• SEGURIDAD

La extensión de la violencia en Puerto Rico –tiroteos en lugares públicos a plena luz del día, muertes de inocentes, las luchas armadas por el control de los puntos de droga—ha creado un sentido de inseguridad sin precedentes en nuestro país. Si algo queda claro con las terribles estadísticas (20.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, según un informe del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico del 2014), sumado esto a miles de incidentes anuales de agresión, robo, y otros delitos contra la persona y la propiedad, y con los impactantes asesinatos ocurridos a principios del 2016, es que las estrategias que hasta ahora se han ensayado, han fracasado estrepitosamente. Las administraciones de los dos partidos que han compartido el poder han fallado en visualizar la violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que responde a diversas causas y a procesos sociales y económicos.

Las raíces del crimen y la violencia están en la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, la dependencia, el ocio y al consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones. Por eso, el PIP propone un enfoque integral al problema criminal que trabaje preventivamente con las causas pero que, a la vez, atienda sus efectos inmediatos y presentes. Urge promover y educar sobre una cultura de paz desde la edad temprana, en la que el diálogo y la negociación sean las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos y previniendo actitudes violentas y criminales en el futuro. Es momento de modificar el enfoque mediante el cual se han dedicado la mayor parte de los recursos humanos y fiscales a estrategias de corte punitivo y remedial -entiéndase cárceles, policías, operativos cuasi militares, salas de justicia, vigilancia electrónica – a pesar de que han demostrado no ser efectivas para disuadir conductas violentas o para evitar la incidencia criminal.

Mientras el país continúe aferrado a iniciativas fracasadas, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal. Por tratarse la seguridad de un tema que debe ser atendido en cada etapa, con estrategias particulares, incluimos medidas preventivas, remediales y de control.

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La prevención es de vital importancia y con propósito dual porque evita el costo social del mal que logra evitar, y requiere de la inversión menos recursos en comparación a los que se invierten a largo plazo en medidas remediales.

• Hay que alterar el acercamiento al problema de la adicción a las drogas, pues su uso y trasiego son el detonante del 80% de los delitos violentos. Las guerras por controlar los puntos de distribución de drogas, los vínculos entre la economía formal e informal (narcotráfico) para mantener vivo este negocio millonario, y las actividades al margen de la ley a las que tienen que recurrir muchos fármaco-dependientes, constituyen los diversos ángulos que se verían trastocados si el Gobierno asume un enfoque Salubrista a este problema como ha propuesto el PIP hace décadas. Miles de familias recuperarían, a su vez, la tranquilidad de no ver a sus hijos o familiares fallecer a causa de sus vínculos con este mal.

• Hay que articular una nueva política económica orientada a vencer el estancamiento económico y la pobreza, que se ha acentuado aún más con los despidos, las políticas de imposición de impuestos a la clase asalariada y la recesión económica que vive nuestro país. Hay que reducir el desempleo y el ocio, y lograr que se satisfagan las necesidades ciudadanas de formas dignas y honradas. En la Sección de Desarrollo Económico se propone un nuevo modelo de desarrollo económico para el país que fomente la generación de empleos y que integre al sector actualmente marginado de la fuerza laboral, que constituye terreno fértil para el crimen y la droga.

• Hay que atender las deficiencias del sistema educativo desarrollando valores conducentes a una mejor convivencia social, además de proveerles conocimientos y destrezas adecuadas para que cada estudiante pueda insertarse con éxito en procesos productivos al salir de la escuela o universidad. Para ello es necesario una verdadera reforma educativa. Hay que darle pertinencia a la educación en la vida de l@s estudiantes y que sea fuerza motriz del desarrollo de nuestro país.

• Insistimos que en el escenario educativo es crucial la prestación de servicios de intervención temprana con poblaciones de alto riesgo, así como con situaciones de conducta al interior de los planteles que culminan en incidentes de violencia escolar. (Véase la Sección de Jóvenes en Edad Escolar)

• Existe evidencia científica abundante que relaciona la falta de atención a las necesidades de educación especial -falta de diagnósticos tempranos y servicios efectivos de tratamiento- con problemas de deserción escolar, delincuencia juvenil, depresión en jóvenes y abuso de sustancias adictivas. La atención preventiva de estas necesidades debe ser una prioridad gubernamental en el desarrollo de una política educativa coherente e integral. A esos fines se asignarán recursos y se fortalecerán los servicios de intervención temprana en el Departamento de Educación mediante estrategias con agencias, organizaciones profesionales con énfasis en la niñez y la academia. De igual forma, la cabal implantación de la Ley 170 de Psicólogos Escolares -de nuestra Delegación Legislativa- es fundamental en este esfuerzo. (Véase Sección de Educación).

• La criminalidad está íntimamente relacionada con la salud mental y cada día es más evidente la falta de servicios de prevención y tratamiento. Fortaleceremos los programas de prevención de salud mental y articularemos un sistema de prestación de servicios efectivo y accesible a todas las personas que lo necesitan, desde la infancia hasta la adultez, cuyo alcance y resultados estará sujeto a evaluaciones con regularidad. Es importante que el acceso a servicios como terapia para parejas y a padres e hijos estén incluidos en las cubiertas de salud y que se amplíen las líneas telefónicas de emergencia en agencias como ASSMCA situaciones de crisis o estrés. El acceso a servicios no puede estar sujeto a consideraciones económicas que restrinjan o limiten la disponibilidad de servicios, ni delegarse a entes privados sin la debida fiscalización.

•  La falta de destrezas para manejar los conflictos por métodos no violentos es la consecuencia de que nosotros como sociedad ni el gobierno hayamos promovido en los diversos escenarios (escuela, familia, trabajo y la sociedad en general) los valores de una cultura de paz. A esos fines, promoveremos legislativamente la implantación de estrategias e iniciativas vinculadas a la cultura de paz y a la mediación de conflictos.

• Se fortalecerán y ampliarán los centros de mediación de conflictos integrando estrategias interagenciales para promover el estudio, identificación y atención a factores de riesgo que estimulan actitudes violentas y falta de control y manejo adecuado de emociones.

• Se estimulará la integración -mediante cápsulas informativas- de profesionales de la salud mental en el análisis de conductas, actitudes o situaciones que promueven la violencia y que son presentadas a través de los medios de comunicación, particularmente televisión y prensa escrita.

• Desarrollar programas para la juventud que prioricen el deporte y el empleo en el sector público y privado durante los periodos de receso escolar y en horarios en que estén fuera de las escuelas y sujetos a supervisión mínima. Estos contemplarán programas de estudio y trabajo, actividades deportivas en escuelas y parques comunitarios bajo auspicio de asociaciones comunitarias, proyectos de reciclaje y embellecimiento en su comunidad, tutorías a pares con rezago, y un plan integrado de actividades en el periodo de escuela abierta con auspicios privados. (Véase también Sección Educación Física)

• Integrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la criminalidad, ya que es esencial para los esfuerzos de prevención. Se desarrollará un esfuerzo interagencial vigoroso para fomentar el desarrollo de asociaciones comunitarias que son las que mejor conocen los problemas y necesidades de la comunidad, a sus integrantes para que promuevan soluciones viables a los problemas que inciden en la violencia en sus alrededores. Esto promoverá que: constituyan redes de comunicación para la vigilancia preventiva; promuevan actividades deportivas y recreativas para el intercambio de los integrantes de la comunidad; integren a los jóvenes a actividades para alejarlos del ocio y en tareas de utilidad social; participen de esfuerzos en Pro del ambiente y las actividades artísticas y a desarrollar un sentido de pertenencia comunal con la colaboración de los municipios; recauden fondos para sufragar actividades o causas con las que se identifiquen sus residentes; discutan y busquen soluciones dentro de la propia comunidad en vez de esperar por soluciones gubernamentales; coordinen actividades para beneficio de las escuelas de su comunidad o aprovechando ese espacio para actividades; y participen activamente en la administración y mantenimiento de complejos de residenciales públicos.

• Crear un organismo permanente para estudiar la violencia que establezca un plan estratégico, con metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo y que incorpore mecanismos de evaluación para medir su alcance y resultados. Este tendrá la capacidad para diseñar y canalizar programas, propuestas e iniciativas de investigación, y establecer mecanismos uniformes e integrales de recopilación de datos sobre violencia a nivel ejecutivo y judicial. La recopilación de estos datos incluye el análisis sobre tendencias, prevalencia, demarcaciones geográficas del crimen, factores socioeconómicos presentes, entre otras, para trazar estrategias preventivas, de control y remediales. Véase también otras estrategias educativas y preventivas para fomentar una mejor convivencia social en las Secciones de Familia, Niñez, Mujeres, Educación Física y Jóvenes que atienden asuntos como el maltrato, la desigualdad por razón de género, re-educación sobre destrezas de crianza, entre otras.

• Establecer política pública que integre agencias, academia, ONGs y sociedad civil en el Observatorio de Trata Humana. Este organismo gubernamental será el cuerpo rector que implantará, coordinará, y dará seguimiento a que en Puerto Rico se brinden servicios de prevención, orientación, investigación, análisis, protección y sanción del delito de la Trata, enfatizando en poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad (menores y mujeres).

• MEDIDAS REMEDIALES

En lo que las estrategias preventivas surten efecto hay que tomar medidas a corto plazo para controlar el desenfreno de la actividad criminal. A esos efectos se propone:

• Evaluar de manera crítica y realista el estado de derecho actual en Puerto Rico sobre el uso y abuso de drogas, el impacto que ello tiene en los crímenes violentos y estudiar cambios al mismo, a tenor con la realidad criminal que se vive en el país. Se estudiarán alternativas con un enfoque salubrista y con la visión de que hay que dedicarle mayores recursos a combatir la venta y trasiego de drogas que a combatir el uso y consumo. Ejemplo de uno de los programas que se debe evaluar es la política adoptada en otras jurisdicciones donde se descriminalizó la posesión de drogas en una cantidad menor a lo necesario para un consumo de 10 días. Una vez la policía interviene con un usuario o persona en posesión de droga, en lugar de referirlo al Tribunal con la radicación de cargos, se refiere de manera administrativa a una Comisión para la Disuasión del Uso de Drogas (CDUD), organismo compuesto por un trabajador social, consejero legal y un profesional de la medicina. El CDUD atiende el referido, impone la sanción aplicable de tipo administrativo y se refiere para el tratamiento adecuado. Ello ha permitido que los recursos del estado se dirijan a combatir el trasiego y venta de drogas.

• Revisión de todas aquellas enmiendas a la legislación penal que sólo acentúan la fracasada estrategia punitiva.

• Realizar una abarcadora reforma del Sistema Penitenciario del país que estará inspirada en el principio y mandato constitucional de la rehabilitación. Específicamente se propone:

  • asignar recursos fiscales y humanos suficientes para proveer los servicios necesarios para la rehabilitación de l@s confinad@s.

  • L@s confinad@s que requieren seguridad mínima deberán trabajar en labores agrícolas, arreglo y mantenimiento de infraestructura, manufactura o en otros sectores de la economía. Esto incluye educarl@s para que desempeñen oficios como ebanistería, carpintería, electricidad, reciclaje, que les permitan posteriormente ganarse el sustento. Se promoverá la creación de cooperativas o corporaciones en propiedad de trabajadores para confinados en ciertas instituciones penales para que puedan adiestrarse en las áreas antes señaladas y desempeñarse de manera productiva.

  • Además de proveer certificados de antecedentes penales a los patronos que así lo soliciten, se extenderán certificados de rehabilitación a toda aquella persona que se haya, en realidad, rehabilitado. Se le ofrecerán incentivos a todo patrono que emplee personas rehabilitadas aunque éstas tengan antecedentes penales.

  • Atender las necesidades y rezagos educativos por asuntos de educación especial no identificados o atendidos.

  • Ofrecer programas efectivos de salud mental.

  • Proveer cursos sobre control de emociones y manejo de conflictos y modelaje positivo frente a la adversidad y condiciones socioeconómicas difíciles.

  •  Establecer el cargo de Juez de Ejecución encargado de velar porque se rehabiliten l@s confinad@s que le sean asignados.

• Es impostergable la revisión de las funciones y operación de la Policía de Puerto Rico para atender los señalamientos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles, así como las denuncias hechas por ciudadanos y organizaciones. Proponemos la designación de un Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial con plenas facultades de investigación como primer paso para erradicar la corrupción, la politización, el abuso y la ineficiencia del cuerpo de policía.

• Cambiar los procesos actuales de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos, nombramientos y procedimientos administrativos por faltas de sus miembros, con el fin de garantizar que quienes estén en cada nivel de la policía estén cabalmente preparados a nivel físico, educativo y psicológico.

• El enfoque de intervención policiaca fundamentalmente punitivo debe sustituirse por uno de educación ciudadana que integre el trabajo coordinado de agencias como ASSMCA, Familia, Educación, Justicia, en los esfuerzos de prevención e intervención.

• Fortalecer el entrenamiento a la fuerza policíaca y proveerle el equipo moderno necesario, incluyendo la nueva tecnología para incrementar la eficacia y efectividad, y adiestrarlos en técnicas de investigación, manejo y monitoreo de casos para aumentar el número de crímenes esclarecidos.

• Tomar medidas para garantizar la fortaleza y efectividad del Programa de Protección a Testigos, con los recursos necesarios para actualizar las instalaciones físicas del Albergue de Testigos y que se logre el propósito del programa.

• Mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de l@s policías para que no necesiten de empleos adicionales para subsistir.

• Ofrecer y garantizar a los miembros de la uniformada consejería profesional sobre manejo de emociones, particularmente para poder manejar las difíciles situaciones que enfrentan día a día, y atender con mayor seriedad y prontitud los incidentes reportados relacionados con violencia familiar o en el contexto de trabajo.

• Se revaluarán las prioridades de servicio en cada comandancia y cuartel de la Policía para destinar una mayor cantidad de uniformados a tareas de vigilancia preventiva, redirigiendo recursos concentrados actualmente en otras áreas, tales como, tareas administrativas.

• Agilizar y extender los servicios de emergencia tanto de la Policía como de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD).

• Fortalecer y revisar continuamente los adiestramientos sobre derechos civiles que recibe la Policía.

• Reestructuración de la Unidad de Operaciones Tácticas, despojándola de todo vestigio de instrumento de abuso y represión, como se ha visto en conflictos como el de la Universidad de Puerto Rico.

• Revaluar el papel de la Guardia Municipal y sus funciones para lograr un balance entre la ejecución de labores preventivas y labores remediales y establecer un trabajo más coordinado con la Policía Estatal.

• Limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo.

• MEDIDAS DE CONTROL

Es preciso desarrollar estrategias para lidiar con los efectos del crimen. Esto incluye a las personas convictas por delito que son encarceladas. Es responsabilidad del Gobierno conducirlas a su eventual rehabilitación y reinserción a la sociedad. También incluye la protección de la ciudadanía que sufre el azote del crimen. La rehabilitación, además de inspirarse en propósitos humanitarios y constitucionales, debe verse también como medida preventiva a la reincidencia. De igual forma, es necesario diseñar un programa efectivo de compensación a víctimas del crimen, como existe en otros lugares, y establecer principios y estrategias de justicia restaurativa que integren tanto al ofensor como a la víctima en un proceso de superación de la experiencia criminal y sus efectos que la violencia provoca.

A esos efectos, implantaremos:

• La expansión de servicios de salud mental en las instituciones, y el establecimiento de clínicas para el tratamiento de la drogodependencia, incluyendo clínicas de tratamiento con metadona y buprenorfina para jóvenes y adultos. 

• Aumentar el número de profesionales de servicios de rehabilitación en todas las instituciones juveniles y de adultos de Puerto Rico, para que sea proporcional a la población que requiere el servicio. Estos servicios incluyen trabajo social, orientación, rehabilitación y consejería. Este personal se encargará además de atender las necesidades sociales de esta población ayudando a la misma a restablecer los lazos de comunicación con sus familias y reintegrarse a la comunidad una vez cumplan sus sentencias. Deben considerarse las necesidades particulares de las mujeres confinadas.

• La segregación efectiva de presos en función de la severidad de los delitos, peligrosidad y potencial de rehabilitación.

• La creación de centros de estudio académico y vocacional a fin de que estos jóvenes y adultos confinados adquieran destrezas que les permita tener una opción real de empleo una vez salgan a la comunidad. De igual forma, un por ciento alto de los jóvenes en instituciones juveniles evidencia problemas específicos de aprendizaje y otras condiciones que requieren educación especial. Sin embargo, las instituciones juveniles no cuentan con los servicios de educación especial suficientes para atender esta necesidad. Estos jóvenes deben ser ayudados para vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y que se motiven a continuar desarrollando sus destrezas de estudio.

• La instauración de un programa de ubicación de ex-confinados en empleos productivos al cumplir su condena.

• Fortalecer el programa de compensación a víctimas de crímenes violentos, adscrito al Departamento de Justicia. El mismo debe ser evaluado en términos de su alcance, eficacia, divulgación de servicios, criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios psicoterapéuticos, entre otros. Destinar al programa los recursos necesarios para atender a una población cada vez en aumento y diversa.

• Garantizar el derecho de los acusados a obtener toda la prueba incluyendo declaraciones juradas.

• AGRESIÓN SEXUAL

Como parte del apoyo a las mujeres víctimas de agresión sexual y sus familiares, una recopilación de datos efectiva y encausar el proceso de investigación criminal, proponemos establecer  los Servicios Clínicos Forenses Comprensivos (SCFC) que incluyan:

• Un protocolo uniforme para la recopilación de datos. 

• El manejo clínico de las víctimas y sus familiares.

• Apoyo en la recopilación y presentación de elementos evidenciarios para el procesamiento de agresores.

• Servicios de ginecología forense: acceso a sala de operaciones para sedaciones, biopsias bajo sedación y evaluación de casos post mortem.

• Crear un programa de pasantía para policías y fiscales en la Unidad de Delitos Sexuales.

• Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de derecho para educar a los futuros defensores en el procesamiento de los casos.

• Equipo de apoyo a jueces y fiscales.

• Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de medicina-Convertirlo en un centro en la rotación de ObGyn.

• Tiempo voluntario de profesionales de la salud.

• Obligación (responsabilidad social) de instituciones médico privadas.

• Campaña educativos de medios.