Para Santiago una de las formas en la que se sigue perpetuando el discrimen contra la mujer es, por ejemplo, la paga que recibe el magisterio en el país. (Ramón Tonito Zayas)
La candidata a la gobernación María de Lourdes Santiago promueve una visión integral para un sector tradicionalmente marginado
martes, 25 de octubre de 2016 – 12:00 AM
Por Leysa Caro González
La vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres se manifiesta cada día en cada una de las estructuras gubernamentales que rigen la sociedad puertorriqueña.
Está presente en el acceso a la justicia, en la oportunidad de un empleo bien pago y con beneficios marginales, en la carencia de servicios de educación especial para su hijo y en esa ausencia de un profesional especialista de la salud.
Son problemas que socialmente afectan a diversas poblaciones, pero cuando son mujeres, jefas de familia, cuidadoras o de edad avanzada, esa carga es aún mayor, sostuvo la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.
Tras ese enfoque diferente e inclusivo que busca para la mujer, la candidata no le dedicó en su plan de trabajo un renglón específico, sino, que incluyó a la mujer en cada aspecto medular de su plataforma.
“Aquí se habla de lo que significa verdaderamente el tema de perspectiva de género que ha sido un tema manoseado y maleado…la perspectiva de género desde la función gubernamental debe ser, cómo tal, un asunto que incide de manera particular sobre el asunto del género. Como el ser mujer puede condicionar una oportunidad…”, expresó Santiago en entrevista con El Nuevo Día.
Hay varios aspectos que impactan directamente la calidad de vida de la mujer y que no son atendidos con la urgencia que se debería, en parte porque el Estado y muchos sectores se han sentido satisfechos con los avances que se han alcanzado a nivel legislativo que, aunque sí han sido muy importantes, no abarcan o atienden todos los escenarios posibles, dijo.
Para Santiago una de las formas en la que se sigue perpetuando el discrimen contra la mujer es, por ejemplo, la paga que recibe el magisterio en el país, principalmente dominado por mujeres, versus otros grupos como la Policía, donde hay mayor participación de hombres.
“Eso tú no lo puedes decretar (que hay discrimen), porque no es tan evidente, pero sigue siendo una forma de marginación y ahí dependemos de las acciones del Estado promoviendo mejores condiciones en el magisterio, que tiene un efecto cadena porque enriquece la escuela pública y provee mayores oportunidades para las jefas de familia”, señaló.
“Ese es el tema esencial de la perspectiva de género, cómo hacemos que eso importe”, añadió.
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La elección de líderes sociales y políticos verdaderamente comprometidos con la mujer y firmes en su oposición a medidas que atentan contra la seguridad del pueblo, pero en especial de la mujer trabajadora, es otro factor que incide negativamente en esa visión igualitaria que tanta falta hace.
En discusiones públicas como ha sido la aprobación del IVU, abundó, ese rechazo no fue realidad por parte de esas mujeres que formaban parte de la mayoría a pesar de que la entonces procuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós, evidenció cómo el renglón compuesto por las mujeres trabajadoras con ingresos de $30 mil anuales era uno de los más perjudicados.
“Los que representamos sectores de interés en una institución política tenemos una obligación de crear conciencia dentro de nuestra institución… de verdad cuesta tanto para defender los derechos de las mujeres”, cuestionó.
“Diferencias con la persona que ocupa un puesto no puede ser la razón para perjudicar a la institución”, estableció la candidata.
No hay una sola acción
La violencia de género es uno de los aspectos que más desasosiego causa cuando se habla del sector poblacional femenino. La preocupación es obvia cuando en la Isla, entre el 2010 y 2016, un total de 93 mujeres han sido asesinadas por sus parejas.
Para Santiago no existe una solución única para el tema de violencia de género. Un punto de partida importante, sin embargo, es la educación con perspectiva de género desde los grados primarios, la cual debería ser integrada en los niveles de enseñanza públicos y privados.
“Es inculcarle a los niños desde pequeños lo que es el respeto en una relación de pareja. El maltrato se da de muchas formas y esta es una noción que no todo el mundo tiene claro, también es maltrato el abuso verbal, la minusvalía, el privar de acceso a los familiares, el controlar las finanzas… de esas cosas tiene que hablarse”, sostuvo Santiago.
“El Estado nos obliga a entregarle nuestros hijos seis horas al día, el Estado debe aprovechar esa oportunidad para cumplir esas otras responsabilidades”, insistió.
La importancia de una educación sobre perspectiva de género radica en que se trata de una herramienta esencial para prevenir la violencia doméstica que también está atada a la falta de oportunidades laborales y de acceso a servicios de salud.
Hay mujeres que, explicó la legisladora, se mantienen en una relación de violencia porque no tienen dinero para pagar la renta o comprar comida para sus hijos. “Ven en ese proveedor alguien al que le tienen que tolerar todo, porque si no, no tiene qué hacer con los niños…esa es una de las características de la pobreza”, dijo.
“Cuando hablamos que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿qué quiere decir eso? Significa que hay muchas mujeres sometidas a una relación de maltrato porque no ven salida”, apuntó.
El tema de la educación de perspectiva de género en las escuelas públicas, implementada a través de una carta circular, dijo, ha sido tratado de forma “negligente” al atender el asunto a través de un memorando para capacitar al personal.
Sobre el tema educativo, Santiago apuesta además a la creación de programas educativosespeciales adaptados a los horarios y necesidades de las jóvenes embarazadas y madres adolescentes para que puedan completar la escuela superior o continuar estudios universitarios.
En esa misma línea, Santiago busca hacer obligatorio el desarrollo de centros de cuido con horas no tradicionales en las agencias gubernamentales y privadas.
“Lo ideal es que exista un mecanismo que en lugares de trabajo con equis cantidad de trabajadores sea compulsorio tener un centro de cuido; y las protecciones que ya existen hacerlas valer, como la licencia de la lactancia y tener ese espacio”, señaló.
Servicios justos
Cuando se habla del acceso a la justicia, las mujeres son uno de los sectores más impactados ante la carencia de la asistencia de los servicios de un abogado a un precio accesible que vaya a la par con su realidad económica.
Se trata de ese sector desamparado, explicó, que no cualifica para asistencia a través de los programas de servicios legales pero que tampoco puede costear una tarifa base de un abogado privado.
“La Constitución garantiza representación legal en casos criminales, pero cuando se va al tribunal a exigir derechos fundamentales como pensión alimentaria, acceso a la salud, vivienda, educación especial, ahí no hay garantía de representación legal”, estableció Santiago al sostener que se trata de pleitos que pueden tardar años en resolverse “en parte por la pobre selección de jueces y juezas”.
Además de apoyar los proyectos de asistencia legal, como las clínicas de las universidades, Santiago propone estructurar espacios intermedios en donde se puedan conseguir servicios por una tarifa, por ejemplo, de $20 o $25. “Se trata de erradicar los rastros de discrimen que existen dentro del sistema judicial. Eso quiere decir que, volvemos al tema, tenemos que educar en perspectiva de género, al personal administrativo, los alguaciles, jueces y juezas”, planteó.
Todos por igual
Una de las propuestas del PIP por las pasadas décadas ha sido el establecimiento de un seguro de salud universal con un pagador único, iniciativa que impactará a toda la población, independientemente su condición social o sexo, pero que le dará una mirada específica a la mujer y las condiciones que le aquejan, explicó.
Dos de los enfoques esenciales es promover el acceso a servicios preventivos a niñas de edad escolar y durante estudios universitarios; así como el acceso a servicios prenatales, de parto y postnatales.
Individualizar los servicios de salud de acuerdo a la necesidades particulares de ese pueblo o región es otro aspecto esencial para hacer del acceso a la salud uno más justo.
La candidata promueve además que se actualice la visión gubernamental de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, la cual ha estado enfocada en la abstinencia, lo que no representa una realidad actual. “Si sabemos que están activas sexualmente, tienen que tener acceso a un ginecólogo para que les hable de sexo seguro, de prevención de embarazo. Una niña debe tener acceso a un ginecólogo sin necesidad de autorización parental porque muchas veces eso representa un obstáculo”, esbozó la líder independentista.
Darle atención a las cesáreas injustificadas es otra de las prioridades de Santiago, quien además promueve que los ginecólogos obstetras hagan pública la tasa de cesáreas. “La desmedicalización del parto es todavía una tarea pendiente importante de las mujeres. Tiene que haber disponibles más dulas, más parteras, más enfermeras parteras…debe ser un ambiente que reconozca que las que parimos somos las mujeres”, puntualizó al sostener que está en la selección de cada elector – a la hora de votar- promover una sociedad más equitativa.