María de Lourdes Santiago quiere limpiar un sistema corroído

El diagnóstico básico de la candidata pipiola a la gobernación, María de Lourdes Santiago, es que el sistema contributivo de Puerto Rico está diseñado para la exención, el amiguismo y la corrupción.

Por eso uno de los puntos principales de su propuesta económica es darle “raciocinio” al Código de Rentas Internas de modo que se elimine la arbitrariedad, las excepciones y todas esas lagunas que limitan los recaudos del gobierno y que favorecen a los que alcanzan algún tipo de acceso a los círculos de poder para burlar el pago de las contribuciones.

A esto se le suma su propuesta de revisar las políticas de exenciones contributivas y de impulsar una serie de proyectos que buscarían desarrollar las áreas de mayor oportunidad para la economía puertorriqueña.

“Las salidas fáciles que se han hecho en el pasado no funcionan”, dijo Santiago en un intercambio con la Mesa Editorial de El Nuevo Día.

Su comentario iba dirigido a la reciente propuesta que busca la creación de la sección 245a en el Código de Rentas Internas federal y que, de ser acogida, proveería exenciones contributivas a las empresas multinacionales con operaciones en Puerto Rico.

Santiago explicó que este tipo de modelo en el pasado, con la antigua sección 936, no proveyó para la creación de un capital local y no resolvió los problemas de desempleo y pobreza en el país.

“El plan de desarrollo económico debe basarse en el avalúo de lo que tenemos y en la diversificación de la producción local y no en modelos que buscan crear una competitividad artificial”, dijo Santiago.

De hecho, la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dijo que de alcanzar la gobernación, revisará el rendimiento de las políticas de exenciones contributivas locales ante la sospecha de que algunas son contrarias a los intereses económicos de Puerto Rico.

Por ejemplo, mencionó que las exenciones a las tiendas por departamento multinacionales, en lugar de fortalecer la economía creando empleos, lo que hacen es desplazar el comercio en la zona donde se establecen.

Del mismo modo, Santiago indicó que los decretos o las decisiones del Departamento de Hacienda en los casos contributivos deben ser públicos para darle transparencia al proceso y desalentar la evasión y las ventajas a favor de los allegados al gobierno.

También entraría en un proceso para uniformar las tasas contributivas de modo que, por ejemplo, las empresas foráneas no paguen apenas un 4% de tributo mientras las corporaciones locales cargan gravámenes de hasta 39%, salvo aquellos benditos por una exención en particular.

“La corporación que aquí paga a la tasa regular es por excepción. Lo regular aquí es  lograr exenciones. Cada año se da ese desfile buscando exenciones. El sistema no se puede administrar porque hay tantas leyes tributarias con tantos salideros que esimposible anticipar cuánto recaudará el gobierno”, dijo, por su parte, el economista Francisco Cátala.

Este tipo de iniciativas podría, al menos, estabilizar las finanzas gubernamentales. Si se conjuga esto con una reestructuración de la deuda pública, podrían generarse los fondos suficientes para impulsar la economía de manera sustentable.

Santiago explicó que la reestructuración que impulsan incluye hacer diferenciaciones entre los tenedores de bonos de modo que el inversionista local resulte menos afectado por los recortes que empujarán.

Proyectos de desarrollo. Por otro lado, Santiago mencionó varias áreas de oportunidad para el desarrollo económico de Puerto Rico. En la manufactura, expuso que se debe usar la experiencia de los puertorriqueños en la industria farmacéutica para crear fábricas de medicamentos bioequivalentes. También promovería centros para el procesamiento de alimentos. De este modo, se incentiva la agricultura y se añade valor agregado para generar más beneficios monetarios. En el turismo, habló de fomentar las experiencias culturales de los visitantes con una oferta definida y descentralizada que vaya más allá del sol y las playas.

De hecho, mencionó que su propuesta de eliminar la intervención de las aseguradoras y por ende el lucro privado,  en el programa Mi Salud del gobierno, ayudará a detener la emigración de doctores y fortalecer la industria del turismo médico.

“A corto plazo se puede incentivar la agricultura, se puede convertir las facilidades de salud y de educación en centros para exportar servicios, atrayendo estudiantes y pacientes para que se atiendan aquí”, aportó, por su parte, el economista Carlos Frontera.

En la ecuación económica de Santiago está presente la idea de que Puerto Rico en algún momento redefina su status político hacia la independencia. Explicó que bajo ese status se podría proteger la industria local, se flexibilizaría el transporte marítimo y se podrían mejorar las exportaciones con tratados comerciales, asuntos que no son posibles bajo el status actual o la estadidad.

No a la Junta. Por otro lado, Santiago anticipó que, bajo una administración suya, la Junta de Supervisión Fiscal no tendría rol alguno en el desarrollo económico de Puerto Rico. Reiteró así su postura de confrontación ante este organismo creado mediante legislación federal para controlar las finanzas gubernamentales.

“Para empezar no creo que se le debe dar un centavo a la Junta. Creo que no se le debe dar ni un papel porque la idea no puede ser colaborar con lo que sabemos que es un ente perverso y antidemocrático”, dijo la también senadora del PIP.

Santiago estimó que la Junta fue diseñada para que una buena parte de la deuda pública de Puerto Rico sea repagada independientemente del costo social y económico que esto pueda implicar.

“A mí me parece insostenibleque haya algún líder político resignándose antela Junta. En esto, si uno no está dispuesto a cambiar la realidad política, debe dedicarse a otra cosa. Hay que salir del estrecho marco colonial y comenzar por la cero colaboración”, dijo.

Afirmó que solo la victoria de un candidato a la gobernación que haya prometido no colaborar con la Junta envía un mensaje que llevará a Washington D.C. a reevaluar sus posturas sobre Puerto Rico.