar en un ahorro de 10-15% del consumo eléctrico general.

        • Impulsar la negociación sin intermediarios con distintos gobiernos sobre los derivados del petróleo a precios preferenciales.  Esto bajaría los gastos en la compra de estos combustibles mientras se desarrolla el aumento de uso de fuentes de energía renovable.

        • Se eliminará toda intromisión político-partidista dentro del funcionamiento de la AEE.

        • Renovar las turbinas hidroeléctricas y la posibilidad de instalar turbinas micro-hidroeléctricas para aprovechar corrientes de agua disponible en los ríos perennes que existen en la región montañosa de la isla. Esta es una fuente de energía renovable que no se está utilizando en el país.

        • Sustituir los postes de alumbrado eléctrico de todo Puerto Rico por alumbrado alternativo y moderno, como por ejemplo el uso de bombillas o diodos emisores de luz (LEDs) desarrollados por el  Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y promovido por Casa Pueblo como el “Posterriqueño”.

        • Se eliminará de cualquier ley de incentivos, la “conversión de desperdicios sólidos municipales” dentro de la definición de "fuentes renovables alternas”.

        • Crear un Código de Responsabilidad Ambiental de Contratistas en el Gobierno de manera que las empresas que hacen negocios con el gobierno, apliquen a su gestión prácticas de eficiencia energética y medioambientales.

• PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

• POLÍTICA PÚBLICA

• • • • • • • Crear el cargo de Procurador de los Recursos Naturales y Ambiente (PRNA), con recursos y autoridad suficiente, incluyendo legitimación activa, para poder iniciar todas las acciones civiles y penales que procedan por la violación de las diversas leyes ambientales en vigor.

            • Crear el puesto de Auditor Ambiental para las agencias de gobierno, corporación pública y municipio. Este Auditor será responsable de constatar y evaluar el fiel cumplimiento de cada componente institucional con la política ambiental adoptada. 

            • Legislar para que los estándares de calidad de agua y aire en Puerto Rico se establezcan en función de nuestras condiciones climáticas y para proteger la salud de los sectores más vulnerables de la población, como los niños y adultos mayores.

            • Integrar y armonizar toda la legislación ambiental mediante la elaboración y aprobación de un Código Ambiental que organice sistemáticamente todo el marco jurídico referente a la protección del ambiente y los recursos naturales.

            • Legislar para garantizar la legitimación activa de individuos, comunidades y organizaciones no gubernamentales en procesos administrativos y judiciales que involucren daños ambientales o violación a reglamentación o legislación ambiental o de planificación.

            • Aprobar nueva legislación y reestructurar las agencias de la Rama Ejecutiva para asegurar la participación de éstas en la protección de los recursos naturales y la conservación, restauración y protección del ambiente. 

            • Enmendar legislación vigente para asegurar compatibilidad y uniformidad de propósitos, de procedimientos, de implantación y de requisitos sustantivos para la protección del ambiente.

            • Clasificar la reglamentación ambiental en categorías uniformes que permita su evaluación sistemática.

            • Para cubrir las responsabilidades ministeriales de las agencias reguladoras y custodias del medio ambiente se debe asignar en el presupuesto de gastos del gobierno una cantidad no menor del tres por ciento (3%) del presupuesto total del gobierno.

            • No se permitirá la privatización de islas, islotes y cayos de Puerto Rico.

            • Fortalecer la enseñanza de las ciencias y protección ambiental dentro de las revisiones curriculares dentro del sistema de educación de Puerto Rico mediante la creación de estándares de temas y tópicos desde el grado primario hasta la escuela superior.

            • Creación de programa de investigación ambiental entre la Oficina del Procurador de Recursos Naturales y Ambiental (PRNA) y los programas graduados en ciencias ambientales en los centros universitarios de la isla para canalizar temas de tesis y disertaciones en asuntos relacionados con la realidad ambiental y manejo de los recursos naturales en la isla.

• LEY DE COSTAS

Los mareógrafos ubicados al norte y sur de la isla indican un continuado incremento en el nivel del mar que se ha hecho más marcado desde mediados del siglo pasado. Entre 1962 y 2006 el nivel del mar en nuestras costas aumentó un promedio de 1.8 milímetros por año. Este dato, que parecería poco importante, cuando se desglosa en períodos más cortos resulta alarmante: entre 1962 y 1989 el alza promedió un 1.6 mm/año; entre 1990 y 2006 esta medida aumentó a un promedio de 3.1 mm/año y entre 2006 y 2006 el incremento fue alarmante, 7.0 mm/año. El nivel del mar está aumentando rápidamente y en un tiempo cada vez más corto el aumento es sustancialmente más grande.

El 10 de octubre de 2006, bajo el liderato de nuestra delegación y con apoyo tripartita se presentó en ambos cuerpos legislativos un proyecto de Ley dirigido a crear una Ley de Costas para Puerto Rico. El 3 de julio de 2013 volvimos a someter el proyecto. Este Proyecto de Ley, parte de una visión de avanzada, producto de dos años de trabajo de un equipo interdisciplinario que reunió a los principales expertos científicos, técnicos y legales en el área de manejo de costas y cambio climático de Puerto Rico. 

Puerto Rico nunca ha tenido una Ley de Costas; todo lo relativo a éstas se rige por la Ley Española de Puertos de 1866, la Ley de Puertos de Puerto Rico de 1968 y diversos reglamentos que datan de hace más de 20 años. Debido a su antigüedad, estos estatutos no toman en cuenta el cambio climático y sus impactos previsibles sobre las costas, ni los conflictos de usos que abundan el litoral.

Las leyes y reglamentos en vigor utilizan la definición de zona marítimo-terrestre contenida en la antigua Ley de Puertos de 1866 que responde a la realidad de las costas españolas: "el espacio que bañan las olas en su fluyo y reflujo donde son sensibles las mareas y donde no lo son, las olas más altas de los temporales".  Esta definición no refleja nuestra realidad antillana. En la costa cantábrica de España, donde la diferencia entre marea alta y marea baja es de decenas de metros, la sensibilidad de las mareas es evidente; en nuestro país esa diferencia es de apenas pulgadas. Igualmente, en nuestro entorno tropical, sujeto a diversas categorías de huracanes, "las olas más altas en los temporales" no especifica si son las de una vaguada, las producidas por una onda tropical, por una tormenta o las que genera un huracán (cualquiera que sea la categoría).

El proyecto define la zona marítimo-terrestre como el espacio en las costas entre la marea más baja hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad. Estas son aquellas que alcanzan tres pies de altura en un huracán categoría 5. Esta zona nunca será menor de cincuenta metros a partir de la línea de la máxima marea alta, e incluirá hasta donde se mide la influencia del mar tierra adentro. Donde la costa sea elevada más allá del alcance de las olas, (acantilado), la zona comenzará en el tope de la superficie vertical por 50 metros hacia el interior. También se extenderá por las márgenes de los ríos y cuerpos de agua hasta donde sean navegables o se puedan medir los cambios en las mareas.

La expresión de política pública establece tres principios rectores de la Ley: 1) "proteger a la sociedad frente a los fenómenos naturales y los cambios costeros resultado de transformaciones climáticas globales y regionales"; 2) "la protección, administración y manejo sabio de los bienes del dominio público marítimo-terrestre" y "garantizar a la ciudadanía el acceso a éstos (bienes de dominio público marítimo-terrestre) de forma libre, pública y gratuita".

El proyecto toma en consideración las estructuras ya establecidas en la zona marítimo-terrestre, a las cuales si son residenciales, se les otorga una concesión indefinida mediante trámite administrativo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con la condición de que no pueden ser ampliadas ni reconstruidas en caso de su destrucción por el tiempo, los elementos o mano humana. Una vez que la ley entre en vigor, ninguna persona iniciará actividad alguna en la zona marítimo-terrestre sin autorización o concesión de la agencia.

Para garantizar a todos los ciudadan@s el libre acceso al dominio público marítimo-terrestre, el proyecto propone una actualización de las servidumbres de la siguiente manera:

1. Servidumbre de acceso público y gratuito al mar - accesos vehiculares en zonas desarrolladas de 11 metros de ancho a no más de 500 metros de separación; accesos peatonales, de 3 metros de ancho y a 100 metros de separación. En las zonas rurales o no zonificadas, se reduce la separación entre los accesos.

2. Servidumbre de protección - una vía expedita de 20 metros medidos tierra adentro a partir del límite interior de la zona marítimo-terrestre para el paso peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

3. Insertar las disposiciones en el Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico y en el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico.

• CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES

Previo a la llegada de los europeos a Puerto Rico la Isla estaba cubierta prácticamente en su totalidad por bosques. Las políticas de monocultivo y el latifundismo de principios del siglo XX causaron que muchos pueblos de la Isla fueran arrasados de bosques primarios para la siembra principalmente de caña, tabaco y frutos menores. Para citar ejemplos, pueblos ubicados en la ladera norte de la Cordillera Central como Cidra, Aguas Buenas, Comerío, Naranjito, Corozal y Morovis perdieron, si no en su totalidad, en su gran mayoría, los sistemas de bosques primarios. Pueblos ubicados más al interior como Orocovis, Adjuntas, Ciales, Jayuya y Utuado, por contar con mayor cultivo de café y áreas más agrestes mantuvieron zonas con vegetación boscosas que han aumentado si lo comparamos con las primeras décadas del siglo XX.

Datos históricos indican que dicha situación cambió con las políticas que fomentaban la migración de las personas del campo a la ciudad y a los EEUU, y con la industrialización de las décadas posteriores a los años cuarenta. Para el 1985, el treinta y dos (32) por ciento del territorio de Puerto Rico se componía de bosques, porcentaje que ha reflejado una tendencia descendiente debido mayormente a que en las últimas dos décadas se ha promovido la construcción desmedida en zonas rurales para proveer viviendas a precios más baratos que en el área metropolitana. Estas políticas de construcción que tratan de sustituir la industrialización que terminó con el fin de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal crea una presión para que las zonas rurales y semi-rurales cercanas o a corta distancia del área metropolitana se conviertan en municipios dormitorio creando una "bayamonización" de la ruralía (creación espontánea de suburbios residenciales de baja densidad poblacional mediante desarrollos de proyectos desarticulados espacialmente que fomentan el vehículo de motor ).

Esta tendencia va enfilada al uso de áreas que han revertido a estado natural por falta de agricultura y que son suelos aptos para bosques y agricultura además de que no están aledaños a los centros urbanos tradicionales sino que se encuentran dispersos por los barrios de los municipios. Para el año 2010, se estimó que cerca del 43% del espacio urbanizado está cubierto por residencias de baja densidad, 20% en residencias de alta densidad y 14% en carreteras (Proyecto Explorah, Escuela Graduada de Planificación, UPR).

Esta situación causa un problema adicional puesto que a estos desarrollos desarticulados hay que proveerle toda una infraestructura de carreteras, alcantarillados pluviales, energía, agua potable, recogido de aguas sanitarias, teléfono y otros que crea un encarecimiento en proveer dichos servicios a zonas alejadas de los centros urbanos donde tradicionalmente existen dichos servicios.

En Puerto Rico apenas el 8% de los terrenos están protegidos a perpetuidad, hecho que coloca al País en las posiciones más bajas en los estándares mundiales de conservación establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.  Esos estándares disponen que el mínimo aceptable de terrenos protegidos promedia entre 20% y 30%. Esa última cifra ya la ostentan algunos países como Panamá, Costa Rica y Jamaica que dedican cerca de un 30% del territorio a conservación. EEUU reserva aproximadamente 25% a conservación. Por lo tanto es patente que en Puerto Rico dedicamos mucha menos área a conservación que otros países caribeños y subtropicales o si queremos compararlo hasta con países con menos diversidad biológica como EEUU que se encuentra en zonas templadas.

Gran parte de la comunidad científica y ambiental del país asegura que los bosques son recursos naturales capaces de restaurar el balance ecológico del medio ambiente, producen una serie de beneficios tales como: el aislamiento de ruidos; ayuda a la conservación de cuerpos de agua, aire y del suelo; la evolución y refugio para la conservación de la flora y la fauna; la reducción de la temperatura y la estabilidad económica del sector en el cual se encuentran propiedades cercanas; y un ambiente sano para la recreación al aire libre y para el disfrute espiritual. Las diferentes especies de flora y fauna en un bosque dependen de una red de interacciones llevadas a cabo en su hábitat natural. Por lo tanto toda población de vida silvestre está sujeta al hábitat en el cual procrea u obtiene alimento necesitando además espacio adecuado para su desarrollo y multiplicación.

La relación entre el bosque y las especies resulta imprescindible para el aumento de la biodiversidad de las especies y el sostenimiento de un balance o equilibrio ecológico. El aislamiento de los bosques coloca en alto riesgo la propia existencia de las especies.

La política pública del gobierno ha establecido que "los bosques son un recurso natural y único por su capacidad para conservar y restaurar el balance ecológico del medio ambiente." Los bosques constituyen una herencia esencial por la que se mantendrán, conservarán, protegerán y expandirán para lograr su pleno aprovechamiento y disfrute por esta generación y para que sean legado para generaciones futuras. Esta responsabilidad se le delegó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mediante ley.

• INFRAESTRUCTURA VERDE: CONSERVACIÓN

• • • Crear el “Negociado de Infraestructura Verde” para identificar y proteger por su valor, servicio biológico y económico nuestros árboles, bosques maduros y zonas verdes en la propiedad pública y privada, y así detener la tala indiscriminada, promoviendo el uso racional de este recurso.

    • Desarrollar e implantar “El Plan Maestro de Reforestación de Puerto Rico” para: 

      • • Reforestar y manejar las áreas verdes en terrenos y propiedades del gobierno. Todo terreno remanente propiedad del gobierno en áreas rurales será manejado e integrado al Servicio Forestal de Puerto Rico como área protegida.

        • Aumentar el capital maderero del País. 

        • Establecer las acciones legales, educativas y técnicas, así como los incentivos económicos necesarios para que se encamine planificadamente la reforestación de las ciudades y las comunidades circundantes.

        • El Plan incluirá la siembra intensiva de mangles en zonas costeras.

    • Establecer la Corporación Maderera Nacional para la conversión y comercio de maderas y triturados de todos los árboles talados o derribados en terrenos públicos o privados por los municipios, la AEE, el Departamento de Agricultura y establecer los planes de recuperación de recursos madereros en los casos de emergencia nacional.   

    • Crear “La Red de Parques y Santuarios a Tu Alcance” para la protección de especies de la flora y fauna, y diseñados para la recreación pasiva y el esparcimiento de l@s puertorriqueñ@s de todas las edades.

    • Crear el Programa de Naturación de Techos para promover, educar,  incentivar y sostener la siembra controlada en las azoteas y techos de edificios públicos y privados construyendo un modelo de demostración de techos en cada pueblo. La naturación puede ayudar a reducir el calentamiento urbano, mejorar la calidad del aire y el panorama visual de las ciudades, y fomentar el desarrollo económico a pequeña escala.

    • Crear el Plan Nacional de Arbolización Urbana con incentivos económicos para reforestar racionalmente las ciudades, pueblos y urbanizaciones, como medida para mitigar la reflectividad de nuestras ciudades y urbanizaciones creando una ciudad más fresca a la vez que disminuye la huella de carbón urbano.

    • Implantar el Programa de “Árboles para mi Calle” para reforestar los encintados verdes de todas las urbanizaciones del país con metas anuales de un 25%.

    • Crear la posición de Guardabosque Urbano. 

    • Aprobar una Ley de Protección de Humedales de Puerto Rico que defina la política pública para la protección de estos recursos naturales, que asigne autoridad y responsabilidad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR) para instrumentar reglamentos y procedimientos que protejan estos recursos naturales. 

    • Enmendar la Ley de Cuevas, Cavernas y Sumideros de Puerto Rico (Ley 111 del 12 de julio de 1985) y la Ley para la Protección de la Fisiología Cársica de Puerto Rico (Ley 292 del 21 de agosto de 1999) para requerir el desarrollo de una reglamentación adecuada, mitigación en caso de violación a dichas leyes y penalidades para así proteger y fortalecer la región del Carso Norteño y los bolsillos calizos en el Oeste y Sur de la isla.

    • Iniciar campañas educativas a través del DRNA y el Departamento de Educación para que se comprenda mejor la función de las cuevas como ecosistemas y no sólo como elementos geofísicos.  Concienciar sobre la importancia de dicho recurso natural y del karso como áreas de captación para nuestras aguas subterráneas. 

    • Crear la División de Espeleología,  Recursos Kársticos y Subterráneos dentro del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).  Dicha división, entre otras funciones se encargará de:

      • • actualizar, digitalizar y preparar, para propósitos científicos, de rescate, de planificación y seguridad, el proyecto del Catastro de Cuevas de Puerto Rico. Para dicho proyecto se requerirá la colaboración en cuanto a equipo, programas y peritaje existente, a las universidades del país, los grupos espeleológicos y agencias gubernamentales.

        • realizar programas de educación y orientación sobre la importancia de dicho recurso natural en las escuelas y comunidades cercanas a los sistemas de cuevas. 

        • evaluar para efectos de permisología y monitoreo las actividades turísticas que se puedan realizar en cuevas y su entorno fomentando las mismas como centros de actividades de baja intensidad (Turismo Natural) como por ejemplo el senderismo, rutas de bicicleta de montaña, campamentos y actividades al aire libre. Dichas actividades de Turismo Natural están teniendo mucho auge en la isla por lo que es vital el que planifique adecuadamente su implementación para el sano y seguro disfrute de la ciudadanía al mismo tiempo que se protege el recurso natural.

        • Crear el Programa de Espeleoturismo, el cual certificará a l@s guías espeleólogos y aprobará los aperos o instrumentos a ser utilizados en las actividades espeleológicas.

        • Hará un inventario de las aguas superficiales y subterráneas en las Zona Cárstica, para promover la protección de las mismas.

    • Declarar cuevas o sistemas de cuevas, como Lucero en Juana Díaz, Reservas naturales/arqueológicas, y protegerlas –y su entorno- de la creciente invasión urbana, vial e industrial. La División de Espeleología del DRNA realizará como parte del proyecto del Catastro de Cuevas de Puerto Rico, investigaciones similares para identificar sistemas cavernosos que requieran protección inmediata de parte del Gobierno de Puerto Rico.

    • Crear el “Corredor Ecológico de la Montaña Central (CMC)”, para proteger los terrenos no desarrollados de la zona de transición entre los bosques de la alta cordillera central, la región del carso norteño y los de los llanos al norte de la Cordillera Central entre Cidra, Aguas Buenas, Comerío, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Morovis, ampliando los límites del Este del Bosque Modelo que garantice el suministro de agua limpia, purificación del aire y la conservación de suelos valiosos para las generaciones futuras de puertorriqueños.

    • Crear el “Gran Parque Metropolitano de Tierra y Mar”, zona verde continua que eslabonará Cataño, Bayamón, San Juan, Carolina y Loíza a través de la protección de los remanentes de los ecosistemas originales de esta región de la costa norte de Puerto Rico –ciénagas, mogotes, manglares, pastizales, lagunas y canales. Este proyecto será establecido utilizando los principios de diseño del movimiento ambientalista mundial denominado como Nuevo Urbanismo.

    • Crear el “Corredor Ecológico y Agrícola del Suroeste (CEAS)”  para proteger el litoral costero del suroeste de Puerto Rico, el cual es considerado como una de las áreas tropicales marinas más importantes del Caribe, además de estimular el crecimiento económico de la región creando proyectos para desarrollar microempresas mediante la autogestión comunitaria, el cooperativismo el turismo de naturaleza y el turismo agrícola. El CEAS es una zona de gran belleza natural y valor ecológico, geológico, agrícola, científico, histórico y cultural. Hábitat de especies endémicas, aves migratorias, cuantiosos organismos, un lugar  donde interactúan varios ecosistemas importantes para la subsistencia de flora y fauna. El Corredor cubriría desde la Laguna las Salinas en el Tuque en Ponce, incluyendo el Islote Caja de Muerto, los sistemas de cuevas tales como El Convento en Guayanilla, Mapancha en Peñuelas y las Cuevas del Bosque Seco, los  arcos marinos y acantilados en Punta Ventana en Guayanilla, el Bosque de Guilarte entre los municipios de Adjuntas, Guayanilla, Peñuelas y Yauco, el Bosque de Susúa en Sabana Grande y Yauco, y el Lago Lucchetti (Yauco). En este litoral existen áreas de gran importancia agrícola como el Valle Agrícola de Lajas, la zona cafetalera en Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce que deben incluirse en lo que identificaríamos como La Ruta Agroturística del Suroeste para conservar y proteger nuestros terrenos agrícolas. El Turismo Agrícola ha tomado auge en Puerto Rico y se puede convertir en un incentivo y estímulo adicional para beneficio de nuestro renglón agrícola. Esta propuesta contempla también revitalizar las Villas Pesqueras en Guayanilla, Peñuelas y Ponce. 

• INFRAESTRUCTURA VERDE: AGUA Y BOSQUES

• • • Protección de cuencas hidrográficas: 

      • • Ampliar el “Área Natural Protegida” de Puerto Rico del 8% actual a un 25% en los próximos 4 años. Para ello se ampliaran las facultades del DRNA y el Fondo de Adquisiciones de Terrenos se duplicara de 20 a 40 millones anuales hasta el logro de la meta de proteger el 25% de las áreas naturales.  Priorizando la adquisición y protección de terrenos de las cuencas hidrográficas y para la protección de  los Hábitats Críticos y Esencialmente Críticos de  las especies y sub especies endémicas.

        • Crear la “Corporación para la Protección de Cuencas Hidrográficas y Hábitats Naturales” que operará con los Fondos de Adquisición de Terrenos con la facultad de planificar la adquisición, adquirir, crear los planes de manejo de esas áreas protegidas y transferir los mismos al DRNA. 

        • Crear el Sistema de Reservas de Cuencas Hidrográficas  para el manejo, conservación y protección de las zonas de captación y zonas de recarga de los acuíferos del norte y del sur.

• • • Asignar recursos económicos adecuados al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que pueda implantar la Ley de Bosques de Puerto Rico y hacer efectiva la adquisición y la protección adecuada de todo tipo de bosques.

    • Establecer proyectos de micro-corredores o corredores nicho en los municipios para permitir el tránsito de especies entre zonas boscosas.

    • Asegurar, por vía de legislación, que los usos permitidos en las tierras colindantes con los Bosques Públicos sean compatibles con la función hídrica de éstos y la conservación de los recursos forestales y vida silvestre.

    • Revisar la legislación y reglamentación para estimular usos compatibles y restringir aquellos que no lo sean en los terrenos que comprenden los núcleos de las principales cuencas hidrológicas, de tal forma que logremos proteger la función hídrica de las mismas.

    • Crear una Reserva Ecológica que abarque los municipios ubicados en las mayores cuencas hidrográficas del acuífero del norte para que a través de este mecanismo se proteja y conserve el área de captación de nuestro mayor acuífero, armonizando las actividades económicas con la conservación de los recursos.

• PROTECCIÓN DE LOS ABASTOS DE AGUA

• • • Establecer por ley la restauración y conservación de los acuíferos del sur; y utilizar todos los mecanismos disponibles para evitar aumentar la sobre explotación de los acuíferos, tales como: moratorias en la construcción de desarrollos extensos y cambios de zonificación, el Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico, el re-uso de aguas usadas, incentivos a la ciudadanía, comercio e industria para la adquisición de equipo de bajo consumo de agua, la construcción de pequeños lagos o charcas de retención que puedan ser utilizadas para uso agrícola y la inyección subterránea.

    • Traspasar al DRNA la titularidad de aquellos cuerpos de agua que ostente la AEE, como son los canales de riego.  Se creará la “Ley para la Conservación y Protección de los Canales de Riego de Puerto Rico” para declarar como política pública la conservación y protección de los canales de riego por su importante función en el abastecimiento de agua para muchos sectores, incluyendo su uso como consumo por la ciudadanía y distintas actividades agrícolas.   Además, en las áreas cercanas a los canales de riego se promoverá distintas actividades como excursiones, caminatas, turismo ecológico y avistamiento de aves.

    • Enmendar el Plan Integral de Aguas de Puerto Rico para reducir aún más el malgasto de agua y aumentar los flujos en los cuerpos de agua para su función ecológica.

    • Establecer, por vía de legislación, un programa para todo Puerto Rico con metas alcanzables para reducir el consumo excesivo de agua a través de la educación, incentivos económicos y contributivos, que apunten hacia la sustitución de equipos ineficientes en uso de agua y el ahorro por uso sabio a nivel individual e institucional.

    • Integrar al sistema de distribución de agua potable en las zonas metropolitanas, de forma científica y sin sobrexplotar el recurso, los abastos provenientes de los acuíferos, que en buena medida sólo se utilizan en momentos de emergencia.

    • Legislar para proveer el apoyo técnico y material necesario para que allí donde existan las condiciones apropiadas, las comunidades puedan manejar, conservar y operar sus propios sistemas de abastos de agua.

    • Incentivar  la construcción en las casas y comercios de sistemas de colección de agua de lluvia para su utilización en aplicaciones que no se necesita agua potable.  Además se establecerán programas pilotos por medio de legislación y en coordinación con los centros universitarios para construir cisternas comunales, que también permitan recoger el agua de lluvia de los techos de las casas y centros comunitarios, almacenándolas de esta forma para su utilización en necesidades de agua no potable.

    • No se contemplará la construcción de más “súper-acueductos”, por entender que los mismos van principalmente dirigidos a servir la continua expansión y desparramamiento de las áreas urbanas a través de nuevos desarrollos urbanos.

    • Integrar y mejorar la legislación existente para desarrollar programas que protejan las cuencas hidrográficas que nos suplen –actual y potencialmente- el agua potable, de tal forma que se logre mantener, conservar y restaurar la calidad y cantidad del recurso agua en las nacientes de la red hidrográfica.

    • Lograr, a través de legislación, que para el año 2021 todas las aguas servidas en Puerto Rico tendrán al menos tratamiento secundario; y para el 2027, tratamiento terciario.  Además, se implantará una política pública de reciclaje de estas aguas usadas, para que en lugar de lanzarlas al mar, luego de tratamientos biológicos y químicos adecuados, estas puedan reintegrarse a la red hídrica para su posterior utilización.

    • Transformar la política de construir plantas regionales de tratamiento de aguas usadas, favoreciendo la construcción de plantas locales, por ser estas más fáciles de manejar, potencialmente menos contaminantes y más económicas.

    • Promover la utilización de metodologías alternativas sustentables para el tratamiento de las aguas usadas.

    • Establecer procedimientos de uso de agua a los desarrolladores antes de otorgarse el permiso de construcción.

    • Establecer leyes y reglamentos para verificar la disposición de aguas usadas industriales.

• INFRAESTRUCTURA GRIS O CONSTRUIDA

• • • Establecer un programa para la AAA por vía de legislación para lograr la sustitución del sistema de tubería de distribución de agua potable en 5 años; con el propósito de renovarlo y desarrollar programas intensivos de reducción de pérdidas de agua, para disminuir las roturas y salideros a 25% en el 2018 y al 15% en el 2020.

    • Estimular por la vía de legislación y reglamentación un uso mayor de asfalto reciclado en la reparación y mantenimiento de carreteras; incentivar a los centros universitarios a experimentar con materiales nuevos o combinaciones nuevas de materiales conocidos para el mantenimiento de las vías de rodaje;

    • Establecer por vía de legislación para cada agencia que tiene jurisdicción sobre aspectos y elementos de la infraestructura construida, una separación porcentual obligada de su presupuesto para utilizarse exclusivamente en el mantenimiento anual de la misma.

    • Establecer que cualquier intento de reducir tiempos de trayectoria en las vías de rodaje será llevado a cabo a través de mejoras no estructurales; mejoras geométricas y por la conversión de vías existentes a expresos, para así no seguir aumentando la huella de nuestra infraestructura vial.

    • Iniciar, de forma programada, el dragado de todos los embalses de agua en el país, comenzando por aquellos cuyas condiciones de sedimentación y requerimientos de demanda son mayores y afectan el suministro de agua en la isla.

    • Trasladar a las instalaciones aeroportuarias de Punta Borinquen en Aguadilla, las instalaciones de la Base Muñiz de la Guardia Nacional en Carolina, para así convertir el aeropuerto internacional en uno enteramente civil que pueda convertirse en una de las facilidades de mayor uso en el Caribe.

    • Integrar y promover la Tecnología de la Información con la red de fibra óptica de la AEE para aumentar el uso y los servicios de la industria informática a todos los niveles.

    • Establecer consorcios municipales para el reciclaje y desarrollo de mercados de los mismos, para así manejar y promover la regionalización de esta industria.

    • Restablecer, con el apoyo gubernamental a todos los niveles, la fabricación de botellas y productos de vidrio en Puerto Rico, organizando esta empresa como cooperativa o corporación especial propiedad de trabajadores.

    • Apoyar, en coordinación a los centros universitarios especializados, el desarrollo de una red efectiva para el aviso temprano de tsunamis.

    • Establecer una red de mareógrafos alrededor de la isla.

    • Crear, con todos los atributos, enlaces y equipos necesarios, la Oficina Meteorológica Nacional para trabajar todo lo relacionado al tema climático en Puerto Rico, y dentro de un contexto regional caribeño.

    • Aumentar el presupuesto de la Red Sísmica de Puerto Rico de tal forma que puedan funcionar efectivamente las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

• INFRAESTRUCTURA GRIS: ACCESO A VIVIENDA

• • • Actualizar el inventario de viviendas y terrenos disponibles en todo Puerto Rico para determinar el uso racional de los mismos en base a la demanda y oferta existente y a la realidad socioeconómica y demográfica del país. 

    • Otorgar títulos de propiedad a familias residentes en terrenos, públicos o privados, donde las viviendas que constituyen su hogar estén ubicadas en terrenos firmes y cuya localización no constituya una amenaza para la salud. Se prestará atención especial a las áreas designadas como "comunidades especiales" entre los años 2001 y 2004.

    • Ofrecer ayuda técnica y financiera, mediante subsidios y préstamos a bajo interés, a residentes para que ellos mismos mejoren sus viviendas y comunidades.

    • En aquellos sitios donde sea necesario la relocalización de familias, porque el terreno no permite su rehabilitación, se proveerán medios, ayuda técnica y se establecerá un protocolo de desalojo con apoyo de profesionales de la conducta dejando que la comunidad participe activamente en su relocalización.

    • Se respetará la integridad de las comunidades en los Planes de Ordenamiento Territorial preparado a nivel municipal y en el Plan Nacional de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PNUT-PR).

    • En el caso de los residenciales públicos, sólo dotando a los residentes de participación activa en la administración y mantenimiento de los mismos por medios de asociaciones de vecinos, con apoyo técnico y económico del Gobierno, es que éstos se sentirán en control de sus vecindarios y se mejorará la situación en que se encuentran. La política de privatizar la administración de los residenciales no ha sido efectiva en mejorar las condiciones de vida de los residentes. Por el contrario, múltiples quejas de residentes salen a relucir en relación a: incumplimiento de funciones, patrones de persecución y hostigamiento contra residentes que fiscalizan, violación de derechos a familias por turnos o servicios preferenciales a otros residentes, componendas de funcionarios de privatizadora o municipio con algunos residentes paras controlar juntas comunitarias en toma de decisiones, entre otras.

    • Legislar para hacer realidad el derecho a la vivienda de las personas sin hogar que debido a sus problemas particulares requieren del Gobierno la asignación de recursos económicos para la creación de albergues temporeros y vivienda permanente adaptada a sus necesidades. Se enfatizará a la población envejecida que no posee los recursos para tener una vivienda digna.

    • El Gobierno promoverá el movimiento cooperativo de viviendas y la coordinación de creación de juntas comunitarias en todos los vecindarios. Estos tendrán representación en los procesos formales de planificación urbana dentro del gobierno municipal.

    • Revisar la legislación referente a desahucio de familias de sus hogares para que el incumplimiento de pagos de renta se garantice por otros métodos legales como la demanda por incumplimiento de contrato para aquellos que pueden pagar pero se nieguen y mediante subsidios gubernamentales para aquellas personas sin recursos para hacerlo.

    • Proveer incentivos para rehabilitar edificios abandonados para uso como viviendas, particularmente dentro de los centros urbanos tradicionales y a lo largo de las mayores vías de transportación.

    • Apoyar organizaciones comunitarias que se dedican a trabajar con problemas de vivienda y crear programas de incentivos para promover la participación voluntaria desde las iglesias, escuelas y centros universitarios.

    • Promover, mediante incentivos y subsidios, la compra de viviendas para matrimonios jóvenes. Esta iniciativa gubernamental será utilizada como parte de las estrategias para rehabilitar los espacios residenciales desocupados dentro de los centros urbanos tradicionales en la mayor parte de los municipios de Puerto Rico.

    • Se aumentarán las deducciones contributivas por vivienda alquilada.

• INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA

• • • Establecer, como principio de política pública, que el desarrollo de la biotecnología será exclusivamente para el beneficio de la humanidad; cualquier beneficio económico que se derive de la investigación o implantación de la biotecnología y la ingeniería genética estará subordinada a este principio.

    • Legislar para prohibir el que se trastoquen genes en fetos y adultos humanos con el fin exclusivo de conseguir ciertas características hereditarias alegadamente deseables.

    • Prohibir que se utilice la información genética de una persona con el fin de determinar sus habilidades, debilidades, tendencias, aptitudes y cualquier otra condición o rasgo que permita la posibilidad de discriminar contra o a favor de esa persona.

    • Dada la existencia de empresas en Puerto Rico que experimentan con la constitución genética y la siembra de distintos cultivos alterados genéticamente, proponemos que a través de legislación se mantenga un conocimiento a nivel gubernamental y público, de todo proceso y resultados de alteración genética en plantas, animales o microrganismos, incluyendo las características específicas buscadas o encontradas; cualquier desarrollo, investigación e implantación de procesos técnicos, comerciales e industriales en lo sucesivo, se tendrá que autorizar por entidades gubernamentales capacitadas y competentes en la materia, luego de revisar y aceptar los resultados de estudios sobre los beneficios y desventajas del proceso.

    • Establecer un plan para sustituir la siembra de cultivos alterados genéticamente por cultivos tradicionales de pequeños agricultores, el desarrollo de la agricultura orgánica o establecer empresas de trabajadores dueños o cooperativas con los actuales trabajadores y empleados de las propias compañías semilleras.  La meta es legislar para que se prohíba  la importación, venta o siembra de semillas genéticamente modificadas en Puerto Rico.

    • Asegurar, a través de legislación, que todo organismo vivo, alterado genéticamente no pueda ser liberado a propósito o accidentalmente a la vida silvestre en la medida que no se conozca los efectos a corto y largo plazo de dicha acción.

    • Se creará la “Ley de Etiquetas para Alimentos Genéticamente Modificados” para que todo producto alimentario o para cualquier tipo de consumo humano o animal que haya sido alterado genéticamente o que uno de sus componentes haya sido alterado de esta forma, deba estar rotulados a tales efectos, para que el consumidor pueda tener la opción de consumirlo o rechazarlo conscientemente.

    • Legislar para prohibir la siembra y distribución de alimentos que contengan o se originen de OMG (organismos genéticamente modificados). La ingeniería genética no ha demostrado ser segura ni es precisa. Han ocurrido situaciones donde ocurren cambios inesperados en el proceso como lo son la producción de toxinas y alérgenos en concomitancia con el proceso de alteración genética. Se ha documentado daños al hígado y al sistema inmunológico de animales con la ingestión de OMG. Hasta ahora la palabra de las agencias reguladoras es lo que se utiliza para desregular el uso de estos productos. Las compañías utilizan el precepto de “equivalencia sustancial” para determinar si un alimento es seguro o no , el cual no demuestra seguridad alguna .Casi todos los cultivos transgénicos son resistentes al Roundup por lo que estos alimentos contienen residuos de glifosato. El glifosato ha sido declarado un probable cancerígeno por la OMS (Grupo 2A).La soberanía alimentaria se puede lograr con técnicas agroecológicas avanzadas

    • Estimular a nivel público y privado la investigación sobre la utilización de la biotecnología para necesidades nacionales. Por ejemplo, la producción de microrganismos que puedan metabolizar contaminantes persistentes.

• PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL

Puerto Rico ha experimentado un crecimiento residencial, industrial y comercial extenso que ha afectado otras actividades urbanas. La expansión urbana espontánea se ha caracterizado por su alto grado de centralización en el área metropolitana de San Juan. Las administraciones anteriores han aprobado reglamentos para ordenar la expansión urbana pero muy pocos han sido implantados en su totalidad. La ausencia en la implantación de los planes provoca múltiples males: recrudece el crecimiento urbano horizontal reduciendo la disponibilidad de viviendas; derrocha terrenos agrícolas; aumenta la dependencia en el automóvil y las congestiones de tránsito; produce inundaciones más frecuentes y dañinas; sobrecarga la infraestructura existente; aumenta el cierre de urbanizaciones desplazando el crimen de una zona a otra; se bloquean aceras y calles a l@s peaton@s por la falta de estacionamiento; y emerge una visión antiestética de las ciudades, entre otros.

Vemos como mientras algunos optan por emigrar de los pueblos pequeños a los grandes centros urbanos para trabajar, estudiar y poder realizar más fácilmente gestiones en agencias; otros se ven obligados a vivir en la periferia de la zona metropolitana y viajar largas distancias, aumentando en tránsito vehicular, la inversión en carreteras y disminuyendo el tiempo y la calidad de vida con sus familias.

De igual forma, el fenómeno de permitir el establecimiento de grandes centros comerciales y mega-tiendas en la periferia de las ciudades, condena los cascos urbanos de los pueblos a convertirse en vecindarios fantasmas al tiempo que liquidan del comercio local allí ubicado, lo que denota la falta de una visión urbanística integral del Gobierno. El Partido Independentista Puertorriqueño se compromete en adoptar los principios de diseño urbano de escala comunitaria conocidos como el "Nuevo Urbanismo".

Esta corriente de diseño contiene los siguientes principios de:

1. Diseño para facilitar el movimiento peatonal dentro de las áreas urbanas.

2. Fortalecer la conectividad entre los diferentes usos de terrenos alrededor de los vecindarios para minimizar dependencia del vehículo de motor.

3. Promover la integración de actividades urbanas en un mismo lugar.

4. Rediseño de áreas residenciales mixtas (condominios, "walk-up", viviendas unifamiliares conectadas)

5. Diseño arquitectónico y funcional para satisfacer la demanda y necesidades de la población residente y visitante.

6. Fortalecer las estructuras y espacios sociales de los vecindarios.

7. Aumento en la densidad poblacional de los vecindarios residenciales.

8. Proveer sistemas eficientes de transporte colectivo a los vecindarios.

9. Garantizar la sustentabilidad de la comunidad mediante el fomento de micro empresas, cooperativas y actividades no nocivas al ambiente dentro de la comunidad.

10. Mejoramiento absoluto de la calidad de vida de tod@s l@s residentes mediante la implantación de los principios antes descritos.

Para que este concepto responda a las necesidades de las comunidades, hay que verlo como un derecho  ciudadano al uso del espacio público y darle participación  a través de consejos o juntas vecinales y asociaciones, además de expertos y autoridades municipales. Hay que replantearse el modelo urbanístico y dotar de herramientas a l@s ciudadan@s para abrir este ámbito a la población. ¿Quién mejor que la ciudadanía conoce sus propias necesidades?.

El cambio vendrá de poner el urbanismo al servicio de las necesidades de todas las personas, solo así podremos conseguir una ciudad más inclusiva. Las necesidades de la infancia, la vejez, la juventud, las personas con diversidad funcional, las personas sin techo, tienen que tener una respuesta desde el urbanismo.

La falta de una política de densificación adecuada ha ocasionado también la pérdida acelerada del potencial de productividad agrícola de muchos terrenos. Se estima que en los últimos 25 años se ha reducido el terreno agrícola en más de un 15 por ciento. Esta situación abona a la preocupación de muchos científicos locales sobre nuestra seguridad alimentaria, si consideramos que importamos más del 90 por ciento de lo que consumimos y que los efectos del calentamiento global demandan medidas urgentes de los gobiernos para asegurar abastos básicos para sus poblaciones.

Todas ellas constituyen prácticas contrarias a un buen uso de terrenos y a una planificación adecuada y denota la falta de voluntad de la agencia con el deber ministerial de hacer cumplir la reglamentación y el ordenamiento vigente- Junta de Planificación de Puerto Rico. Tal ha sido el caso de la propuesta de un nuevo Plan de Uso de Terrenos y las controversias que el mismo ha generado desde sus inicios.

Por todo ello, el PIP propone:

• • • Dar prioridad al desarrollo del Plan Nacional de Usos de Terrenos, siendo rigurosos en su implantación, conciliando los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios con el mismo y evitar las variaciones. Hay que fiscalizar el uso juicioso de los terrenos y monitorear el estado de las áreas dispuesta para conservación, actividades necesarias para nuestra convivencia en sociedad, teniendo siempre la sustentabilidad ecológica y la justicia social como norte en toda propuesta.

      • • Utilizar y desarrollar herramientas que puedan usarse para evaluar el cumplimiento y las metas del Plan, tanto por el gobierno como por la ciudadanía.

• • • Actualizar y difundir los mapas de inundaciones de Puerto Rico. En la actualidad hay miles de familias puertorriqueñas que desconoces que su vivienda está ubicada en zonas inundables.

    • Actualizar archivos digitales de las fotografías aéreas e imágenes termales recientes de toda la isla para usos de planificación y educación ambiental en las escuelas.

    • Incorporación del ordenamiento territorial propuesto en el portal Puerto Rico Interactivo para uso de la ciudadanía general (particularmente en las escuelas y universidades del país). Este portal de la Junta de Planificación de Puerto Rico debe ser utilizado como herramienta entre ciudadanía y técnicos de la Junta de Planificación para mantener abierto al público las etapas de elaboración del plan nacional de usos de terrenos, planes regionales y planes de ordenación territorial municipal.

    • Desarrollar económicamente los municipios más afectados económicamente del país para disminuir las desigualdades existentes entre unos y otros. Dados los problemas de viabilidad económica de muchos municipios se considerará la formación de consorcios municipales para garantizar una mayor efectividad y coordinación en la prestación de servicios. Los mismos no estarán sujetos a la voluntariedad de l@s alcaldes o alcaldesas sino a las necesidades identificadas en las regiones y a la distribución de competencias entre los municipios y el gobierno central para procurar un desarrollo equilibrado del país.

    • Revisión de las disposiciones sobre Ordenamiento Territorial y Planificación Municipal en la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. Las disposiciones relacionadas a la preparación de los planes territoriales no han sido revisadas ni enmendadas en más de 21 años. De hecho, ¿Cuántos municipios han implantado o revisado sus planes territoriales? La contestación nos indicaría que esta ley ha sido un fracaso debido a que todos los planes territoriales debieron estar hechos para 1996. El Capítulo 13 -Ordenamiento Territorial- hay que revisarlo y ajustarlo a la realidad de la planificación en Puerto Rico hoy día. La nueva ley de planificación dentro de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico tiene que ser más amplia, e integrar sectores no-tradicionales como las comunidades, desarrolladores, ambientalistas, sectores religiosos, educadores entre otros.

    • Controlar la expansión horizontal espontánea y el derroche de terrenos con políticas de densificación adecuadas que consideren el inventario de terrenos, las viviendas y estructuras en abandono disponibles, e incentivos adecuados y razonables para promover su desarrollo.

    • Centralizar gestiones de obtención y manejo de estadísticas bajo un Instituto Nacional de Estadísticas que pueda estar integrado a organismos internacionales. El manejo de los datos e información estadística en la isla es una tarea dispersa que no garantiza calidad cualitativa ni cualitativa. Por años, la Junta de Planificación fue la agencia designada para el manejo de la información necesaria para realizar los diagnósticos económicos, sociales, ambientales y urbanos de la isla pero en muchas ocasiones la información era obsoleta. Recientemente se creó una nueva dependencia para establecer unos canales de análisis y difusión más eficientes pero su estructura no garantiza que se pueda mejorar las metodologías utilizadas.

    • Estandarizar y centralizar los Sistemas de Información Geográficos (SIG) de todas las agencias y entidades públicas. En los pasados 25 años se ha invertido millones de dólares en equipo, programas y entrenamiento para el manejo de los sistemas de información geográficos. Estos SIG han aflorado en agencias, alcaldías y corporaciones públicas con grandes contratos para entrenamientos. La poca coordinación interagencial ha generado una cartografía sin estándares de diseño y presentación de información.

    • Conservar los espacios públicos en las áreas libres existentes y crear nuevos centros de esparcimiento y reunión necesarios para la vida colectiva y a tono con la variedad de usos requeridos en las ciudades.

    • Desarrollar una política firme de construcción/reconstrucción de viviendas con el propósito de que no se amplíe la huella urbana. Para ello será mandatario la rehabilitación y densificación de las áreas urbanas actualmente en deterioro. A tales efectos se modificarán los tipos contributivos aplicables a la contribución sobre la propiedad para desalentar la expansión urbana horizontal, entre otras medidas.

    • Declarar una moratoria en la construcción de proyectos de grandes centros comerciales e incentivar a la par el desarrollo comercial de los cascos urbanos.

    • Mejorar el diseño y articular el conjunto arquitectónicamente de forma tal que produzca una imagen de ciudad reconocible para sus habitantes y visitantes.

    • Requerir a la Junta de Planificación que elabore un Plan de Crecimiento Urbano Nacional de Puerto Rico que sirva también de base para el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial en los municipios y que reciba el insumo de expertos de la Universidad de Puerto Rico y organizaciones profesionales tales como el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos.

    • Proveer ayuda técnica y financiera a municipios pequeños para que puedan desarrollar sus planes de ordenamiento en armonía con ese Plan de Crecimiento Urbano Nacional.

    • Evaluar sistemáticamente las estructuras y solares abandonados para determinar cuáles son susceptibles de expropiación con el fin de reutilizarlas o restaurarlas para vivienda de interés social.

    • Integración de programas graduados de planificación, arquitectura, ordenación territorial e ingeniería en la planificación desde el sector público en Puerto Rico. Las universidades representan un recurso importante en la planificación urbana, económica, social y ambiental en la isla. Investigaciones, tesis, disertaciones, proyectos grupales pueden ser canalizados a través de las necesidades que enfrentan muchas agencias de gobiernos en la preparación e implantación de planes.

    • Mejorar los sistemas de rotulación: señales de tránsito, identificación de carreteras, urbanizaciones y puntos de interés dentro del sistema vial de la isla.

    • Se aprobará legislación para prohibir la instalación de tableros digitales de anuncios que iluminen un área residencial.

    • Incentivar la creación de estacionamientos multipisos en estructuras abandonadas, particularmente en zonas o avenidas principales donde se mezclan usos residenciales y comerciales, para reducir el uso y bloqueo de las aceras para estacionamiento.

    • Reglamentar cuándo se realizan obras de construcción o reparación de carreteras principales para que no coincidan con horarios de alto tráfico vehicular.

    • Se insistirá en la aprobación de un proyecto de ley para crear el Fondo Especial de Pavimentación de Caminos y Carreteras Municipales.

    • Los expedientes administrativos de los asuntos ante la consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y del Departamento de Protección Ambiental, incluyendo las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), estarán disponibles para inspección del público en sus oficinas centrales o regionales, durante horas laborables y publicados en su página o red electrónica garantizando el acceso gratuito a los mismos.

    • Se realizará una evaluación y transformación de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), comenzando por eliminar la figura del Profesional e Inspectores Autorizados, ya que estos no han garantizado la calidad en la otorgación de permisos.

    • La aprobación de legislación estableciendo como política pública la utilización de los terrenos dentro de la huella urbana existente para todo nuevo proyecto de vivienda, comercio e industria; así como para designar las cuencas hidrográficas como unidades básicas de planificación.

    • Creación de un plan de mitigación de eventos sísmicos para toda la isla. La misma será preparada por representantes de la comunidad científica, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Departamento de Educación de Puerto Rico, Junta de Planificación de Puerto Rico y la Oficina de la Primera Dama. Las estrategias deberán ser difundidas y discutidas en escuelas, organizaciones comunitarias y en los diferentes medios de comunicación. Este plan proveerá guías para toda la ciudadanía en las acciones a seguir ante los efectos de las ondas sísmicas, licuación de suelos, derrumbes y deslizamientos.

    • Los centros urbanos tradicionales se convertirán en los centros geográficos de todo nuevo proyecto residencial, comercial, industrial en todos los municipios de Puerto Rico. Más allá de los sectores denominados como "Barrio Pueblo" solo se podrán desarrollar terrenos aledaños que se localicen entre grandes extensiones urbanas.

• MEDIOS DE TRANSPORTE INTEGRADOS

• • • Restructurar de forma abarcadora la Autoridad Metropolitana de Autobuses para asegurar que rinda un servicio eficiente y acorde con las necesidades de la gente.  Esto supone restructurar algunas rutas, ampliar otras, o crear nuevas rutas en función de la maximización de las estaciones del Tren Urbano. Además, supone extender el servicio de autobuses a otros centros urbanos del país como Caguas, Bayamón, Arecibo, Mayagüez y Ponce dentro de un plan a largo plazo que contemple transportación masiva a todo el país.

    • Estimular el desarrollo de rutas de transporte público mediante la iniciativa de choferes individuales agrupados en asociaciones o cooperativas. Se facilitará la adquisición de vehículos y se legislarán exenciones contributivas en cuanto a arbitrios y tablillas a vehículos dedicados a esos fines.

    • Continuar con los planes de desarrollo y expansión del Tren Urbano integrando a las agencias gubernamentales relacionadas con la transportación y la planificación urbana la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, ARPE, los Municipios del área metropolitana y aquellos municipios aledaños a estaciones del Tren, tales como, Carolina, Toa Baja, Trujillo Alto, Toa Alta, Cataño, Caguas, entre otros para que se genere un proceso de planeamiento urbano en forma integral y ambientalmente responsable. Además, se establecerá una política pública clara de uso, manejo y administración del Tren Urbano.

    • El servicio de trasporte marítimo entre las islas-municipio de Vieques y Culebra será expandido hasta el terminal de lanchas de Hato Rey. De esta manera, el sistema se integra al servicio de Tren Urbano (TU) y facilitar el movimiento de l@s residentes de las islas-municipios hacia el área metropolitana de San Juan.

    • Establecer incentivos económicos para que las personas utilicen regularmente los sistemas de transportación colectiva- ya sea mediante exenciones, deducciones o créditos contributivos. Las personas retiradas podrán utilizar gratuitamente el sistema de transporte colectivo gubernamental.

    • Proveer el equipo a los sistemas de transporte colectivo para acomodar ciclistas y personas con limitaciones físicas dentro de las facilidades e instalaciones.

    • Integrar un curso educativo a nivel de escuela superior para futuros conductores de vehículos de motor, motoristas y ciclistas que incluya temas como: reglas de cortesía básicas al manejar, cómo interpretar la rotulación, el respeto a las leyes de tránsito, efecto del uso de alcohol y drogas al conducir, y nociones de mecánica básica para autos, motocicletas y bicicletas.