La educación pública debe ser el gran elemento democratizador en una sociedad: la utilización de los recursos comunes para brindar la mejor preparación posible a nuestra niñez y juventud, conscientes de que esa inversión es la más importante para nuestro futuro como nación.  En Puerto Rico, sin embargo, la educación pública ha sido víctima, en una y otra administración, de una campaña sistemática de desamparo y desprestigio.  Utilizando desde las políticas laborales que hacen blanco en el magisterio hasta la negación de servicios a l@s niñ@s de educación especial, quienes han estado en el poder han utilizado los enormes recursos del Departamento de Educación para empobrecer el ofrecimiento educativo del país, ampliando la brecha entre los que tienen capacidad económica para sufragar escuelas privadas y quienes no tienen otra alternativa que someter a sus hij@s a un sistema que requiere urgentes y profundas reformas.  En el Departamento de Educación se han afianzado con especial saña los males de la politización, la mediocridad y la insensibilidad.  Las medidas adoptadas en los últimos años, como la imposición de pruebas estandarizadas --desprestigiadas en todo el mundo como mecanismo eficaz de medición de inteligencias y aptitudes-- sólo contribuyen a generar una cultura de fracaso, entusiastamente fomentada por los que abogan por la privatización de esta responsabilidad esencial del Estado.  El millonario costo de administración de las pruebas actúa además como preámbulo para el despilfarro de inmensas cantidades de dinero en programas de tutorías para estudiantes y entrenamiento para maestros cuya efectividad cada día es más cuestionada.  Sin embargo, la visión del presupuesto del Departamento como un botín a repartir y la estrecha mentalidad colonizada que sólo atina a mirar a los Estados Unidos y que lleva a adoptar a ciegas las políticas impuestas desde la metrópolis, han impedido una mirada nueva, franca y modernizadora hacia nuestra educación pública. 

Las carencias de nuestro sistema de educación pública tienen múltiples efectos.  Por ejemplo, sus deficiencias afectan de manera particular a la mujer puertorriqueña, ya que son mayoría las jefas de familia con menores de edad bajo su custodia, y que también predominan las féminas en el personal docente y en la provisión de servicios a estudiantes con diversidad funcional.  Estos últimos representan más de una tercera parte de la matrícula en las escuelas públicas, y sus derechos son violentados diariamente a pesar de estar consagrados en la Constitución, en leyes, en reglamentos, y de haber sido objeto de litigio por 35 años en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación.  Cada niñ@ al que se le niega la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades, será un adulto con menos posibilidades de llevar una vida independiente y productiva.  Por otro lado, la incapacidad del sistema para proveer una educación óptima, en sintonía con nuestros tiempos y nuestra realidad nacional, limita las oportunidades de nuestra juventud, que arrastra rezagos hacia la vida universitaria y laboral.  

El Partido Independentista propone una reforma profunda y extensa del Departamento de Educación, que parta de un Proyecto Educativo Puertorriqueño que conduzca a:

• desarrollar ciudadan@s integrales con aptitud y vocación para el aprendizaje continuo

• reconocer el carácter único del proceso educativo de cada individuo, y la importancia en la formación intelectual y personal de todas las materias, no sólo las llamadas "académicas

• promover en l@s estudiantes conciencia cívica, solidaridad y responsabilidad

• considerar, al establecer programas curriculares y asignación de recursos y responsabilidades, la diversidad de las comunidades puertorriqueñas

• valorar la tarea magisterial como una esencial para nuestra sociedad, proveyendo condiciones salariales y de trabajo que hagan justici a la responsabilidad de esa profesión

• celebrar la diversidad y garantizar la inclusión 

• alcanzar y retener como principio rector la administración limpia y sabia de los recursos destinados a la educación, haciendo prevalecer el principio del mérito en la contratación de personal y estableciendo parámetros de estricta eficiencia para la adquisición de materiales y el mantenimiento de los espacios educativo

Así, bajo nuestro gobierno, el Departamento de Educación se reformularía tanto a través de la vía administrativa (en la que es impostergable erradicar la politización y la incompetencia) y en la vía pedagógica, en la que se requiere reconocer la diversidad de aptitudes, identificar necesidades de refuerzo de destrezas y promover la vocación y capacidad de aprendizaje.

Las propuestas que aquí se presentan son el resultado de un proceso de consulta con diversas organizaciones materiales, visitas a escuelas en todo Puerto Rico, y diálago con personal docente, familias y estudiantes.

• Un Proyecto Educativo Puertorriqueño en el salón de clases

• Reconceptualización de la educación preescolar como un espacio para desarrollo de destrezas motoras, maduración neurológica e introducción al aprendizaje estructurado

• Adopción y adaptación efectiva de elementos de diversos modelos educativos, como Montessori, Waldorf, Integración Temática y Educación Democrática

• Identificación temprana de rezagos en destrezas básicas y atención individualizada para atenderlos

• Reconocimiento e integración plena de las materias comúnmente denominadas como "no académicas", tales como educación física, música, danza, movimiento corporal, teatro, artes gráficas y agricultura

• Fortalecimiento del programa de cooperativismo en las escuelas como uno educativo y de servicio, con potencial de alternativas para el desarrollo socioeconómico

• Eliminación de pruebas estandarizadas como mecanismo de medición de las aptitudes y desempeño de l@s estudiantes

• Educación especial

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• Deponer la actitud litigiosa del Estado y en desprecio del bienestar de l@s niñ@s que ha prevalecido durante los 35 años del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación y dar cabal cumplimiento a la Sentencia por Estipulación del 14 de febrero de 2002 

• Garantizar ubicaciones adecuadas para tod@s los niñ@s del programa

• Proveer servicios relacionados tales como transportación,  terapias, equipo asistivo y asistentes  según dispuesto en el Programa Educativo Individualizado de cada estudiante

• Revertir el proceso de desmantelamiento de Remedio Provisional

• Respetar el criterio clínico de l@s proveedores de servicio

• Optimizar la preparación y disponibilidad de los asistentes de educación especial (T1)

• Asegurar condiciones y espacio de trabajo adecuados y pago oportuno a las proveedoras de servicio

• Realizar evaluaciones iniciales y reevaluaciones periódicas atendiendo a las necesidades de l@s niñ@s y recomendaciones de l@s especialistas, en condiciones adecuadas, y permitiendo la discusión de las mismas con la especialista que las realizó

• Promover la auténtica inclusión de los niñ@s a la comunidad escolar

• Fortalecer a las escuelas públicas y privadas especializadas, tales como la Loaíza Cordero, la Fray Ponce de León y el Colegio San Gabriel, que prestan servicios a niñ@s ciegos y a niñ@s sordos

• Proveer preparación para intérpretes de lenguaje de señas a todos los niveles y fomentar el dominio del mismo en personal docente y compañer@s de clase de niñ@s sord@s

• Eliminación de barreras arquitectónicas

• Suscribir convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo y disponibilidad de equipo asistivo

• Revisión de sistemas de compras de equipo asistivo

• Ampliar servicios de educación física adaptada

• Preparación de l@s maestr@s y de toda la comunidad escolar para la identificación y atención de condiciones neurológicas y del desarrollo en l@s estudiantes

• Promover el respeto y la sensibilidad hacia la diversidad humana

• Asistir a las familias de l@s estudiantes con diversidad funcional en los procesos administrativos para la obtención de servicios

• Proveer apoyo a las familias para la comprensión de las necesidades de sus niñ@s

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Reforma administrativa en el Departamento de Educación

• Realizar un proceso amplio de consultas con las comunidades escolares para optimizar el cumplimiento con la Ley Orgánica del Departamento de Educación y crear mecanismos de medición de eficiencia para trámites de personal (nombramientos, traslados, retiros), de supervisión, de comunicación, de adopción de normativas, de mantenimiento de escuelas y de compras

• Respeto a la autonomía escolar

• Eliminar regiones educativas 

• Distritos escolares como facilitadores administrativos de los directores y de la docencia de los educadores

• Fomentar vínculos entre el entorno comunitario y las escuelas, atendiendo a la gran diversidad entre nuestras comunidades

• Restablecer los Comités de Organización Escolar

• Detener cierre de escuelas

• Rechazar toda propuesta de privatización

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Valorar el magisterio

• Procurar, en conjunto con las universidades del país, una revisión de la preparación de la profesión magisterial de manera que se ajuste a la realidad de la matrícula en las escuelas puertorriqueñas, de tal manera que, por ejemplo, l@s maestr@s de corriente regular tengan herramientas para atender la amplia población escolar con diversidad funcional

• Revisión del proceso de nombramientos para garantizar el principio de mérito

• Establecer Centros de Desarrollo Profesional para l@s maestr@s

• Evaluar de forma justa y uniforme, no punitiva, a las maestras y maestros

• Disponibilidad de asesoramiento docente efectivo

• Acceso a consultas con sicólog@s con competencias vinculadas a sicología escolar

• Sustituir programas de “coaching” por mentorías y consejería de pares

• Establecer un programa efectivo de maestr@s sustitut@s

• Reducción de la carga administrativa y de la burocratización del magisterio, comenzando con una edición de los documentos que se le requiere al personal escolar y con la adopción de sistemas electrónicos funcionales

• Disponibilidad de equipos,  materiales y entrenamiento para su uso

• Facilitar acomodos para maestr@s con condiciones crónicas

• Crear Comités de Seguridad y Salud en cada escuela; promover medidas como estudio epidemiológico de efecto de la exposición a asbestos

• Salario base de los maestr@s de $3,000

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Supervisión y administración

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• Revisión de la preparación requerida a directores

• Redefinición de funciones administrativas y docentes

• Nombramiento de personal administrativo de apoyo

• Regreso a estructura K-6, 7-9 y 10-12

• Sistema de evaluación y rendición de cuentas para personal administrativo a todos los niveles

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Espacios para aprender

• Requerir responsabilidad por vicios de construcción

• Coordinación con las comunidades para uso de espacios escolares luego de horas lectivas

• Eliminación de barreras  arquitectónicas

• Programas efectivos de mantenimiento

• Disponibilidad de bibliotecas, con recursos impresos y electrónicos 

• Modernización de infraestructura eléctrica y de conexión al internet

• Creación y fortalecimiento de espacios para educación física y bellas artes

• La escuela es un espacio de aprendizaje y desarrollo, por lo que habrá una prohibición absoluta a la promoción o divulgación de campañas militaristas o de reclutamiento militar

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Programa de Desarrollo Social y  Emocional (PDSE) en cada escuela 

• El PDSE tendrá el objetivo de desarrollar en tod@s l@s miembros de la comunidad escolar las competencias necesarias para lograr un ambiente que fomente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Cumpliremos con la Ley 170-2000, propuesta por la Delegación del PIP, para nombrar Psicólog@s Escolares en las escuelas para prestar servicios a maestr@s, personal no docente, estudiantes, padres, madres y tutores

• El diseño del PDSE estará coordinado por el Psicólog@ Escolar y el Trabajador(a) Social

• El desarrollo y sostenimiento del PDSE se dará a partir de estudios de necesidades anuales en las escuelas.  La información obtenida en dichos estudios servirá para establecer actividades y estrategias efectivas para atender las necesidades del estudiante. 

• Abrir un proceso de consulta en la comunidad escolar para desarrollar un Plan para el manejo de situaciones en la escuela que trascienden el ámbito estrictamente académico (disciplina, drogas, violencia y otros).

• Se establecerá un Proyecto de Desarrollo Familiar dirigido a incorporar a toda la familia al proceso de enseñanza aprendizaje, y a atender las situaciones que afectan el ambiente educativo, tales como uso de sustancias controladas, violencia en el hogar y en las escuelas, deserción escolar, criminalidad juvenil y embarazos en adolescentes. 

• A través del Proyecto se establecerá un vínculo con la comunidad para coordinar  la participación conjunta en programas recreacionales, ecológicos, cívicos y culturales.

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• Compromisos con la Educación Física y el Deporte

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• Ofrecer becas a l@s maestr@s para estudios de Maestría y Doctorado 

• Establecer dos Escuelas Técnico-deportivas similares a la del Albergue Olímpico de Salinas para beneficio de los estudiantes atletas de las regiones educativas de Mayagüez y Arecibo

• Establecer el Instituto Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación (INDER)

• Establecer la política pública relacionada con la aplicación de un sistema idóneo de educación física y aprendizaje deportivo para los diferentes niveles escolares del sistema nacional de educación.

• Planificación, reglamentación e implantación de un programa científicamente diseñado para el fortalecimiento de estas tres disciplinas, con recursos humanos (maestr@s de Educación Física, entrenador@s deportiv@s, preparador@s físic@s, promotor@s de recreación) altamente cualificados

• Revitalizar los servicios recreativos y desarrollar programas de actividades y eficiencia física en las comunidades para las poblaciones con diversidad funcional, incluyendo a los adult@s mayores

• Coordinar esfuerzos entre los Departamentos de Recreación y Deportes, Educación, UPR, Salud, Familia y Corrección para instaurar un Programa Nacional de Eficiencia Física, en el cual se incluyan los Promotores de Salud Comunitaria (PSC) y el concepto de Comunidades Saludables discutidos en la sección del Plan Nacional de Salud para el Siglo XXI de este Programa de Gobierno 2016.

• Impulsar la revisión del Reglamento de elegibilidad de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) a los efectos de declarar elegibles a los estudiantes atletas de primer año de estudios universitarios

• Establecer un Programa Nacional de Atletismo infantil y juvenil con guías curriculares científicamente diseñadas bajo la supervisión y dirección de especialistas de Pista y Campo