“El alegato del Departamento de Justicia, extraordinario en su claridad, está evidentemente diseñado para no dar espacio a interpretaciones. Dice y repite el gobierno estadounidense: “la transición de Puerto Rico al autogobierno no alteró su estatus constitucional como un territorio de los Estados Unidos” y descarta con jurídico desprecio el argumento de la administración García Padilla de que “el pacto” entre Puerto Rico y los EE.UU. no puede ser modificado unilateralmente por el Congreso, enfatizando por el contrario, que el Congreso jamás consideró ceder su autoridad plenaria sobre nuestro país – ni siquiera vincularse a perpetuidad por la Ley 600.

Este es el colonialismo exhibido al desnudo, sin falsos pudores democráticos, destapado en su crudeza por quienes ostentan poder absoluto sobre Puerto Rico. Hablaron los dueños del circo que es el ELA, sin siquiera hacer mención de que el estatus de inferioridad sobre cuya imposición presumen ante el Tribunal Supremo, fue rechazado en una inimpugnada expresión democrática en la consulta de estatus de noviembre de 2012.

Pena dan los gemidos del PPD, buscando miserablemente una caricia escondida en esa contundente bofetada, y la patética celebración del anexionismo, que aspira a la unión permanente con un país que sin contemplación alguna trata a Puerto Rico con olímpico desprecio.

Los tiempos han cambiado, y hoy el gobierno de los EEUU declara sin reservas aquello cuya denuncia ha costado persecución y discrimen al independentismo.

Resuenan las palabras de Albizu: se acerca el momento de la suprema definición. O yanquis o puertorriqueños”.

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