El informe sobre la concesión ilegal de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico recoge los repugnantes extremos a los que pueden llegar el amiguismo, la politiquería y la falta de verticalidad cuando se apoderan de nuestro sistema universitario. Para privilegiar a personas cercanas al PPD y a la administración universitaria se ignoraron requisitos, se violaron procedimientos y se desoyeron las advertencias oportunas de la comunidad universitaria. Decenas de miles de dólares se le entregaron a individuos vinculados a Fortaleza y a Antonio García Padilla, hermano del gobernador o con parentela en la Junta de Gobierno de la UPR. Ninguno de ellos aportaría, tras terminar sus estudios, servicios que la UPR necesitara. Tuvieron acceso privilegiado a quienes intervenían con la concesión de becas, no se les requirió demostrar necesidad económica, recibieron sus cheques antes de que se firmara el contrato de beca, presentaron solicitudes incompletas, irregulares o a destiempo y se crearon para ellos plazas innecesarias con el único fin de que pudieran figurar como docentes de la UPR y cualificar así para recibir dinero. Estos personajes son la muestra de que quien no tiene padrino, no se bautiza, porque mientras gracias a sus conexiones ellos eran favorecidos, se quedaron en el camino profesoras y profesoras dedicados, con mérito propio, que por años han ocupado plazas temporeras. Lo que ocurrió con las becas es un crimen contra los fondos públicos, pero también una burla al sistema de mérito, un hurto de oportunidades a profesores comprometidos con su universidad. Tiene que llenar de indignación que cuando se cuestionó lo que estaba pasando, los responsables se contentaran con decir que eran presiones del hermano del gobernador y que “así son las cosas en la Universidad”.

Desde marzo, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia indicó que estaban estudiando el escándalo de las becas presidenciales. ¿Dónde están los resultados de esa investigación tras más de cuatro meses? ¿Esperando a que el Informe no viera la luz pública? Hago un llamado a que todas las autoridades pertinentes, tanto de la Universidad como del Departamento de Justicia, respondan, con eficacia, imparcialidad y celeridad ante este repudiable esquema. Las personas involucradas, dentro y fuera de la Universidad no merecen ocupar espacio alguno en la gestión pública del país y deben responder ante la ley. Hay que ponerle fin a la impunidad.

Que esta sea la alarma que anime a un cambio profundo en la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico y a una investigación abarcadora y seria sobre nombramientos, asignación de recursos y concesión de privilegios como descargas académicas en todo el sistema.