27 de julio de 2016. San Juan, Puerto Rico – Señalando que la educación pública debe ser el gran elemento democratizador y la inversión más importante en una sociedad, la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, detalló parte de su propuesta educativa de cara a las próximas elecciones.
Acompañada en conferencia de prensa por los líderes magisteriales Emilio Nieves Torres, presidente de la Unión Nacional de los Trabajadores de la Educación (UNETE), Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros, Eva Ayala, presidenta de Educamos y Jinny Morales en representación de padres y madres con niñ@s con diversidad funcional, la candidata del PIP denunció que en Puerto Rico el sistema de enseñanza ha sido víctima de una campaña sistemática de desamparo y desprestigio bajo gobiernos PNP y PPD. Indicó que medidas como la imposición de pruebas estandarizadas, desprestigiadas en todo el mundo como indicadores de aptitud o conocimiento, sólo han servido para crear una cultura de fracaso que justifique el repartir millones de dólares en contratos para quienes administran las pruebas, los que dan tutorías, y los que ofrecen “coaching” a maestros.
“Utilizando desde las políticas laborales que hacen blanco en el magisterio hasta la negación de servicios a l@s niñ@s de educación especial, quienes han estado en el poder han empleado los enormes recursos del Departamento de Educación para empobrecer el ofrecimiento educativo del país, ampliando la brecha entre los que tienen capacidad económica para sufragar escuelas privadas y los que no”, declaró la líder independentista, quien recordó que es producto del sistema de educación pública de Puerto Rico.
La Senadora Santiago indicó además que la educación pública, aunque no esté etiquetado como tal, se convierte en la práctica en un tema de género, ya que son mayoría las jefas de familia con menores de edad bajo su custodia, y que también predominan las mujeres en el personal docente y en la provisión de servicios a estudiantes con diversidad funcional.
“Estos últimos representan más de una tercera parte de la matrícula en las escuelas públicas, y sus derechos son violentados diariamente a pesar de estar consagrados en la Constitución, en leyes, en reglamentos, y de haber sido objeto de litigio por 35 años en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación. Cada niñ@ al que se le niega la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades, será un adulto con menos posibilidades de llevar una vida independiente y productiva. El Estado tiene que deponer su actitud litigiosa en ese pleito, y dejar de tratar como enemigos a las familia que luchan por sus hij@s” puntualizó la candidata del PIP.
Entre las propuestas para reformar el Departamento de Educación presentadas, las cuales parten de la creación de un Proyecto Educativo Puertorriqueño, se encuentran:
- Realizar un proceso amplio de consultas con las comunidades escolares para optimizar el cumplimiento con la Ley Orgánica del Departamento de Educación y crear mecanismos de medición de eficiencia para trámites de personal (nombramientos, traslados, retiros), de supervisión, de comunicación, de adopción de normativas, de mantenimiento de escuelas y de compras
- Adaptación efectiva de elementos de diversos modelos educativos, como Montessori, Waldorf, Integración Temática y Educación Democrática
- Reconocimiento e integración plena de las materias comúnmente denominadas como “no académicas”, tales como educación física, música, danza, movimiento corporal, teatro, artes gráficas, cooperativismo y agricultura
- Garantizar ubicaciones adecuadas para tod@s los niñ@s del Programa de Educación Especial, al igual que los servicios relacionados tales como transportación, terapias, equipo asistivo y asistentes según dispuesto en el Programa Educativo Individualizado de cada estudiante
- Respeto a la autonomía escolar y restablecimiento de los Comités de Organización Escolar.
- Rechazo a toda propuesta de privatización al sistema así como el cese inmediato de cierre de escuelas.
- Establecer un programa efectivo de maestr@s sustitut@s y el reemplazo de los programas de “coaching” por mentorías y consejería de pares.
- Justicia salarial al magisterio con un sueldo base de $3,000 mensuales.
- Revisión de la preparación requerida a directores.
- Regreso a estructura K-6, 7-9 y 10-12
- Sistema de evaluación y rendición de cuentas para personal administrativo en todos los niveles.
“Bajo nuestro gobierno, el Departamento de Educación se reformulará tanto a través de la vía administrativa, en la que es impostergable erradicar la politización y la incompetencia, y en la vía pedagógica, en la que se requiere reconocer la diversidad de aptitudes, identificar necesidades de refuerzo de destrezas y promover la vocación y capacidad de aprendizaje” finalizó indicando la primera mujer independentista que aspira a la gobernación país.