16 de enero de 2016-San Juan, Puerto Rico- La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, lamentó la dilación de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Desastre (Aemead) y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para declarar zona de emergencia el área costera en la comunidad de Parcelas Suárez, en Loíza.
Desde el 26 de febrero de 2015, la senadora independentista, junto con los senadores Cirilo Tirado, Pedro Rodríguez y José Pérez Rosa, presentó la Resolución Conjunta del Senado 528 para “ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)que declare un Estado de Emergencia Ambiental en el área que comprende las comunidades de Parcelas Suárez, Villa Cristiana, Colobó, Villa Colobó y Las Carreras en el Municipio de Loíza, debido a la severa erosión costera que pone en peligro los hogares de los residentes y para que identifique los recursos necesarios y medidas para mitigar los daños sufridos”. La medida ni siquiera fue referida a vista pública.
La senadora Santiago, quien ha visitado la comunidad en varias ocasiones, incluyendo la asistencia a una reunión con personal de Aemead y DRNA, indicó que “es inexplicable el que se espera que la situación llegue a un punto tan crítico para tomar la decisión de declarar la emergencia en el área. La exposición al peligro de seguridad que corren los residentes y sus hogares ha sido totalmente innecesaria”, dijo Santiago Negrón.
“El país tiene que reconocer la necesidad de revisar el manejo de la planificación en las zonas costeras. El aumento en el nivel del mar y la resultante pérdida de terreno costero auguran que la situación que hoy se vive en Parcelas Suárez se repetirá a través de toda la isla. No basta con declaraciones e informes: hay que actuar”, declaró la licenciada Santiago, al tiempo que recordó que el Proyecto del Senado 674 de su autoría, y que propone una nueva Ley de Costas, no ha sido considerado por la mayoría parlamentaria. La medida propuesta por la senadora del PIP ampliaría el espacio de la zona marítimo terrestre, limitaría la ocupación de dicha zona a las actividades o instalaciones que realmente dependan de la cercanía al agua, prohibiría la extracción de arena de las playas y promovería la participación pública en el manejo de la zona costanera.