C omo legisladora, me opuse al IVU, a la “crudita” y a la intentona del IVA, que son el tipo de impuestos llamados “regresivos”, es decir, que aunque le aplican igual a todo el mundo, perjudican más a quienes menos ganan.
De esa forma, quitándole al que menos tiene, populares y penepés han tratado de cuadrar la chequera gubernamental. Lo que han logrado es empobrecer más al país.
De hecho, el promedio de los asalariados le entrega al gobierno más del 20% de lo que gana, a través del pago de contribuciones sobre ingresos, impuestos al consumo, arbitrios, CRIM y costo de servicios públicos.
En contraste, las empresas extranjeras que se llevan del país $32,800 millones al año, en lugar de pagar impuestos según reglas fijas, negocian individualmente (y en términos secretos) con el Departamento de Hacienda y tributan, en el mejor de los casos, cerca de un 4%. Algunas no pagan nada.
Por lo tanto, hay que cambiar completamente el sistema contributivo, imponiendo una tasa fija del 10% al sector corporativo, y balanceando la carga de aportar al fisco. Eliminar el laberinto de exenciones, créditos y deducciones proporciona, además, mayor certeza y facilita la fiscalización de los recaudos.
Para iniciar la transición a un modelo contributivo más justo y eficiente, radiqué en enero de 2013 la Resolución del Senado 8, pero los senadores del PPD se negaron a considerarla.
Ese tiene que ser el punto de partida: un sistema que aumente la responsabilidad de quienes más dinero generan y que opere con transparencia. No sólo hacemos así justicia a l@s trabajador@s, sino que aseguramos recaudos suficientes para costear los servicios que el país necesita.