San Juan, Puerto Rico. 28 de marzo de 2016.- La candidata a la gobernación y vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, junto al candidato al Senado por Acumulación y Secretario General de la colectividad, Juan Dalmau Ramírez, y el candidato a Comisionado Residente, Hugo Rodríguez, expresó hoy, ante la presentación del borrador de legislación que daría paso a una Junta de Control Fiscal, que “ya no se trata de protestar ni de pedir migajas a los Estados Unidos, sino de exigir nuestros derechos como pueblo”.
La líder independentista indicó, además, que no existe mayor déficit que la deuda de democracia que tienen los Estados Unidos con Puerto Rico y que el colapso económico que hoy padecemos es el único resultado posible del sistema de inferioridad política que es el ELA.
“Le falta a la honestidad histórica y política quien a estas alturas pretenda obviar o minimizar que el problema de fondo es el estatus colonial. Por eso, acceder a cualquier forma de intensificación del control de los EE.UU. es como pretender apagar un incendio echándole leña al fuego. Cualquier iniciativa que persiga salvar la desacreditada ‘autonomía’ colonial, lo que busca es proveerle respiración artificial a la agonía territorial del ELA”, señaló la también Senadora Santiago.
Por esa razón, la oposición a la “promesa” de Junta de Control tiene que ser frontal, tajante y absoluta. Un liderato político tibio, flexible, mendigante, no es un liderato para estos tiempos. Desde el Partido Independentista, planteamos como exigencias:
1. En primer lugar, un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de un calendario de descolonización que conduzca a una votación entre alternativas no coloniales y no territoriales. Como punto de partida, insistimos en el Proyecto del Senado 719 de Asamblea de Estatus radicado el 13 de septiembre de 2013 sobre el cual la mayoría parlamentaria del Partido Popular se niega a actuar.
2. Como medidas inmediatas y, ante las severas limitaciones del ELA, que nos prohíben acceder a un mecanismo judicial propio de suspensión de pagos y de reestructuración de la deuda pública y que nos impiden recurrir a una fuente internacional de liquidez de emergencia, procede exigir a los EE.UU.:
a. un mecanismo de protección judicial ante la insolvencia del gobierno colonial.
b. un proceso de reestructuración (no moratoria, que solo provee un nuevo término para los mismos pagos) de deuda pública que sea vinculante para todos los acreedores, producto de nuestra propuesta del impago deliberado como estrategia política de presión.
c. una inyección de liquidez al Banco Gubernamental
Insistimos en que de nada sirve adoptar medidas de alivio fiscal si no se atiende el origen del mal que es la colonia; proponer una cosa sin la otra es un engaño imperdonable.