Programa de Gobierno 2016

Desarrollo Económico

• INTRODUCCIÓN

Toda discusión seria y realista del tema de desarrollo económico de Puerto Rico tiene que partir de tres elementos fundamentales. En primer lugar, la aceptación del fracaso del modelo económico colonial, anclado en la inferioridad política, la promoción de la dependencia y la politización e incompetencia en la gestión gubernamental.  Para dar fe de ese fracaso tenemos la impagable deuda pública, el éxodo de un cuarto de millón de puertorriqueños en menos de una década, una tasa de participación laboral de apenas 40% y el desmoronamiento de diversas actividades económicas.  

El segundo elemento es la necesidad de un avalúo de lo que tenemos, y de un análisis de nuestras vulnerabilidades, para de ahí iniciar el tránsito a otros estadios de producción.  Dos ejemplos de esas vulnerabilidades son el hecho de que el 85% de los alimentos que consumimos provienen del exterior, mientras que el 70% del valor de las exportaciones corresponde al sector químico y farmacéutico.  

El tercer elemento es la importancia de la incorporación del concepto de eslabonamiento a las actividades productivas, en oposición a la estrategia de modelos aislados, como ha sido el caso de los privilegios contributivos desligados de otros tipos de incentivos y sin vínculo con otras actividades económicas. La presencia de capital exterior es útil y necesaria, pero sólo aporta al desarrollo real de Puerto Rico si moviliza los recursos internos. 

Las estrategias utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico, dentro del presente marco de subordinación política, han evitado un proceso de desarrollo económico que use al máximo sus recursos para potenciar plenamente la capacidad empresarial, reducir la dependencia, generar más empleos sin tener que inflar la nómina pública, lograr mayor equidad y tener mayor control de las decisiones económicas fundamentales. Para insertarse exitosamente en la globalización y participar plenamente en la búsqueda de nuevas oportunidades hay que ser miembro en propiedad de la comunidad internacional, con facultad de participar en las mesas de negociación en las que se fraguan estos acuerdos. Aunque no hay que esperar a la Independencia para comenzar a sentar las bases para enfrentar más efectivamente los retos del mundo moderno,  las medidas que se tomen dentro de las limitaciones del régimen colonial sólo podrán cristalizar cuando desemboquen en la adquisición de los poderes consustanciales a la Independencia.

• LA SITUACION ECONOMICA DE PUERTO RICO

Hay otros datos esenciales para analizar esta coyuntura: contrario a la creencia propagada por el régimen, el aumento en transferencias federales no ha traído prosperidad a Puerto Rico, sino que ha sido al revés.  En el 1970 las transferencias federales constituían el 7% del Producto Nacional Bruto, y para ese año el crecimiento  económico real del país fue de un 7%.  Casi medio siglo después, para el año 2015, las transferencias de los Estados Unidos a los puertorriqueñ@s alcanzaron un 24.4 % del PNB y la tasa de crecimiento económico fue de -0.6.  Otro dato a considerar es que a pesar de la llegada de las 936, para la década del '70 comenzó la imparable caída económica: para los '80, el crecimiento bajó a 2.0%;  para los '90, un levísimo repunte a 2.8% y para principios de siglo llegamos a -.20%.  Y según los estimados base de la Junta de Planificación, la proyección para el año 2016 es de -1.2  y de -2.0%  para el año 2017. 

 Pero--y éste es un punto medular-- durante esos mismos períodos, los rendimientos de capital que van al exterior (que agrupan ganancias, dividendos,  y un renglón menor de intereses) se dispararon de $593 millones (año 1970) a $35,996.9 millones el año pasado. Sin embargo, como consecuencia del disfuncional sistema contributivo de Puerto Rico los ingresos tributarios bajaron de un 10.1% de Producto Interno Bruto  el año 1970 a un 8.3% en el año 2015.  A esto debemos añadir que del 2005 al presente hemos experimentamos una emigración que asciende a alrededor de 300,000 personas, padecimos de una reducción en la Inversión en Capital Fijo (maquinarias, edificios e infraestructura) de un 20% del producto bruto en el año 2000 a un 10% en el 2014, tenemos una tasa de desempleo que aún en los periodos de algún crecimiento nunca se ha reducido menos de un promedio de 10% anual y que asciende a 14.4% para el 2014, la tasa de participación laboral, (la cantidad de la población con capacidad de trabajar que está trabajando o buscando trabajo), está en 40%,  de 46.2% que era en el 2000. El porciento de personas por debajo del nivel de pobreza asciende a 45.4%, un porciento alto comparado tanto con los estados más pobres de Estados Unidos y con muchos países de la región del Caribe. En resumen: pérdida de la población en su edad más productiva, empobrecimiento de la población que permanece, dependencia sin desarrollo y sin creación de empleos y el gobierno en crisis fiscal.

La incapacidad  del gobierno para allegar recursos, no le permiten mantener el nivel modesto de servicios para la población y a la vez pagar la deuda. Desde el año 2000 la deuda de las corporaciones públicas y el gobierno central ha crecido a una tasa promedio anual del 7% al 8%, mientras que las fuentes de pago para la amortización de la deuda y los intereses, a saber, los ingresos netos al fondo general y las ganancias de las corporaciones públicas han crecido en el primer caso a una tasa promedio de 1.9%.  A su vez las corporaciones públicas en conjunto han acumulado pérdidas totales de 6 mil millones de dólares desde el 2005. Bajo esas condiciones, la incapacidad de las recaudaciones del gobierno en uno u otro sector para pagar la deuda, en un marco de estancamiento económico, nos confronta con la posibilidad real del impago, el aumento en tarifas de servicios de las corporaciones públicas y el empobrecimiento acelerado del país. 

A pesar del cuadro claro que pintan estos números, persiste, para la conveniencia de algunos sectores, la idea de que la deuda se resuelve discutiendo la deuda y de que ahí empieza y termina el tema económico.  La verdad es mucho más compleja: el problema de fondo es la atrofia del sistema económico, abonada por un sistema diseñado para inhibir el crecimiento del país.  Y es que en ninguna relación de desigualdad, en ninguna--ni en lo personal, ni en lo comercial, ni en lo político, la parte en la situación de inferioridad tiene posibilidades de progresar.  

Sólo la re-negociación de la deuda dentro de un plan de desarrollo económico donde el país tenga las herramientas que tienen los países independientes nos permitirá una salida menos dolorosa y más justa. La Resolución Conjunta 653, radicada el 11 de enero de 2016 por la Senadora María de Lourdes Santiago, exige el impago de la deuda como un mecanismo para re-negociar la deuda, el desarrollo económico y la solución al problema colonial.

• DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

Se hace impostergable la adopción de una estrategia de desarrollo sustentable que oriente la utilización racional y ordenada de los recursos naturales, de forma tal que conservemos ese patrimonio para el uso y disfrute de las generaciones futuras. Ese es precisamente el enfoque adoptado por los países más avanzados, particularmente aquellos gobernados por partidos políticos fraternos del PIP. El acuerdo al que llegaron la mayoría de las naciones del mundo, convocadas por la ONU en París en noviembre de 2015, apunta a consensos nunca antes logrados por la humanidad. Puerto Rico tiene que inscribirse en esa línea de acción mediante la puesta en marcha de políticas económicas fundamentadas en los principios adoptados en ese cónclave.

En síntesis, el PIP propone una visión de crecimiento económico centrado en el ser humano, amparada en las nuevas corrientes de pensamiento del desarrollo internacional y, como se indicó, suscrito por la ONU y agencias similares. Nuestro enfoque de desarrollo económico sustentable busca impulsar medidas que promuevan una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza; que enfaticen en una mejor educación y salud colectivas como medios para lograr un crecimiento equilibrado entre todos los sectores poblacionales, y como una forma de garantizar aumentos en la productividad; que mejoren las condiciones de trabajo, incluyendo formas innovadoras de participación laboral en empresas privadas y cooperativas; y que garanticen a la vez la conservación de los recursos naturales no renovables.

• FUNDAMENTOS PARA UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Existen múltiples elementos favorables al desarrollo de la economía puertorriqueña aún dentro de las condiciones actuales. Puerto Rico cuenta con una infraestructura relativamente buena, aunque en deterioro, y un conocimiento tecnológico adecuado. Su red de centros educativos puede agilizar la preparación de los recursos humanos, tanto en el área de servicios como en el de producción. La localización de Puerto Rico como centro geográfico de rutas comerciales es un recurso de fundamental importancia para promover el comercio internacional. El potencial de su mercado interno, trátese de bienes de consumo o de bienes intermedios y de capital, es considerable. Cuenta con tierra cultivable cuyo potencial de producción no ha sido explotado pero que es capaz de contribuir a nuestra seguridad alimentaria y complementar las estrategias de creación de empleos mediante la sustitución de importaciones y la exportación de productos de alta calidad. Dispone de un sector financiero sumamente experimentado y diverso, con un sector cooperativo cuyos activos sobrepasan los $8 mil millones, en el cual sobresalen las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas de seguro. Además, la estabilidad política que representa nuestra tradición más que centenaria de participación en procesos electorales iniciada mucho antes de 1898, nuestro respeto por los derechos humanos y la existencia de un sistema judicial independiente, constituyen importantes condiciones que favorecen el desarrollo económico mediante la inversión de capital extranjero y local.

A lo anterior se añade el potencial de producción de bienes y servicios de nuestras comunidades urbanas y rurales de ingresos bajos y moderados, el cual no ha recibido el apoyo necesario para su pleno desarrollo, debido a la visión prejuiciada de las administraciones de los gobiernos coloniales.

El problema no es, pues, ausencia de recursos y de potencial de crecimiento, sino la falta de poderes y la voluntad política para ponerlos al servicio de una política coherente de desarrollo industrial, agrícola, comercial y comunitario. Es necesario “soltar amarras” para colocar los activos con que cuenta Puerto Rico al servicio de los intereses de nuestro pueblo.

Es particularmente importante contar con la voluntad política para vencer las restricciones institucionales que, como consecuencia de nuestra condición colonial, limitan nuestras posibilidades de desarrollo. Entre éstas cabe citar la incapacidad para suscribir tratados y acuerdos comerciales, las Leyes de cabotaje, que encarecen la transportación marítima y dificultan una planificación más adecuada de las redes de intercambio comercial, y el sistema arancelario norteamericano respecto a terceros países, que nos dificulta la articulación de relaciones comerciales con éstos. La superación plena de estas restricciones presupone la Independencia; no obstante, esto no significa que no podamos exigir y negociar al presente. Es impostergable la necesidad de poner en manos de Puerto Rico el control sobre su economía y comercio.

Sustentabilidad y soberanía nacional son elementos indispensables para el despegue de la economía puertorriqueña, así como para la superación de un modelo de desarrollo que se anquilosó y que no responde a la realidad contemporánea del país.

• COMERCIO INTERNACIONAL

Puerto Rico es una economía abierta, es decir, el valor combinado de sus exportaciones e importaciones tiene un gran peso cuando se compara con el valor de la producción total. Por lo tanto, la consideración de la política comercial es un elemento indispensable en una estrategia de desarrollo económico nacional. Esto es ahora más cierto que nunca, a la luz de la dinámica de la economía internacional.

Como objetivos básicos de la política de comercio exterior están los siguientes:

• Acceso a mercados y servicios financieros en armonía con nuestra estrategia de multiplicación de opciones.

• Establecimiento de vínculos con otros países, a nivel bilateral y multilateral.

• Atracción de inversiones de capital extranjero compatible con el desarrollo sustentable.

• Promoción de exportaciones de bienes y servicios, subrayando la estrategia de diversificación del perfil de las mismas, así como el acceso a diferentes mercados.

• Sustitución racional de importaciones agrícolas y de productos manufacturados, en armonía con los compromisos que se contraigan por la vía de acuerdos bilaterales y por vía de los foros de negociación multilateral. Apoyo a empresas que en sus etapas iniciales necesitan ayuda especial hasta que logren la eficiencia y la escala necesarias para competir en igualdad de condiciones.

• Estrategias de comercio exterior que nos acerquen a nuestros vecinos caribeños y latinoamericanos, que constituyen nuestro mercado natural y nuestras fuentes potenciales de materias primas y bienes de consumo y de capital, a precios más competitivos y bajo condiciones más favorables para nuestra economía.

• COMPAÑÍA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

El cumplimiento cabal de estos objetivos supone la superación de las restricciones de nuestro sistema económico colonial. No obstante, aún dentro de las limitaciones actuales se puede comenzar a sentar las bases que permitan a Puerto Rico encaminarse hacia el logro de los objetivos de comercio externo antes mencionados.

El PIP propone implantar a corto plazo las siguientes medidas:

• Crear la Compañía de Desarrollo Empresarial para prestar servicios coordinados a las empresas pequeñas, corporaciones propiedad de trabajador@s y cooperativas, incluyendo: estudios de viabilidad, asesoramiento técnico y de mercadeo, contabilidad y otros, según se disponga en el Plan Maestro de Incentivos Industriales y servir de incubadora de empresas con capital mixto, privado y público y local e internacional.

• Promoción de la exportación de servicios educativos y de salud.

Cuando Puerto Rico sea un país independiente, también tendrá la capacidad necesaria para:

• Controlar todo el comercio exterior, exento de los aranceles norteamericanos que se imponen a los productos provenientes de países fuera de Estados Unidos, y Puerto Rico podrá, a su vez, imponer, si así lo desea, sus propios aranceles a esos productos. Esto servirá para disminuir el precio al consumidor de productos que actualmente pagan los aranceles norteamericanos en Puerto Rico, y para proteger industrias nacientes que ahora se encuentran indefensas en el sentido tarifario.

• Fortalecer su política de comercio externo mediante su participación en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio (WTO por sus siglas en inglés), la Asociación de Estados del Caribe, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y otras organizaciones de la región.

• Suscribir acuerdos comerciales con otros países, especialmente con el objetivo de lograr acceso preferencial a los mercados de Europa, América Latina y el Caribe.

• Concertar tratados contributivos con el resto del mundo, especialmente con el objetivo de lograr que se apliquen a Puerto Rico cláusulas de condonación contributiva (tax sparing) que representan incentivos similares a la antigua Sección 936 y que países como Japón, Alemania, Francia e Inglaterra ofrecen a países en vías de desarrollo.

• Utilizar barcos de cualquier marina mercante del mundo para el comercio entre Puerto Rico y puertos de los Estados Unidos.

Una vez se asuma el control del gobierno colonial, se gestionará del Congreso de Estados Unidos –como medida de transición -mediante las apropiadas resoluciones concurrentes que se suspenda la aplicación en Puerto Rico de las Leyes de cabotaje y las que limiten las facultades para proteger la agricultura, y la negociación de acuerdos comerciales con otros países.

• COMERCIO INTERNO

Gran parte del comercio interno de Puerto Rico está en manos de empresas comerciales extranjeras que operan grandes cadenas de tiendas. Estas cadenas compiten en desigualdad de condiciones, lo que les permite desplazar a los comerciantes pequeños y medianos, en su inmensa mayoría puertorriqueños. Esta dinámica ha provocado a lo largo de los años que muchos comerciantes del patio hayan cerrado operaciones. También ha resultado en el deterioro de las áreas comerciales tradicionales en nuestros pueblos y ciudades, mientras emergen nuevos centros comerciales en las afueras. Hay muchas medidas legislativas presentadas por las delegaciones del PIP para tratar de evitar este fenómeno, pero no han recibido la consideración de la mayoría parlamentaria.

No debemos perder de vista que, ante la recesión más prolongada de la historia moderna de Puerto Rico –cuyos inicios se remontan al mes de abril de 2006 y se extienden hasta el presente—han sido las empresas de capital local las que más se han afectado, perdiendo consecuentemente una proporción incremental del mercado doméstico. Para enfrentar esta situación, proponemos lo siguiente:

• Decretar una moratoria en la autorización de proyectos de centros comerciales en las afueras de los pueblos.

• Prohibir la re-zonificación de terrenos agrícolas, de bosques, pastos, humedales o en cualquier estado natural, a cualquier clasificación o categoría que pueda abrir paso a la construcción de instalaciones comerciales adicionales. Esto puede lograrse mediante el seguimiento estricto de las medidas aprobadas en el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUT) adoptado durante el año 2015 por la Junta de Planificación.

• Ampliar incentivos económicos, infraestructurales y de servicios para promover la renovación y el desarrollo comercial de los cascos tradicionales de los municipios, haciéndolos más atractivos a los consumidores como centros comerciales y de recreación. Esto incluirá: ampliar los incentivos para lograr la repoblación de sectores comerciales tradicionales mediante la rehabilitación o reconstrucción de edificios abandonados, y la reestructuración urbana para proveer servicios indispensables. Como en el caso de las demás zonas, el PUT 2015 debe servir de guía básica.

• Proveer apoyo técnico a los pequeños y medianos comerciantes sobre gerencia y mercadeo. Esto incluirá un currículo de educación y adiestramiento coordinado por el Departamento de Desarrollo Económico y los centros universitarios del país.

• Proveer a los pequeños y medianos comerciantes financiamiento, a intereses bajos, para que puedan modernizar sus negocios y competir en condiciones más equitativas.

• Revisar la Ley de Monopolios y del Departamento de Asunto del Consumidor (DACO) para proteger al comercio local y a los consumidores,  en cuanto a industrias básicas como las de distribución de gasolina, gas licuado, transportación, distribución de alimentos, medicinas, en particular a nivel del mayorista.

• Promover eslabonamientos entre las empresas comerciales –no importa donde estén ubicadas – y las empresas agrícolas y manufactureras locales, para la distribución de productos al consumidor. 

• POLÍTICA INDUSTRIAL: PLAN MAESTRO DE INCENTIVOS INDUSTRIALES

La política industrial tiene que orientarse a la competitividad y a la transferencia de recursos hacia los sectores e industrias de futuro y a la promoción de productos cuya demanda en nuestros mercados de exportación crezca significativamente. Puerto Rico tiene que establecer nichos competitivos basados en calidad y diferenciación. Algunos ejemplos van desde el café que exportamos al mercado japonés, las plantas ornamentales y otros productos agrícolas que exportamos al mercado norteamericano, hasta varios productos manufacturados, algunos de alta tecnología, a través de los cuales el país ya ha ganado reconocimiento internacional, como lo son los productos farmacéuticos, instrumentos profesionales y científicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, o componentes de computadoras.

Resulta imperativo identificar empresas y productos, tanto en la manufactura como en los servicios y la agricultura, para concentrar allí los esfuerzos de promoción de exportaciones. La ventaja comparativa de Puerto Rico en el renglón de los servicios y en la producción de muchos bienes manufacturados en la Cuenca del Caribe es crucial en nuestros vínculos comerciales con nuestros vecinos. Identificar los sectores y realizar los estudios de viabilidad serán las tareas tanto de la Junta de Planificación como de la Compañía de Desarrollo Empresarial.

Vinculada a la estrategia industrial, tiene que desarrollarse una política tecnológica. La producción en masa ha comenzado a ser desplazada por sistemas flexibles de producción en los que predomina no el volumen y la consecuente economía de escala, sino la diversidad, que se traduce en lo que ahora se llaman economías de alcance. Estos sistemas se están generalizando en numerosas actividades como ropa, textiles y muebles. 

Muchos de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales recientes establecen parámetros específicos para simplificar los procesos de inversión extranjera y crean mecanismos para proteger al inversionista, lo cual sumado a la eliminación de barreras comerciales promueve el volumen de inversiones en los países en desarrollo. Los inversionistas locales deben aprovechar esta realidad y es necesario el diseño de una estrategia conjunta para captar la atención de inversionistas extranjeros. En la atracción de inversiones debe otorgársele prioridad a las empresas de capital conjunto (doméstico y externo), lo que estimula al empresariado local, promueve la transferencia tecnológica y facilita la tarea de mercadeo en las plazas de nuestros socios comerciales.

Puerto Rico debe tener un papel central en la provisión de servicios (desarrollo tecnológico, servicios financieros, mercadeo y todo tipo de servicio profesional) en el área del Caribe.  Para el logro de estos objetivos, el PIP propone:

• Promover empresas, productos y servicios para exportación, en forma diversificada, y en renglones en que podemos desarrollar una ventaja competitiva en el mercado internacional.

• Promover acuerdos de cooperación que faciliten el comercio y la transferencia de tecnología, especialmente -aunque no estrictamente- con países de la región caribeña y latinoamericana.

• Requerir que las empresas que se establezcan dediquen recursos a la investigación y desarrollo de nuevos productos y técnicas de producción. Así mismo, el Gobierno destinará recursos a la investigación y desarrollo como incentivo a la inversión. Se promoverá la colaboración entre las universidades del país y la empresa privada en este esfuerzo.

• Promover empresas de capital conjunto (extranjero y local) sin limitar el tipo de actividad a la que puedan dedicarse y enfatizando en las que tengan un potencial de generación de empleos con niveles de salarios superiores al promedio en la manufactura. Promover el establecimiento de centros industriales completos en Puerto Rico, el Caribe y América Latina, que conjuguen las diversas funciones empresariales.

• Promover la exportación de servicios tecnológicos, financieros, de mercadeo y profesionales, especialmente al área del Caribe, en la cual Puerto Rico ostenta una posición competitiva favorable.

• Identificar alternativas de inversión para colaborar con el sector cooperativo y la banca en el diseño de estrategias financieras y de inversión.

• Promover formas nuevas de organización empresarial como las cooperativas de producción y las corporaciones propiedad de trabajador@s, para las cuales ya existe el marco jurídico legal.

• Crear un Fondo de Desarrollo Nacional que sirva para el financiamiento de la infraestructura que sea clave para la atracción de inversión privada; o para el establecimiento de empresas cooperativas, corporaciones de trabajador@s o empresas de capital mixto y que contribuyan a la utilización de energía de fuentes renovables y reduzcan la producción de desperdicios.

En lo que se pueden establecer tratados de reciprocidad contributiva con otros países, proponemos la creación de un nuevo Plan Maestro de Incentivos Industriales, de aplicación inmediata y universal, que tomará en cuenta tres categorías básicas: las empresas que se han acogido de inmediato a los beneficios contributivos dispuestos en el Código de Rentas Internas de EE.UU. para las corporaciones foráneas controladas (CFC), a las que eventualmente se acojan a dichos beneficios y las empresas no cobijadas por tales secciones, sobresaliendo entre éstas las empresas locales, tanto de capital privado, como comunitario y cooperativo.

El Plan Maestro tendrá el objetivo de aumentar la capacidad competitiva de las empresas. Se buscará hacer más atractiva la inversión en Puerto Rico con un programa de incentivos vinculados a los objetivos de Política Pública. El principio rector del Plan se fundamenta en un Fondo de Desarrollo Nacional que será financiado con parte de las recaudaciones contributivas adicionales que se obtengan de la reforma contributiva del sector corporativo y de la re-negociación de las deudas públicas, que permitan al Gobierno crear un sistema de subsidios que premie la creación de empleos, la innovación tecnológica, la integración económica y que permita la obtención de financiamiento a un costo menor para la inversión en capital real.

• EL DESARROLLO REGIONAL

Reenfocaremos el desarrollo económico de Puerto Rico mediante la adopción de una Estrategia de Desarrollo Regional (EDR). La EDR partirá de cinco regiones claramente definidas, a saber: Norte y Metropolitana, Este, Sur, Oeste y Central. Cada región en la EDR se definirá como un Polo de Desarrollo Autónomo (PDA), con sus propias características, programas y proyectos de infraestructura, industriales, comerciales, de servicios y agrícolas. Los planes de desarrollo que se diseñen en cada PDA no atentarán contra la integridad de los recursos naturales y el medioambiente. El principio de desarrollo sustentable regirá por encima de cualquier otra consideración, por lo que los lineamientos del Plan de Usos de Terrenos 2015 (PUT) deben seguirse estrictamente, sin que se permitan excepciones en los mapas de zonificación.

Cada PDA utilizará sus activos estratégicos como eje de sus proyectos y programas, incluyendo el uso óptimo de los cinco puertos marítimos, a saber: San Juan, Ceiba, Ponce, Guayanilla-Peñuelas y Mayagüez. Estos puertos funcionarán de forma complementaria y coordinada, lo que se traducirá en grandes ahorros en transporte terrestre y marítimo para los empresarios de la manufactura, el comercio, los servicios y la agricultura. Endosamos el rescate y continuación del proyecto de Puerto de Trasbordo, que se construyó en el municipio de Ponce y que, por razones que no tienen que ver con su valor estratégico, no ha sido desarrollado tal y como fue planificado.

La EDR supone también el empleo óptimo de los aeropuertos regionales, además del Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Proponemos que el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla se convierta en el segundo aeropuerto internacional del país, complementado con el Aeropuerto Mercedita de Ponce. Con la liberación del aeropuerto de la antigua Base Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico cuenta ahora con cuatro áreas estratégicas en las que se combinan puertos marítimos y aéreos. Estas son: San Juan, Ceiba, Ponce y Aguadilla. La modalidad de establecer operaciones de ensamblaje, con un alto contenido de valor añadido, puede ensayarse perfectamente en estos cuatro PDAs. La flexibilidad que otorga la existencia de puertos aéreos y marítimos en el mismo lugar permite diversificar las opciones de movimiento de carga, tanto de materia prima como de productos intermedios y finales. 

La Estrategia de Desarrollo Regional debe incorporar a la industria turística dentro de los planes de desarrollo. Así, cada región podrá presentar sus atractivos turísticos en armonía con el uso eficiente de los puertos marítimos y aéreos. Este enfoque requerirá la creación de una red de información compuesta por todas las empresas de cada región –restaurantes, hospederías, museos, parques y demás instalaciones turísticas- de modo que el visitante del exterior y el local puedan moverse por cada rincón del país con información precisa de los servicios y los atractivos que puede disfrutar.

La región central tiene la fuente más grande de los recursos hidrológicos del país y buena parte de nuestra producción agrícola. Por lo tanto, los proyectos que se impulsen en esta región serán aquellos que no impacten la integridad de los invaluables recursos naturales de la zona y que, por el contrario, estimulen el uso y disfrute sustentable de los mismos. La infraestructura de la región tiene que levantarse con el asesoramiento de peritos en ciencias ambientales, geología, hidrología y disciplinas afines.

Finalmente, el dinamismo que impulsará a cada una de las cinco regiones en las que hemos concebido la EDR se amparará también en el diseño de nuevos esquemas de incentivos regionales para la inversión externa, siguiendo los principios esbozados en el Plan Maestro de Incentivos Industriales. Esto garantizará que las inversiones de capital fluyan de manera más equilibrada y menos desigual hacia todos los municipios de Puerto Rico.

• DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUJER

Según el Censo del 2010, en nuestro país un 57.7 % de las familias lideradas por mujeres vivían bajo el nivel de pobreza. La insolvencia económica es un factor en la violencia de género, en la posibilidad de continuar estudios superiores, en el acceso y adecuacidad de servicios de salud, y en expectativas de progreso para sus hij@s.

Para promover la inclusión de la mujer en el desarrollo social y la actividad económica, urge, dentro de la compleja situación económica del país, prestar atención especial a la relación mujer y pobreza, tan estrechamente ligada a los patrones de marginación que aspiramos a superar.

Por eso proponemos:

• • Adoptar y ratificar el Plan de Desarrollo Empresarial con Perspectiva de Género, incluyendo su regionalización con el propósito de atender las características, necesidades y recursos particulares de cada región de la Isla. 

  • Identificar, de manera particularizada, los sectores de la población femenina con menor acceso al mercado de empleo o al desarrollo empresarial, de manera que sea posible puntualizar aquellos factores que inciden sobre ese hecho (edad, cuido de dependientes, escolaridad, historial de dependencia familiar y otros) para trazar estrategias específicas que permitan su integración a la fuerza laboral o empresarial.

  • Fomentar el desarrollo de programas de microfinanzas con servicios dirigidos especialmente a las mujeres que les permitan acceder al crédito y a otros servicios financieros para que acumulen los activos necesarios para garantizar su autosuficiencia económica.

  • Procurar que aquellas agencias que destinan fondos a programas de desarrollo económico o de asistencia social, combinen esfuerzos para fijar un plan conjunto que incorpore la perspectiva de género.

  • Promover la creación de cooperativas integradas por mujeres como medida para viabilizar independencia económica e integración con el colectivo comunitario.

  • Promover la independencia económica de las mujeres usando modelos de microempresarismo de productos y servicios. 

  • Establecer política pública que incentive la operación de diversos modelos de producción agrícola y animales para consumo en empresas y cooperativas dirigidas o formadas por mujeres.

• POLÍTICA AGRÍCOLA

La agricultura es uno de los sectores económicos fundamentales para el desarrollo equilibrado y auto-sostenido de la economía nacional. A pesar de que las estadísticas oficiales reflejan un total de 25 mil empleos agrícolas, que la agricultura provee sobre 42 mil empleos directos, si consideramos los puestos de trabajo que se producen en la industrialización de la producción agrícola. Además, la agricultura es la principal fuente de empleo para la población de veintiún municipios de la zona central montañosa del país.

La política de desarrollo agrícola del PIP está fundamentada en el principio de que la tierra y los recursos naturales de Puerto Rico están vinculados estratégicamente a la supervivencia y el bienestar de la nación. El desarrollo agrícola debe estar dirigido a producir el mayor porcentaje posible de los alimentos y materias primas agrícolas que consumimos. Esto implica el uso intensivo y pleno de nuestros recursos agrícolas y la debida planificación que conduzca a la creación de 25 mil a 50 mil empleos permanentes adicionales en el sector. A corto plazo, el objetivo es lograr un crecimiento de al menos 20 por ciento de ingreso bruto agrícola, el que, a pesar de las condiciones impuestas por nuestra realidad colonial, sobrepasa al presente los $756 millones anuales.

Será fundamento de la política agrícola el uso intensivo y sustentable de la tierra, con la participación del mayor número de agricultores, generando la distribución más justa y equitativa posible de los beneficios producidos, en armonía con la conservación de los recursos no renovables y la protección del ambiente.

La función del Gobierno debe ser de colaboración, fomento, estímulo, promoción de la investigación y desarrollo, y cohesión. Debe ser promotor de actividades y educador. Debe estimular la producción, no la dependencia. Esto requerirá la reestructuración del Departamento de Agricultura, para adaptarlo a su nueva misión. Esta reestructuración debe cimentarse sobre una amplia y efectiva comunicación y participación de los agricultores con los sectores agroindustriales y la fuerza trabajadora, y una estrecha colaboración entre los componentes privados y el gobierno. Gradualmente se debe estudiar la conveniencia de transferir aquellas actividades de producción agrícola pública, de ventas, de servicio y de mercadeo para las que se demuestre la ineficiencia gubernamental, a empresas cooperativas, o a asociaciones de agricultores. La intención es promover el desarrollo empresarial agrícola entre los puertorriqueños, buscar eficiencia operacional y generar competencia, para viabilizar exportaciones y la sustitución de importaciones.

Debido a la importancia de este sector con la preservación del ambiente, las recomendaciones programáticas estarán incluidas en la sección Ambiente, Planificación, Infraestructura, Recursos Naturales y Seguridad Alimentaria.

•  COOPERATIVISMO

El cooperativismo, como sistema económico, es solidario, democrático y busca mejorar los ingresos, la producción y la calidad de vida. Sus principios y filosofía básica concurren con la esencia del programa económico y social del PIP, que pretende desarrollar plenamente la sociedad puertorriqueña, por vía de un crecimiento saludable anual de la producción de bienes y servicios, lograr que éste se distribuya en forma equitativa y que l@s ciudadan@s tomen decisiones políticas y económicas fundamentales. 

El cooperativismo es una fuerza económica y de participación ciudadana que todavía no ha podido alcanzar el máximo de su potencialidad de inversión, producción de bienes y servicios, generador de ingresos y creador de empleos. Tiene mucho que contribuir como organismo educativo, y para ser más justos con l@s ciudadan@s.

De conformidad con sus postulados históricos, el PIP se compromete con ampliar la legislación y los reglamentos vigentes para que el cooperativismo se libere de las ataduras burocráticas y que impiden que el sector pueda aunar sus recursos y esfuerzos, y propiciar su desarrollo pleno. El cooperativismo tiene que hacer más para resolver los problemas de vivienda, transportación y salud, desarrollo agrícola y manufacturero. El sector podría usar las aportaciones de capital de los que trabajan, de los ahorristas y de las cooperativas existentes para crear anualmente centenares de viviendas cooperativas, empresas de transportación y servicios a transportistas, empresas manufactureras y agroindustriales que propicien la producción y reduzcan la dependencia externa del país en esos renglones.

A la luz de los reclamos recientes del movimiento cooperativo y de sus propuestas para el desarrollo de este importante sector, proponemos aprobar legislación para ayudar al fortalecimiento del cooperativismo de la siguiente forma:

• Incluir en el grupo de asesores del gobernador un consultor en cooperativismo con reconocida experiencia en la doctrina y filosofía cooperativista.

• Promover el modelo cooperativista como forma de organización preferencial para mejorar los servicios gubernamentales.

• Establecer mecanismos de consultas previas con los organismos de dirección del movimiento cooperativo en los procesos de implantación, definición de normas, reglamentos y en los nombramientos de funcionarios gubernamentales a cargo de las agencias sobre cooperativismo.

• Se equipará a las cooperativas del sector financiero para proveer los mismos servicios que provea la banca comercial.

• Crear incentivos y programas de asistencia técnica a través de las diferentes agencias del Gobierno que faciliten el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas relacionadas con el consumo, la vivienda, el trabajo, la producción, el transporte y los servicios.

• Se creará la Oficina del Comisionado de Instituciones Cooperativistas (OCIC), para que ejerza las funciones de fiscalizador que ahora ejerce COSSEC.

• Se creará un fondo de reserva de inversión para el desarrollo de cooperativas en todo el país. Este fondo podrá ser utilizado por cada cooperativa para apoyar el desarrollo, invertir en acciones o garantizar préstamos a cooperativas en cualquier sector de la economía, con énfasis especial en las cooperativas de producción.

• Se eximirá del pago de contribuciones sobre bienes inmuebles a todas las cooperativas del país.

• Establecer por Ley o reglamento que la Junta de Directores de OCIC cree un mecanismo de consulta anual de los representantes del sector cooperativo en la Junta, para recoger las inquietudes de las cooperativas, previo a la Asamblea Anual.

• Los grupos de cooperativas en formación o aquellos constituidos como tal, podrán obtener solares o terrenos por el pago más bajo posible, así como edificios del Gobierno central o sus corporaciones públicas, si estas instituciones lo solicitan, para ubicar proyectos de viviendas cooperativas de alta densidad para familias de ingresos medios y bajos.

• Aumentar sustancialmente los recursos económicos a las agencias gubernamentales del cooperativismo para el desarrollo e implantación de programas.

• El Departamento de Agricultura y la Administración de Fomento Cooperativo crearán centros cooperativos de acopio, mercado y suministros en los diferentes sectores de la agricultura organizada.

• Se creará una escuela cooperativa de las artes de la pesca comercial y la acuacultura. Esta cooperativa podrá apoyar las entidades que se creen para explotar comercialmente la pesca y la acuacultura. El Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico apoyarán académica y técnicamente este organismo cooperativo.

• Se creará el Instituto para el Desarrollo Cooperativista de Vieques, Culebra y Ceiba. Este organismo podrá recibir fondos públicos, privados y del sector cooperativista para estudiar, establecer la viabilidad y organizar empresas cooperativistas en esos municipios.

• Se organizarán redes de transporte cooperativo para alimentar los sistemas de transporte masivo urbano del país.

• Como parte de la promoción de las cooperativas de producción, se harán disponibles los edificios industriales vacantes poseídos por la Compañía de Desarrollo Industrial a los grupos de cooperativas en formación o cooperativas existentes al mismo nivel subsidiado de renta que se hace con los empresarios privados.

• Emitir una Orden Ejecutiva para ofrecer orientación compulsoria sobre cooperativismo a todos los jefes de las agencias del Gobierno durante todo el cuatrienio.

• Crear mecanismos que den impulso al fortalecimiento de la Liga de Cooperativas como organismo central y representativo del Movimiento Cooperativo Puertorriqueño.

• Crear una Ley de desarrollo, financiamiento y conversión de vivienda cooperativa para apoyar con mayor firmeza la creación de nuevos proyectos de vivienda cooperativa, incluyendo subsidios e incentivos para los desarrolladores. Se enfatizará en la vivienda de interés social.

• Agilizar los descuentos de nómina por concepto de préstamos en las cooperativas de ahorro y crédito.

• Aplicar una tarifa especial para las cooperativas por concepto de consumo de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados por ser instituciones sin fines de lucro con un fin social.

• Asegurarse de que las emisoras del pueblo de Puerto Rico separen tiempo de su programación regular para la educación cooperativa.

• Crear los mecanismos para instruir a los municipios, el CRIM y el Departamento de Hacienda, sobre las disposiciones legales vigentes de las exenciones que tienen las cooperativas de toda tributación sobre ingresos, propiedad, arbitrios, patentes y otros.

• Asignar presupuesto al Departamento de Educación para el desarrollo de nuevas cooperativas juveniles y fortalecimiento de las existentes.

• Fortalecer el desarrollo del cooperativismo juvenil escolar y comunal.

• Atender los reclamos de las cooperativas de seguros a los efectos de enmendar el Capítulo 34 del Código de Seguros, para que responda a las necesidades actuales del cooperativismo.

• Restablecer la capacidad del Sector Cooperativo para reinvertir sus excedentes, con los controles y garantías adecuadas, en actividades que fomenten la creación de empleos ya sea a través de cooperativas de producción, corporaciones de trabajador@s o empresas de capital mixto; o en el financiamiento de la inversión pública de infraestructura.

•  TURISMO

 La localización geográfica de Puerto Rico en el Caribe y la riqueza, variedad y belleza natural de nuestro país y sus aguas circundantes hace que el turismo sea un importante renglón de nuestra economía. Podemos aprovechar nuestra realidad física, compartiéndola con visitantes de otros países, como parte de nuestras estrategias de desarrollo económico. Por supuesto, no estamos solos en el Caribe; la competencia de otros centros turísticos es fuerte, por lo que es preciso afinar una política efectiva sobre turismo.

 La primera deficiencia de las políticas tradicionales radica en haber limitado servilmente nuestra promoción turística al mercado estadounidense, y no haber aprovechado el potencial de otros mercados como Europa y América Latina.

 Por otro lado, se ha abandonado nuestro propio mercado y no se ha desarrollado adecuadamente el turismo interno.

La política pública relacionada con el turismo debe estar ligada estrechamente a la protección del ambiente. El turismo tradicional en Puerto Rico ha causado conflictos entre las poblaciones locales y el sector privado por el uso de terrenos costaneros y de áreas de mar; por las pérdidas de áreas de playa para los ciudadanos al éstas "privatizarse"; por cambios a los patrones hidrológicos en la costa, que causan inundaciones en áreas que antes no las sufrían; por transformaciones en la ecología y la topografía de áreas costaneras con beneficios para unos pocos a expensas de los recursos naturales de todos. 

Hay que impulsar en toda nuestra isla el ecoturismo o turismo ecológico y el agroturismo.  El ecoturismo es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología, donde se promueve el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la preservación del medio natural, así como incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento actual que no dañe las posibilidades futuras).  Por su parte el agroturismo busca que los turistas visiten los proyectos agroecológicos en la isla, disfruten de sus ofrecimientos y particularidades, y aporten a su desarrollo económico.  Ambos tipos de turismo maximizan y distribuyen el potencial económico del turismo. 

El PIP implantará las siguientes medidas:

• Establecer una política pública que impulse el desarrollo del Ecoturismo o turismo ecológico, donde se promueva el bienestar y la economía de las comunidades receptoras del turismo, la preservación del medio ambiente, el respeto a la cultura local, además de incentivar el desarrollo sostenible.  

• Crear un Plan de Desarrollo Turístico que contenga:

  • La creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo pleno del ecoturismo y agroturismo, incluyendo la capacitación a las personas en las distintas áreas (cultura turística, agrícola, idiomas, gastronomía).

  • Establecer en las distintas instituciones educativas cursos dirigidos al ecoturismo.

  • Asegurar el acceso de nuestros Operadores y Guías Turísticos a las áreas históricas, culturales y naturales, evitando sobre cargarlos de requisitos onerosos.  

  • Se fomentará la creación de nuevos centros turísticos, en especial, para el turismo interno, de suerte que la ciudadanía tenga acceso a precios asequibles.

  • Las campañas publicitarias para promover el turismo interno y externo realzarán la riqueza y variedad ecológica del país, además de los lugares de interés, restaurantes y mesones gastronómicos de los pueblos fuera de San Juan.

  • Promover el agroturismo para que turistas locales y extranjeros visiten los proyectos agroecológicos en la isla, disfruten de sus ofrecimientos y particularidades, y aporten a su desarrollo económico.  Se promoverán empresas locales que se encargarán de promover nacional e internacionalmente los proyectos, atraer a los potenciales visitantes y coordinar los pormenores de las visitas turísticas.

• Será criterio rector de las agencias reguladoras que los desarrollos turísticos no sean nocivos a la integridad ecológica de la localidad y se le dará especial prioridad a proyectos diseñados para realzar y conservar los recursos naturales del país.

• En coordinación con los hoteles y el resto de la industria turística, la Compañía de Turismo fomentará exposiciones y promociones que motiven al turista a visitar los lugares de interés turístico, ecoturístico y agroturístico que existen y que se desarrollen en el futuro.

• La Compañía de Turismo desarrollará cursos cortos y talleres para los empleados de la industria con el fin de desarrollar conocimientos básicos y actitudes armoniosas con el nuevo enfoque ecológico.

• Con respecto al Distrito del Centro de Convenciones, endosamos la culminación del desarrollo ordenado y planificado de este proyecto y sugerimos la creación de una comisión de expertos que se encargue de diseñar el plan de promociones para asegurar su éxito.

• Con respecto al turismo tradicional "de casino y playa", proponemos legislar para proteger a l@s emplead@s de todos y cada uno de los hoteles que caen dentro de las jurisdicciones donde se llevan a cabo ese tipo de turismo, de suerte que se protejan sus derechos adquiridos y no se repitan experiencias como las varias acontecidas en años recientes al momento de decretarse cierres de hospederías.

• En el caso de aquellas hospederías que enfrenten problemas operacionales, proponemos la creación de mecanismos de financiamiento interino para lograr mantener las instalaciones operando en lo que se resuelve la situación de incertidumbre y se logra sacar a flote la empresa en cuestión.

• Ampliar la oferta turística para incluir casas de huéspedes y hospederías como sector organizado, con el objetivo de aumentar la competitividad en este sector. 

• Promover arreglos con las empresas turísticas del área del Caribe para que Puerto Rico forme parte de los planes de atracción del turismo multinacional, de forma integrada.

• Establecer acuerdos con las compañías de cruceros para añadir paradas adicionales en puertos como Ceiba, Ponce y Mayagüez.

• Integrar el acceso a áreas designadas como atractivos naturales, playas, bosques y parques, al sistema de transportación colectiva que proponemos para toda la isla; uno de cuyos principales objetivos será el que no sea necesario destruir los escenarios naturales con la construcción de hoteles y que éstos se establezcan o en los cascos urbanos o en áreas designadas que no afecten la conservación del ambiente ni la belleza de los escenarios ni saturen al recurso turístico. 

• Integrar la promoción del turismo a un sistema de transportación pública integrado a nivel nacional que le brinde seguridad al turista de una transportación pública barata y eficiente en el uso del combustible y en la reducción de la contaminación.

• POLÍTICA DE ASISTENCIA ECONÓMICA

A tono con la política de promoción de la producción y el empleo, hay que reorientar los programas de asistencia económica. Hasta ahora, estos programas han resultado en la perpetuación de la dependencia y la pobreza, en menoscabo de los intereses de las personas a quienes supuestamente deben beneficiar. Si bien es necesario que el gobierno provea beneficios y asistencia a las personas necesitadas, no debe perpetuarse un sistema que en lugar de proveer adiestramiento y empleo, desincentiva y penaliza la actividad productiva. Hemos escondido la pobreza, la cual perdura bajo un enchape de falsa seguridad económica. No nos debe sorprender, entonces, el deterioro social que sufre el país, producto precisamente, de la pobreza, el desempleo, el ocio y la dependencia.

La política federal reciente se dirige a la reducción de las ayudas sociales del llamado Estado Benefactor. La reducción de los beneficios disponibles a la economía de Puerto Rico en la forma de transferencias federales hace impostergable que se aborde efectivamente el problema de la dependencia económica de una mayoría de las familias puertorriqueñas.

La reforma de los sistemas de beneficencia tiene que combinar la satisfacción de las necesidades básicas con la generación de empleos que se autofinancien. Debe facilitar el proceso para que más personas se incorporen a la fuerza laboral y se eduquen con miras al adiestramiento laboral y empresarial. La creación de pequeñas empresas comunitarias y cooperativas puede ayudar decisivamente en este proceso. Los mecanismos que se implanten para lograr tales fines deben tener como propósito, no sólo la protección o la seguridad social sino también que se creen las condiciones para sobrepasar los niveles de vida de subsistencia. Para eliminar la pobreza es necesario aumentar la tasa de participación y de empleo de personas hábiles que por frustración o marginalidad se han apartado del mercado de trabajo. Mientras menor sea el desempleo, mayor será el crecimiento de la base tributaria y de los recursos con los que contará el Estado para atender a la población que por razones de edad o incapacidad no se pueda incorporar al mercado de trabajo.

Hay que fortalecer el Programa de Pan y Trabajo con medidas que evalúen la elegibilidad del beneficiario de acuerdo con su capacidad de trabajo y con sus posibilidades de adiestramiento formal o readiestramiento. Para aquellos con capacidad de trabajo y que cualifiquen para la asistencia económica, el propósito central del programa debe ser incorporarles al mundo productivo, para que así sean autosuficientes y venzan la dependencia.

Un elemento central en esta gestión es la redefinición del uso de los fondos federales. Estos deben responder a las verdaderas necesidades y prioridades del Pueblo de Puerto Rico. Para ello será necesario la asignación en bloque.

A estos efectos, el PIP se propone adoptar las siguientes medidas:

• Los programas de asistencia económica habrán de diferenciar entre las personas que tienen capacidad de trabajo y las que se determinen que no pueden trabajar porque están en una condición de dependencia absoluta.

•  En el caso de los desempleados, evaluar la disponibilidad de éstos para realizar tareas productivas en programas públicos o privados que se diseñarán para este propósito.

• Crear programas de adiestramiento y empleo para beneficiarios de ayudas económicas en las áreas de agricultura, manufactura liviana, construcción de proyectos públicos, limpieza y saneamiento, y otros sectores de la economía en los que se aseguren plazas de trabajo bien remuneradas y productivas.

• Considerar, como uno de los elementos para cualificar para subsidios o préstamos a bajo costo dentro del Plan de Incentivos Industriales, el que las empresas provean trabajo a beneficiarios de asistencia pública.

• Crear un Instituto de Desarrollo Empresarial Comunitario y Cooperativo, como parte de la Compañía de Desarrollo Empresarial, en el que se diseñen planes específicos para el establecimiento de empresas básicas utilizando la capacidad empresarial de nuestra población urbana y rural de bajos ingresos. De hecho existe una Ley originada por los legisladores del PIP en el cuatrienio de 2000-2004 que, de haberse implantado adecuadamente, debía servir para financiar las empresas cuyos propietarios son residentes,  emplean residentes o dan servicios en comunidades especiales.

• Gestionar con el Gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso de transición de una economía dependiente a una economía de ‘pueblo libre’, la asignación en bloque de los fondos federales de asistencia económica al Gobierno de Puerto Rico y a individuos, que no constituyan derechos adquiridos, para que Puerto Rico pueda hacer uso de esos fondos, no sólo en la concesión de beneficios individuales, sino también generación de actividad productiva y promoción del desarrollo económico del país.

• DEFENSA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA

El PIP concibe la organización del sistema económico de Puerto Rico dentro del marco filosófico de la socialdemocracia. Tanto bajo las administraciones del PNP como del PPD, las políticas de privatización y de desreglamentación  han sido parte de su prédica neoliberal. Los factores de producción tradicionales -tierra y capital- son elementos instrumentales en el proceso de desarrollo económico. No obstante, el trabajo no es un mero factor instrumental: el ser humano es el fin y el objetivo mismo del desarrollo; es el centro de cualquier estrategia para levantar el nivel de vida en nuestra Patria

El trabajador no puede ser reducido a mero factor instrumental, como si fuera materia prima o una pieza de capital. Es el protagonista del trabajo. Su participación en el fruto del trabajo constituye la esencia del desarrollo económico. Esto hace imperativa a la organización sindical como base independiente de poder de la clase trabajadora.

Vislumbramos una economía que cuente con suficiente agilidad institucional para enfrentar de manera efectiva los problemas de desempleo, desigualdad y dependencia. Para lograrlo hay que contar con una base sindical amplia y activa que sirva de instrumento de reivindicaciones en el taller de trabajo y en el orden social. Estudios comparativos de talleres unionad@s y no unionad@s pertenecientes a la misma rama industrial, realizados tanto en Europa como en Estados Unidos, arrojan un saldo favorable a los talleres unionad@s en productividad y calidad del trabajo. Asimismo, un sindicalismo efectivo en el servicio público ayudaría a superar la politización que lastra al gobierno y que impide un mejor servicio.

Después de más de un siglo de progreso tecnológico la definición de la jornada regular de trabajo no ha camibiado. Este progreso debería ser más compatible con otros objetivos, como el de lograr más tiempo para la atención a la familia, la labor comunal y la recreación. Hay que reorientar el cambio tecnológico hacia mayor beneficio social. La productividad que éste genera debe acompañarse de mejores condiciones de trabajo y mejor entorno ecológico, en fin, mejor calidad de vida.

Como objetivo central el PIP aspira a establecer un marco normativo favorable a la plena organización de la clase trabajadora tanto en el sector privado como en el sector público y la protección de sus derechos y conquistas. Para enfrentarse a los múltiples problemas en que está sumido nuestro país hay que abrirle al sindicalismo vías efectivas de participación a nivel del taller de trabajo y a nivel social. Entre las medidas de nuestro programa destacamos las siguientes: 

• Crear un organismo con representación sindical, gubernamental y patronal para entender en los asuntos laborales desde una perspectiva amplia. Este tipo de organismo, auspiciado desde hace muchos años por la social-democracia, ha funcionado con gran efectividad en los países de la Unión Europea. Uno de los asuntos de su agenda inicial, que el proceso de globalización ha tornado más urgente, sería lograr la participación de Puerto Rico en la Organización Internacional del Trabajo.

• Estudiar las formas de hacer viable la reducción de la jornada regular de trabajo sin afectar la tasa salarial ni los beneficios marginales. Esta medida se articularía con el propósito de aumentar la calidad de vida. Además, se vincularía al objetivo de crear más oportunidades de empleo. Valga señalar, para anticiparnos al escepticismo patronal, que este tipo de medida se asocia con aumentos en productividad y con reducción de los accidentes en el trabajo.

• Consultar con las organizaciones que representan a tod@s l@s emplead@s del sector público: gobierno central, municipios y corporaciones públicas, para elaborar aquella legislación que garantice plenamente los derechos  de l@s trabajador@s sin perjuicio de las obligaciones que surjan de los convenios colectivos en vigor.

• Estimular el trabajo a jornada completa a la misma vez que, en donde sea requerida la jornada parcial, se le garanticen al empleado los derechos y beneficios que merece todo trabajador.

• Combatir las modalidades de subcontratación de servicios públicos, que van dirigidas a eliminar trabajador@s y menoscabar derechos.

• Imponer mediante legislación términos mandatorios a  la Comisión de Apelaciones del Servicio Público, a  las Juntas y Comités de Apelaciones de las Corporaciones Públicas para emitir las decisiones de las apelaciones de los emplead@s públic@s.

• Estudiar a fondo los programas de pensiones en función de los efectos que sobre éstos puedan tener el envejecimiento poblacional y la proliferación del trabajo a tiempo parcial. La guía, aparte de las bases actuariales de rigor, tiene que orientarse por la justicia y seguridad que merece toda persona en todas las etapas de la vida.

• Asegurar la viabilidad de los fondos de pensión del sector público mediante las medidas fiscales apropiadas, aumentando la aportación patronal.

• Combatir toda propuesta de limitar los derechos laborales y conquistas de l@s trabajador@s mediante Reformas Laborales.

• Derogar la Ley 66, que ha menoscabado los derechos de l@s trabajador@s del sector público.

• Nos opondremos a toda intención de restringir, como se ha anticipado, los derechos de la mujer trabajadora, como la licencia de maternidad.  Por el contrario, revisaremos la legislación laboral que tiene que ver con las condiciones de trabajo de la mujer (por ejemplo licencia de maternidad, licencias especiales y lactancia) para ampliarla y garantizar su aplicación tanto en el sector público como en el privado.

• Garantizar a la mujer trabajadora que se encuentra embarazada y es despedida por cierres de empresas el pago de su plan médico hasta que dé a luz. Extender los planes médicos hasta un año del cierre de la empresa si era un derecho que tenía el trabajador.

• En nuestra propuesta más amplia, se propone un Seguro Nacional de Salud (SNS) que sea universal y que cubra a toda la población, no importa su situación laboral (ver Plan Nacional de Salud para el Siglo XXI). 

• Promover e incentivar la creación de centros de cuidado de niños en o cerca de los centros de trabajo.

• Desarrollar mecanismos de solución informal a los conflictos entre patronos y trabajador@s. El Centro de Solución de Conflictos de la Rama Judicial podría servir de modelo. Estos mecanismos son de beneficio para ambas partes: reducen costos, evitan disloques innecesarios en el proceso productivo y protegen al trabajador de medidas unilaterales por parte de la empresa.

• Como parte del proceso de transición hacia la independencia, gestionar con el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos que se excluya a Puerto Rico de la aplicación de las leyes federales del trabajo que restrinjan los derechos de l@s trabajador@s y las uniones, de manera que, en lo sucesivo, las empresas cubiertas por dicha legislación se rijan por la legislación puertorriqueña aplicable.

• Respetar el principio de mérito en el servicio público. De esta forma la legislación deberá reconocerlo en forma efectiva, las agencias vendrán obligadas a implantarlo y los tribunales podrán resguardarlo más efectivamente.

• Profesionalizar la administración pública respecto a los puestos de confianza. Se evaluarán los puestos de confianza existentes a base de las funciones que real o efectivamente llevan a cabo para consolidar o eliminar todos los que no respondan a las necesidades del servicio público. Para los puestos que se mantengan, se establecerán criterios apropiados de preparación académica y experiencia en las funciones en cuestión, para fomentar el nombramiento de personal de confianza realmente capacitado.

• Instaurar incentivos de productividad para promover una mayor efectividad en el trabajo realizado por el personal en el servicio público. Cada unidad de gobierno debe cuidar los niveles cuantitativos y cualitativos de productividad, definiendo claramente los diversos niveles de ejecución. Debe instaurarse en cada agencia un vigoroso programa de reconocimientos no económicos a aquellas personas que alcancen los niveles más altos de productividad. Igualmente, se deben conceder incentivos económicos en la forma de: ayudas de estudio; viajes y gastos de participación en actividades de mejoramiento profesional; bonos especiales no recurrentes; y aumentos salariales. Para asegurar la eficiencia a la luz de los cambios estructurales y tecnológicos, cada agencia articulará un plan abarcador de educación continua de su personal.

• Hacer más riguroso el modelo de auditorías que se utiliza para eximir a los patronos de otorgar el bono de navidad.

• La creación de un salario nacional para l@s trabajador@s que vaya en aumento según el aumento en el costo de la vida.

• Presentar legislación que la garantice la restitución en el  empleo al trabajador o trabajadora despedido injustificadamente.

• Promover mecanismos para que l@s trabajador@s tengan acceso a servicios legales en sus reclamaciones laborales.

• Ampliar las compensaciones por despidos o represalias de trabajador@s que son víctima de hostigamiento sexual o discrímenes.

• POLÍTICA FISCAL

La recaudación de impuestos por parte del Gobierno tiene como propósito allegar recursos para la prestación de servicios. Se requiere eficiencia y justicia en ambos lados de la ecuación, es decir, tanto por el lado del sistema contributivo como por el lado del programa de servicios públicos.

La eficiencia en el sistema contributivo significa garantizar la recaudación necesaria con el menor gasto posible; significa allegar recursos para los programas de gobierno con el menor peso impositivo posible; también significa cerrar vías de evasión contributiva. Esto requiere de una estructura contributiva que l@s ciudadan@s perciban como justa y de un aparato administrativo eficaz.

El principio de equidad vertical establece que para lograr justicia hay que dar trato fiscal diferente a las personas de diferentes ingresos. Este principio se hace valer con impuestos de carácter progresivo, que son aquellos que aumentan a medida en que el ingreso de la persona es más alto: a medida que el ingreso aumenta se grava una fracción mayor del mismo.

El impuesto progresivo por excelencia es el que se impone al ingreso, ya que se disponen tipos o tasas tributarias más altas a las escalas más altas de ingreso. En contraste, los impuestos sobre el consumo son regresivos, es decir, pesan más sobre los grupos de ingresos bajos.

La debilidad del impuesto sobre el consumo, ya sea en su versión de impuesto sobre el valor agregado o en la de impuesto sobre las ventas al detal, radica en que el peso que cae sobre los hombros del consumidor es regresivo. Esto tendría sentido en una sociedad con una gran igualdad en la distribución del ingreso y en la posesión de riqueza. Ese no es el caso en Puerto Rico.

Se aduce que el impuesto que se impone sobre la venta de artículos y servicios tiene la ventaja de que todo el que compra tiene que pagarlo y que, aun los que reciben ingresos en la economía informal, pagarían al hacer sus compras en el mercado regular. Pero esto no elimina su regresividad. Además, lo que se capturaría de la economía informal vía el impuesto sobre el consumo sería una fracción de la misma. De hecho, a la economía informal envuelta en actividades criminales y socialmente dañinas hay que eliminarla. Respecto a la economía informal dedicada a actividades socialmente beneficiosas, hay que diseñar mecanismos, como el crédito contributivo para familias trabajadoras de bajos ingresos, que incentiven su desplazamiento hacia la economía formal.

El Gobierno de Puerto Rico se encuentra inmerso en una crisis fiscal continua debido al intento de mantener la provisión de servicios públicos esenciales que necesita el país en un nivel de excelencia y el depender casi en un 75 por ciento de las recaudaciones contributivas que de una u otra manera pagan los asalariados. De otra parte la tasa efectiva que pagan las corporaciones que gozan de incentivos contributivos es de menos de un 4 por ciento de sus ganancias. Esta tasa es mucho más baja que la que pagan las corporaciones en conjunto (tengan incentivos o no) en Irlanda y Singapur.

Proponer como medidas fundamentales de política fiscal la re-estructuración de las tasas contributivas aplicables a las empresas que cualifican para incentivos contributivos de manera que paguen – como máximo una tasa de 10 por ciento - sobre su ingreso neto de operaciones y que paguen no menos de 5 por ciento, cuando apliquen los créditos y deducciones especiales a las que tengan derecho.

Componentes específicos de la propuesta del PIP:

• Revisión de las clasificaciones de niveles de ingresos para el cómputo de la contribución sobre ingresos de individuos con el propósito de:

• • • • • • • • Otorgar alivio contributivo a las familias.

              • Garantizar la progresividad del sistema contributivo.

              • Eliminar el peso confiscatorio al que está sometido el contribuyente asalariado.

• Reducción -que en promedio sea de 20 por ciento- de las tasas contributivas aplicables a los distintos niveles de ingreso, pero que sea una reducción mayor para los contribuyentes de bajos ingresos y menor para los contribuyentes de altos ingresos.

• Aumentar la capacidad de recaudo del gobierno fijando la tasa básica de las corporaciones que gozarán de incentivos contributivos en un 10 por ciento sobre su ingreso neto de operaciones y estableciendo que no pagarán menos del 5 por ciento una vez apliquen los créditos y deducciones a los que tengan derecho. Además se restablecerá la tasa de 15 por ciento sobre el pago de regalías por el uso de licencias y patentes a las casas matrices. Esta es una contribución que puede reclamar como deducción lo que paga la casa matriz en su país cede – que en la mayoría de los casos si no en su totalidad – es los Estados Unidos, donde la tasa a la que tributarían es mucho mayor.

• Restablecer una tasa contributiva alterna de 20 por ciento sobre la venta de activos de capital consistente en bienes inmuebles. 

• Simplificar la estructura contributiva aplicable a las corporaciones y sociedades que no cualifican para incentivos contributivos sin que ello conlleve una reducción en los recaudos.

• Reducir el IVU en la medida en que se ejecutan las medidas contributivas anteriores.

• Otorgar un crédito contributivo o subsidio para las familias pobres que radiquen planillas para hacer justicia económica y para incorporarlas a la economía formal. 

• Revisar el esquema de deducciones y créditos contributivos para los individuos, de suerte que se eviten los privilegios a los contribuyentes de altos ingresos.

Esta reforma estará dirigida a:

• Crear las bases para un sistema contributivo orientado por el principio de justicia social y equidad.

• Aumentar la actividad productiva y el empleo.

• Aumentar los recaudos y canalizar una proporción incremental (ascendente cada año) para estimular las actividad económica en todos los sectores a través del Fondo de Desarrollo Nacional, incluyendo la promoción de cooperativas y de corporaciones de trabajador@s.

• Como secuela de lo anterior, se beneficia el clima industrial pero, al mismo tiempo, se le exige mayor responsabilidad contributiva a aquellos sectores que pueden aportar más al fisco.

• TELECOMUNICACIONES Y LA RED DE LA INTERNET

Durante los últimos años tanto el sector público como el privado han instalado un andamiaje tecnológico muy avanzado, comparable con el de los países industrializados. En el caso específico de las telecomunicaciones y de la red de la Internet, el número de usuarios ha aumentado dramáticamente, razón por la cual Puerto Rico tiene el potencial de convertirse en un centro de servicios especializados en este renglón en la región del Caribe.

No obstante, hasta la fecha no se ha articulado una política tecnológica coherente, que responda a los intereses de la ciudadanía, del comercio, la industria, los servicios, y el sector público, tanto en lo que concierne a la Internet como a las telecomunicaciones en general. 

Específicamente, estos sectores han planteado preocupaciones como las siguientes:

• Pérdida de privacidad y protección del usuario de la red de la Internet.

• Aunque se ha avanzado algo en este aspecto, todavía ciertos sectores poblacionales carecen de acceso gratuito a la Internet por la vía telefónica.

• En el caso de la industria de anuncios a través de los medios masivos de comunicación, particularmente de la televisión, la ausencia de una política clara que exija el uso de talento puertorriqueño.

• En el caso del establecimiento de torres de transmisión, las comunidades han reclamado reiteradamente que deben limitarse, es decir, que se compartan las instalaciones existentes.

• Finalmente, miembros del empresariado en este sector han planteado preocupación por la proliferación de cadenas de telecomunicaciones del exterior.

A la luz de lo anterior, proponemos los siguientes elementos para el diseño de una política tecnológica:

• La necesidad de articular un plan integral para digitalizar y ampliar acceso a información en el Gobierno.

• La necesidad de proteger la industria local de telecomunicaciones.

• La necesidad de proteger el derecho a la intimidad de prácticas indeseables de negocios o intromisión indebida.

• La posible regulación y monitoreo de cómo y dónde se establece la infraestructura de telecomunicaciones, a través de una nueva Ley de Telecomunicaciones que proteja la salud y la seguridad de las personas, y permita mediante una planificación ordenada la ampliación de los servicios de telecomunicaciones.

• Impulsar el pleno desarrollo del servicio de internet a través de la subsidiaria de la AEE, para mejorar, ampliar y reducir los costos del servicio a la ciudadanía.

El impacto de los avances tecnológicos de la comunicación en la sociedad contemporánea ha trastocado la comunicación de persona a persona, entre grupos, entre el Estado y la sociedad, y las relaciones comerciales o la forma de hacer negocios a nivel global. Sin embargo, esta revolución informática acarrea también grandes interrogantes en lo que respecta a: cómo operan los medios de comunicación y estas nuevas tecnologías de comunicación; quién las posee; quién ejercita el control y divulgación de la información; qué tipo de regulación puede imponer el Estado sobre la operación de empresas de comunicaciones; qué medidas deben establecerse para proteger al consumidor y su privacidad; cómo posibilitar el mayor acceso posible a la información, dónde permitir el establecimiento de estas tecnologías y otorgar las licencias de operación; y cómo reducir el impacto en el ambiente; entre otras.

Los principios generales sobre los cuales se fundamenta nuestra posición sobre este particular son los siguientes:

• El Gobierno de Puerto Rico debe promover la digitalización de la información en todas las agencias, dependencias y corporaciones públicas. La meta es establecer una base de datos confiable, compartida entre agencias y que logre ampliar el acceso y la divulgación de la misma a la ciudadanía en general. Debe darse especial énfasis a dependencias con información sensitiva o de vital importancia para la salud pública, la seguridad, la educación, la protección de los recursos naturales, el desarrollo económico, entre otros.

• El derecho a acceder a información que posibilitan las tecnologías de comunicación no debe atentar contra la privacidad y confidencialidad de los usuarios de las mismas. Es decir, el Gobierno reconoce la libertad de expresión y el derecho a recibir información de los ciudadanos, pero debe velar también por que las prácticas o actuaciones de las compañías de telecomunicaciones no atenten contra el derecho a la intimidad ni constituyan una intromisión indebida en asuntos de seguridad personal o familiar.

• El establecimiento de infraestructura relativa a la operación de las nuevas tecnologías de comunicación -por ejemplo, la ubicación de antenas de telecomunicaciones- debe estar estrictamente regulado en función de su impacto en el ambiente, sus efectos sobre la salud y la seguridad de los habitantes, los parámetros de planificación y estética urbana, así como evitar la saturación por regiones y la sobrecarga de la infraestructura existente, entre otros.

• Propiciar la protección de la industria de comunicación nacional y detener la incursión desmedida de empresas extranjeras.

• La competencia desmedida y desigual de empresas de comunicación extranjeras contra empresas puertorriqueñas amerita la intervención decidida del Gobierno de Puerto Rico para proteger el talento local, las producciones locales, aumentar los talleres de trabajo locales y reglamentar prácticas desleales de la industria en sus diversos componentes. A estos efectos, se otorgarían incentivos contributivos para aliviar la carga económica que representa competir con corporaciones multinacionales de gran poder adquisitivo.

• CONCLUSIÓN

Sólo la independencia posibilita (en un mundo donde los Estados Unidos no son el único país rico ni innovador) la ampliación del comercio exterior y la protección del mercado nacional, suficiente como para estimular la inversión privada en tal magnitud que el desempleo se pueda reducir significativamente y así poder liberar a una gran parte de la población de la dependencia económica y de la indigencia. Ello a su vez reforzaría la base contributiva del estado y posibilitaría medidas de alivio contributivo para los contribuyentes de ingresos bajos y moderados. Además, permitiría al estado cumplir su responsabilidad de atender adecuadamente la infraestructura social que no puede dejarse al sector privado como lo son los servicios de educación, salud y seguridad pública.