La educación pública –desde la escuela elemental hasta los posgrados– debe ser el gran elemento democratizador en una sociedad. Puedo dar fe de ello: desde kínder hasta Derecho estudié en el sistema público de enseñanza y mis padres dedicaron su vida laboral al Departamento de Educación.

Llegué, desde la escuela superior de Adjuntas, al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a competir con jóvenes que venían de los colegios más costosos y luego, en la Escuela de Derecho, con graduados de universidades privadas de aquí y del exterior.

Hoy, con la matrícula varias veces más cara que entonces y en un país empobrecido, continuar aumentando el costo de estudiar en la universidad del Estado es limitar severamente el acceso a los que provienen de los sectores menos privilegiados –lo que después de todo, está en línea con las posturas asumidas por el gobierno en tantos otros temas.

Pero no se trata solo del costo de la matrícula. La Universidad de Puerto Rico debe ser una institución de transparencia ejemplar, en la que todas las estructuras, desde la admisión de estudiantes hasta los privilegios a docentes, estén gobernados por el reconocimiento al mérito: como dice su himno, que dé “gloria al luchador, honra de la Universidad”. Es otro el escenario que dibuja el reciente escándalo de las becas presidenciales.

La UPR precisa lo que le ha sido repetidamente negado por quienes han gobernado: erradicación del partidismo, genuina autonomía y al menor costo posible para el estudiantado.

Publicado en El Nuevo Día

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