Publicado en El Nuevo Día

domingo, 4 de septiembre de 2016

Los sistemas de retiro de los empleados públicos estarán insolventes para el año 2019. A pesar de reiteradas peticiones de investigación, sigue sin adjudicar la responsabilidad por los malos manejos causantes en parte de esa debacle.

Cuando el Partido Popular Democrático aprobó la ley que desarticuló el sistema de retiro de los maestros, el Comité de Diálogo y Negociación dirigido por el Arzobispo de San Juan recogió una propuesta constante del Partido Independentista Puertorriqueño: un aumento al impuesto especial a corporaciones foráneas, que hoy, con un modesta tasa del 4%, genera $1,800 millones en recaudos anuales. Con apenas un 2% adicional se garantizaría un respiro a los agonizantes sistemas de retiro.

Sin embargo, mis peticiones como senadora para que esa contribución se aumente y se haga permanente (la ley que la impone expira el próximo año) no fueron atendidas por los legisladores de la mayoría PPD, y su candidato a la gobernación ha anticipado que no hará ningún esfuerzo en esa dirección. Eso no solo impediría recurrir a ese aumento para aliviar la situación de los jubilados, sino que nos priva de importantes ingresos al erario, sin forma alterna de recaudarlos.

Para ensombrecer aun más el panorama, tenemos experiencias como la de Detroit, donde una de las primeras medidas que tomó la Junta de Control fue el recorte de pensiones.

De la misma manera, sólo un proyecto de desarrollo económico que responda a nuestros intereses y no a los de los Estados Unidos, generará la actividad económica imprescindible para mejorar las condiciones de retiro del sector privado. En las condiciones actuales, cualquier propuesta desvinculada de esa realidad es una quimera.