“Se ha aprobado en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, la imposición de una Junta de Control Fiscal federal: un grupo de estadounidenses por los que nadie en Puerto Rico habrá votado y que asumirán control total del país. Hoy, dos cosas tienen que indignar profundamente a los puertorriqueños, la primera, el desprecio demostrado por los EE.UU. en el debate y la aprobación de esta medida que representa la llegada de una dictadura al desnudo y, la segunda, el que haya quienes quieran sacar provecho político de esta humillación diciendo estar en contra de la Junta, pero reafirmando su lealtad de siempre al ELA que es el régimen de inferioridad política que le concede esos poderes absolutos a los Estados Unidos sobre los puertorriqueños.

La Junta no vendrá a “poner la casa en orden ni adjudicar responsabilidades por el desastre económico ni a promover desarrollo”, llegará a imponer medidas de austeridad que provocarán gran sufrimiento y necesidad: reducción de pensiones, recortes a la salud pública, privación de recursos para educación pública, eliminación de empleos públicos y a garantizar, por encima de cualquier otra consideración, que aparezcan al precio que sea los fondos necesarios para pagar a los acreedores de Wall Street.

Ninguna consideración ha merecido del gobierno de los EE.UU. la urgencia de que contemos con las herramientas sin las cuales es una fantasía cualquier propuesta de desarrollo económico, como la eliminación de las leyes de cabotaje, el poder para proteger nuestra industria y comercio, el control de la llegada de la materia prima y de las mercancías de las cuales dependemos, la conveniencia de gestionar financiamiento externo para la deuda y la capacidad de reestructurar la deuda en términos favorables para Puerto Rico.

La Junta es la más reciente bofetada colonial y la única respuesta digna es el repudio tajante al sistema colonial que la ha engendrado y el reclamo fuerte y claro de descolonización e independencia”.